“Queremos que nos digan qué van a hacer”, dice Mar Rodríguez al otro lado del teléfono. Trabaja como médica en el centro de atención primaria de Buitrago del Lozoya (Madrid) y acaba de recibir un informe en el que se indica que los niveles de gas radón a los que lleva expuesta durante años pueden suponer un riesgo para su salud.
Como ella, según cuenta, cientos de trabajadores y pacientes conviven todos los días junto con este tipo de gas en hospitales, centros de salud y consultorios médicos del norte, noreste y oeste de la Comunidad de Madrid. Así lo confirma a infoLibre el sindicato CCOO, que cuenta que los trabajadores llevan años expuestos a un gas peligroso sin recibir ningún tipo de protección o información.
El radón es un “gas radiactivo de origen natural que puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios interiores, como las viviendas y los lugares de trabajo”, según define la OMS. Estar mucho tiempo expuesto a él puede derivar en un cáncer de pulmón. De hecho, se estima que entre un 3% y un 14% de los casos tienen esta causa, la segunda más frecuente después del consumo de tabaco.
Desde mayo de 2025, es obligatorio hacer mediciones de los niveles de gas radón en los lugares de trabajo donde haya riesgo de alta concentración de esta sustancia. La Comunidad de Madrid implementó este nuevo requerimiento, pero, según fuentes sindicales, no lo han hecho correctamente. Son dos los fallos que detectan desde CCOO: los medidores que se utilizaron no eran de la mejor calidad y los lugares donde se han situado no son los óptimos para poder detectar la presencia real de este gas.
La concentración de esta sustancia suele ser más intensa en las plantas bajas y en los sótanos de los edificios, algo que a la hora de realizar las mediciones no se ha tenido en cuenta, según explica el sindicato. Tanto es así que la mayoría de los aparatos se colocaron en las plantas superiores. ¿Cuál fue la consecuencia? El alcance del peligro que supone para los empleados no se ha medido de forma adecuada.
“Cuando realizamos un requerimiento al Comité de Seguridad y Salud sobre la calidad de los medidores, nos contestaron que no era de su competencia y que teníamos que hablar con la Dirección Asistencial de Atención Primaria. Y así con el resto de órganos a los que nos dirigimos, todos se excusaban”, cuenta Tomás Gómez, delegado de prevención de de Sanidad de CCOO en Madrid. Ante esta falta de soluciones, Gómez solicitó que se les informara sobre la empresa que había puesto los medidores y sobre si tenían acreditación para hacerlo. Con esta nueva demanda, pasó lo mismo: se fueron pasando las competencias, sin una respuesta clara. Por ello, finalmente trasladaron una denuncia a Inspección de Trabajo por falta de información.
Después de todo esto, cuando finalmente se realizaron las pruebas, los resultados fueron preocupantes. La OMS establece que, para minimizar riesgos, el nivel de radón no puede superar los 100 Bq/m3. La legislación en España, sin embargo, establece la cifra en 300. Sea como fuere, en la mayoría de los centros, los niveles superan los 300. Un ejemplo: el consultorio medico de Canencia, ubicado en la sierra de Guadarrama (Madrid), está en niveles de 790 en enfermería y de 1.080 en medicina, según fuentes de centros médicos de los municipios vecinos.
Así que la situación es esta: hay trabajadores que han estado expuestos a esta sustancia sin saber de su existencia o de los riesgos que supone para su salud. Sólo ahora han conocido los informes, que datan del 5 de septiembre de este año, y se han empezado a tomar medidas, como trasladar a trabajadores. Aún así, las medidas correctoras se tendrían que haber tomado en el plazo de un mes como máximo, algo que se ha incumplido. Mientras, cuentan sus compañeros, les come la preocupación porque llevan años trabajando en esas condiciones.
Otros empleados, que no están en esos niveles, pero que superan con creces los 300 Bq/m3 establecidos por la normativa, han pedido hablar con el servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección Asistencial Norte para que se les hagan las pruebas correspondientes.
Porque a esto se unen las precarias condiciones en las que, aseguran, trabajan: “Esto es una vuelta de tuerca más, estamos siempre bajo mucho estrés profesional. Vamos de un pueblo a otro y ni nos pagan la gasolina. Llueve sobre mojado. Lo que necesitamos son hechos, que se tomen las medidas correctoras. Se trata de respeto”, denuncia Mar Rodríguez.
Falta de información
infoLibre ha contactado con otro de los centros afectados. Desde allí, cuentan a este periódico, que en ningún momento se les brindó la información necesaria. Y que incluso ahora, esa información llega a cuentagotas. Ni siquiera cuando instalaron los medidores les dijeron cuál era su función. Según denuncian, se sienten enfadados porque, como ya han comprobado con los años, “los que estamos aquí les importamos bien poco a las instituciones”. Tomás Gómez explica que tanto los trabajadores como el sindicato demandan que se haga un reconocimiento radiológico a todas las personas que se hayan podido ver afectadas.
Otra médica de atención rural —que también prefiere mantenerse en el anonimato— asegura que, aunque en el centro en el que ahora trabaja no hay un nivel superior a 300, otro en el que estuvo años trabajando casi duplica las mediciones aconsejadas. Nadie de las Administraciones se ha puesto en contacto con ella y tuvieron que ser sus antiguos compañeros quienes la avisaron. Es también ella quien va a solicitar todas las informaciones pertinentes y va a pedir cita en riesgos laborales.
Los trabajadores empezaron a ser conscientes del riesgo al que se estaban viendo sometidos cuando CCOO fue a los centros a informar de forma directa sobre lo que podía suponer para ellos estar expuestos a este gas. Solo entonces, aseguran, actuaron las instituciones.
Ante todas estas informaciones, la Comunidad de Madrid asegura que está cumpliendo con la normativa que regula la exposición al gas radón. También afirma que “se han realizado las mediciones oportunas, se han evaluado los resultados y se han tomado las medidas correspondientes para garantizar en todo momento la salud y seguridad de trabajadores y pacientes”. De la misma forma, sostienen que todas las informaciones pertinentes han sido comunicadas “como está establecido” a los profesionales y los sindicatos.
¿Qué se puede hacer?
Los trabajadores no tienen muchas salidas si el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso no toma las riendas del asunto. Como prevención, CCOO solo les puede indicar que utilicen mascarillas FP2 y que ventilen con frecuencia las habitaciones en las que trabajan.
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La antigüedad de los edificios juega en contra porque impide que se puedan adoptar soluciones más efectivas. Aunque hay alternativas, como la instalación de ventilación forzada en los suelos de los centros. Esto conseguiría que el gas no se acumulara en los interiores, minimizando el riesgo.
La obra es grande y complicada, aun así existen posibilidades como una extracción de aire forzada para eliminar el gas radón de las instalaciones, aunque a la larga es una medida menos efectiva. Según la OMS, estos sistemas pueden reducir en más de un 50% los niveles de radón en interiores, aunque con la ventilación forzada se podrían aumentar todavía más.
"Hay que hacer algo, aunque digan que se puede retrasar mucho por una cuestión económica, es una cuestión de salud para los trabajadores”, zanja otra de las médicas.
“Queremos que nos digan qué van a hacer”, dice Mar Rodríguez al otro lado del teléfono. Trabaja como médica en el centro de atención primaria de Buitrago del Lozoya (Madrid) y acaba de recibir un informe en el que se indica que los niveles de gas radón a los que lleva expuesta durante años pueden suponer un riesgo para su salud.