Franco hasta en la sopa: los restaurantes que hacen apología de la dictadura desafían la ley de memoria

Paseando cerca de Madrid Río nos topamos con Francisco Franco. No, aunque estemos en Halloween, no ha resucitado. Está en un gran ventanal del restaurante Una Grande y Libre, casi siempre abarrotado de gente, tanto en el exterior como en el interior. Comer marisco en A Guarda (Pontevedra) te puede atragantar si vas a Casa Olga, donde amenizan las veladas con el Cara al Sol. También puedes coger el coche camino de Andalucía y cruzarte, en la salida 243 de la autovía Madrid-Cádiz, con un esperpéntico local que acaba de cumplir 100 años: Casa Pepe. Allí, calendarios con el Caudillo de fondo, llaveros con iconos fascistas y, por supuesto, el águila de San Juan, esperan a los clientes en un emplazamiento repleto de banderas de España preconstitucionales.

Estos establecimientos son tres de los al menos cinco locales hosteleros nostálgicos del franquismo que, según ha comprobado infoLibre, todavía existen en nuestro país, junto con Casa Eladio (Ávila) y El Cangrejo (La Solana, Ciudad Real). Pero seguramente, haya más. Ni han sido multados, ni se les ha expedientado. Sus puertas están abiertas, esquivando con total impunidad una Ley de Memoria Democrática que entró en vigor un año atrás para recuperar, salvaguardar y difundir los valores democráticos.

“Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la  Dictadura”, postula el artículo 35.1 de dicha ley. Pero el 35.5 es más preciso: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio público, las personas propietarias deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo”. Como afirma el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva: “Un bar es un lugar público con una licencia para funcionar. Es el sitio perfecto para que haya sanciones”. Pero no las hay.

Los restaurantes no han tenido causas legales. Hemos hablado con ellos para comprobarlo. “No, no”, nos respondían desde Casa Olga al preguntarles. Sobre El Cangrejo tampoco consta ninguna queja, según fuentes policiales de la localidad manchega. En Casa Pepe fueron más explícitos: “Somos un negocio privado y no hemos tenido problemas hasta el día de hoy, ni antes ni después de que esta gentuza sacara la ley esa. La gente que viene sabe a dónde viene”. El encargado del local, en conversación con infoLibre, espera “que no se metan con nosotros porque no estamos intentando cambiar de ideología”, cuenta con toda naturalidad acerca de una empresa que ensalza valores dictatoriales y antidemocráticos.

"Ni la izquierda ni la derecha han roto el límite de molestar a los franquistas”

A raíz de esta ley “se abre la posibilidad de multarles”, no de clausurarlos, algo cuyo procedimiento debe impulsar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, expone Silva. Pero “no tiene voluntad de hacerlo y ese es el verdadero problema. Si no, habría hecho una legislación específica que permitiera cerrar esos bares”. Además, asegura que si se les multa “el fin de semana siguiente habría trece mil clientes para apoyar al restaurante”. En su opinión, la gente mira hacia otras direcciones por una especie de complejo sociológico: “Nunca, ni la izquierda ni la derecha, han roto el límite de molestar a los franquistas”.

Si los emblemas que desafían la legalidad están a la vista de todos, ¿por qué no actúa el Gobierno? Tenemos que ir al otro artículo de la ley, el 36: “La Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados, en los términos del artículo 35”. Desde la Secretaría de Estado aclaran que "la ley prevé dicho catálogo en caso de no actuar voluntariamente el propietario", que es lo que está sucediendo.

El órganismo gubernamental insiste en que “la regulación reglamentaria del documento se está completando. Una vez incluidos esos símbolos o elementos contrarios a la ley, se incoaría el procedimiento para su retiro, con trámite de audiencia a las personas interesadas, que recogerían el plazo para efectuar la retirada”. Ya hace doce meses que la norma está en vigor. ¿Cuánto se tardará en acabar esa lista? Sin ella, el panorama se mantendrá inamovible.

La situación, garantiza el presidente de la ARMH, “tiene que ver con que este país todavía tiene unas élites estrechamente vinculadas al franquismo”. En este sentido, nuestros vecinos europeos nos sacan una amplia ventaja, según detalla Silva: “En Alemania a nadie se le ocurriría poner una esvástica en un bar porque directamente va a la cárcel. No es que le cierren el bar, es que deja de tener un bar”. En cambio, aquí “nos enfadamos un poco con la simbología, pero no hacemos que termine de una vez por todas. El Gobierno no ha querido realmente que deje de existir”. El abogado especialista en memoria democrática Eduardo Ranz confirma las palabras de Silva: “En Alemania e Italia es un delito recogido en el Código Penal, que prevé hasta prisión por exaltación del nazismo".

Para Ranz, “incluso puede suponer un delito de incitación al odio, aunque existe una inmensa contradicción, que es la pasividad de la Secretaría de Estado de Memoria”. A su juicio, el texto legal “es efectivo, lo que ocurre es que no se está cumpliendo. La aplicación de la ley está siendo muy benévola, y eso no se explica”. Por todo ello, el letrado considera que las medidas que se están tomando, o mejor dicho, la falta de ellas, suponen “una falta de respeto al Estado de derecho”.

Los ciudadanos se quejan

En junio, la ARMH registró una queja ante el Ministerio de Defensa porque unos militares del Ejército de Tierra estaban comiendo en Casa Pepe. Al igual que se suelen ver a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tomando un café en Una Grande y Libre, algo que la asociación considera “gravísimo”. No obstante, que visiten funcionarios públicos estos espacios no es ilegal, aclara Ranz: “La sanción es al local, no al consumidor. Si va de manera particular no tiene restringida la entrada”. Eso sí, quienes lo hacen, contribuyen a que la invisible red que protege estos templos franquistas sea cada vez más robusta y más difícil de romper.

El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha también recibe quejas, ya que en esta comunidad se emplazan dos de los cinco restaurantes. Su presidente, Emilio Sales, relata que “a título particular, claro que hay comentarios”. Sin embargo, hacer una denuncia pública te pone en el punto de mira y en muchos casos solo sirve para dar "publicidad” a los negocios.

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Sales coincide con Silva: “Me parece que la voluntad política brilla por su ausencia. Falta cultura democrática en este país. En otros lugares se hacen viajes a campos de concentración o se imparten charlas para concienciar”. Pero nuestra sociedad “todavía está muy verde”, y no solo en cuanto a estos locales de restauración. ¿Cuántas calles quedan aún en alusión a la dictadura? La pasada ley de memoria de 2007 prohibía las vías con denominaciones franquistas, pero a día de hoy, 16 años después, faltan cientos por modificar. Y las reticencias al cambio son mayores en los municipios de color azul y verde.

Desde el foro de Castilla-La Mancha confiesan que llevan “años y años" denunciando los nombres franquistas en el callejero sin lograr apenas avances. “Se han manejado muy bien en este tema. Nos han vendido la moto de que si te la cambian, vas a tener problemas con el notario o con el cartero. Mentira todo”. Asimismo, Franco todavía está vivo en dos municipios: Alberche del Caudillo y Llanos del Caudillo. “Estamos en pleno siglo XXI. Han pasado más de 80 años y seguimos dando vueltas a este asunto. Algunos hablan de que se abren heridas, pero para abrirlas tendrían que haber estado cerradas. Y no hay nada cerrado”, sentencia Sales.

A falta de voluntad política, parece triunfar la impunidad de un hermético grupo que conserva títulos honoríficos, blinda nombres de calles y hasta pueblos enteros, y hace apología del fascismo desde el menú del día. Ya lo decía Eduardo Galeano: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.