Sanidad

Chequeo en cinco consultas al gigante sanitario andaluz

Decenas de miles de personas se manifiestan en Granada para pedir “dos hospitales completos”

La sanidad pública andaluza está sometida a una tensión y un escrutinio desconocidos desde que la comunidad autónoma más poblada de España alcanzó la titularidad de las competencias de salud en 1981, con la promulgación del Estatuto de Carmona. Se suceden las movilizaciones y protestas. El asunto es objeto de continua batalla política. La Junta de Andalucía, que siempre exalta la sanidad como el mejor exponente de un sistema de bienestar presentado como contraplano del deterioro de los servicios públicos en las comunidades del PP, se ve obligada ahora a ofrecer explicaciones a la defensiva. La calidad del funcionamiento del gigantesco sistema está siendo objeto de críticas y cuestionamientos en una comunidad, Andalucía, con la mayor tasa estandarizada de mortalidad en 2014, último año del que ha ofrecido datos el INE.

infoLibre hace un repaso de los aspectos y datos fundamentales que ilustran la situación de la sanidad en Andalucía. La comunidad está a la cola en inversión por habitante, si bien la Consejería destaca la eficiencia en el gasto y el blindaje ante la privatización. Los profesionales mantienen en buena medida la calidad del servicio pese al fuerte retroceso presupuestario en los años más duros de la crisis, que ahora empieza a revertirse. Existe malestar entre los sanitarios, más por aspectos organizativos que salariales. Hay un leve incremento de los pacientes en listas de espera, al tiempo que Andalucía continúa presumiendo de hitos históricos en medicina de vanguardia.

1. Movilizaciones contra las fusiones hospitalarias

El proceso de reordenación hospitalaria que impulsa la Junta de Andalucía ha desatado el malestar entre los profesionales. En el caso de Granada, donde han tenido lugar hasta la fecha dos grandes movilizaciones, hay un evidente descontento social. Unas 40.000 personas se manifestaron el 16 de octubre. El 5 de noviembre fueron 30.000. Diferentes plataformas preparan movilizaciones en Málaga y Huelva, donde han tomado nota de los problemas ocasionados en Granada. La Junta ha puesto en marcha una rectificación en Granada y se ha abierto al diálogo en Málaga y Huelva.

¿Qué está ocurriendo? El caso de Granada es el más grave. El anunciado proceso de "fusión" para reducir burocracia y estructuras directivas ha fragmentado en la práctica los servicios, sin que esté acreditada una mejora en la eficiencia. Las especialidades se dispersan entre distintos centros, provocando dificultades y demoras en el acceso al servicio para los pacientes. "Es una aberración hecha sin informes técnicos ni sanitarios. Tras un paraguas de buenas intenciones, de supuesta eficiencia, se ha colapsado la sanidad en Granada", explica Juan Luis Camacho, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.

La anestesista María José Vílchez, de la misma plataforma crítica, explica que "había dos hospitales completos y ahora, en la práctica, hay sólo uno, un complejo hospitalario separado en tres edificios". "Si el problema es traumatológico [el paciente] tiene que ir a uno; si es digestivo, a otro", explica. "Yo misma esta mañana he estado en Caleta primero y luego en el PTS", señala Vílchez, movilizada contra la reordenación. "Por ejemplo", continúa Vílchez, "vas a que te atiendan al PTS y te dejan en Caleta con dolor torácico. Tienen que trasladar pacientes más de diez kilómetros. Algunos pueden tardar más de diez horas en ser diagnosticados". El manifiesto leído en la concentración de octubre denunciaba que los pacientes se veían obligados a "autodiagnosticarse" para decidir a qué centro hospitalario acudir.

La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha admitido "errores por los que pedimos disculpas" y ha anunciado cambios. La Consejería de Salud ha creado un comité para analizar la situación. Actualmente, según Salud, funcionan en Granada cuatro hospitales: Virgen de las Nieves (en Caleta), Campus de la Salud [PTS], Materno Infantil (en Caleta) y "residualmente" San Cecilio. En julio cerró el Hospital de Rehabilitación y Traumatología para instalar allí el Materno Infantil, donde estaba previsto trasladar los servicios de ginecología y pediatría del San Cecilio. "No obstante, y ante las dudas generadas", admite la Consejería, "vamos a revisar el traslado al nuevo Materno Infantil".

La apertura del Hospital Campus de la Salud en Granada, un gigante de 160.000 metros cuadrados, está provocando un carrusel de problemas tras una inversión de 250 millones de euros. José Jesús Martín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y miembro del comité formado para analizar la situación, señala que la fusión "ha roto las expectativas" y distingue entre problemas "fácilmente subsanables", como las demoras en Urgencias, y otros "que hay que mirar más despacio", como los traslados pendientes. "Pero hay que poner en valor la impresionante inversión realizada, la tecnología de primer nivel llegada a Granada. Esto debe traducirse en una mejora de la atención y en una menor morbilidad. Eso también debe explicarse", dice.

Aunque la Consejería admite los problemas, señala que "Virgen de las Nieves, Traumatológico y San Cecilio nunca tuvieron todas las especialidades", por lo que rechaza el eslogan principal de las movilizaciones –"por dos hospitales completos"–. Y defiende en conjunto los procesos de reordenación hospitalaria por su incidencia en la "accesibilidad", la "equidad" y las "sinergias". No obstante, ni en Sevilla ni en Málaga, donde hay gerencias compartidas y unidades intercentros, la fusión se tradujo en problemas prácticos como los producidos en Granada. "En Huelva y Granada, por sus características poblaciones, se proyectó unificar sus grandes hospitales en grandes complejos hospitalarios, un modelo que ya funciona en otras provincias andaluzas, como Córdoba, Jaén, Almería...", explica la Consejería, que admite que se ha abierto "una nueva etapa de diálogo en Huelva" para evitar el lío de Granada. No obstante, la espita de las movilizaciones ya se ha abierto y ha puesto la sanidad en el punto de mira.

2. Déficit de inversión por habitante

La sanidad pública andaluza cuenta con 95.600 profesionales. "Las horas contratadas de profesionales han crecido ligeramente, aunque ha existido una disminución del 2% de los efectivos", señala la Consejería. Los sindicatos, en cambio, cifran en miles –hay distintas versiones, difíciles de contrastar– los puestos de trabajo perdidos, encubiertos por la temporalidad. La Junta carga contra el Real Decreto 16/2012 del Gobierno central, que incrementaba de 35 a 37,5 las horas de trabajo e imponía una tasa de reposición del 10%. Es decir, de cada 10 jubilaciones solo se podía reponer una. Estas medidas se mantuvieron durante los años 2013 y 2014. En el año 2015 se suavizó la tasa de reposición al 50% y ya en 2016 se ha establecido llegar al 100%, según la Consejería. La Junta quiere regresar a las 35 horas semanales. Mientras tanto, dice Antonio Rico, presidente del Sindicato Médico Andaluz, "se sigue invirtiendo una cantidad impresionante en formar médicos que se van al extranjero, porque aquí lo mejor que espera es ir rotando con contratos temporales". "Así la asistencia se resquebraja", dice.

"A pesar de que no se ha podido contratar más personal funcionario, se mantuvieron los servicios y se contrató más personal temporal", explica la Consejería. La temporalidad es del 33%, según la Consejería, que aspira a situarla en el 20%. El Sindicato Médico Andaluz la cifra en el 40%. La Junta destaca que ha impulsado una oferta de empleo público de 6.673 plazas y ha solicitado al Gobierno central que autorice otra más, para llegar en total casi hasta 9.000. Con estos sanitarios el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe estar preparado para atender a 8.316.415 usuarios activos, un dato oficial de 2015. Las cifras de atención de 2015 son gigantescas: en atención primaria, 41,3 millones de consultas de medicina de familia, 7,5 de pediatría, 75,3 de enfermería...; en atención hospitalaria, 12,5 millones de consultas especializadas, 3,6 millones de estancias, casi medio millón de intervenciones quirúrgicas...

Este ritmo requiere una inversión constante para evitar el deterioro. ¿Se está dando? Los datos proyectan sombras. Andalucía se encuentra a la cola de inversión sanitaria por habitante, con 1.007 euros habitante, notablemente por debajo de la media nacional (1.232,60 euros), según la última Memoria Socioeconómica y Laboral del Consejo Económico y Social. El País Vasco es la que más gasta con 1.584,73 euros. El informe de 2016 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Andalucía entre las comunidades que más empeoran el servicio y la encuadra entre las que poseen servicios sanitarios "deficientes" tras hacer una análisis de gasto per cápita, camas, enfermeros y médicos de atención primaria por 1.000 habitantes, quirófanos por 100.000 habitantes, urgencias atendidas en hospitales, operaciones...

Los presupuestos sanitarios de la Junta de Andalucía evidencian la existencia de recortes durante los años más rigurosos de la crisis. De 2010, con 9.827 millones de euros, a 2014, con 8.204 millones, el presupuesto sanitario andaluz cayó un 16,5%. Luego ha emprendido una recuperación: 8.458 millones en 2015, 8.807 en 2016 y 9.304,7 en 2017. Con ese presupuesto, destaca la Junta, se destinará a sanidad el 6,3% del PIB, frente al 5% de la media de comunidades. Este esfuerzo permitirá afrontar, entre otras iniciativas, la mejora de equipamientos (132,5 millones), la investigación (23 millones) o los tratamientos de hepatitis C no financiados por el Estado (140 millones), añade.

La Consejería de Salud considera que el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública "carece de rigor metodológico" porque "no se puede realizar una valoración sobre la calidad de la oferta sanitaria con criterios puramente económicos, como tampoco comparar comunidades pequeñas con Andalucía, que es la de mayor tamaño. "La serie que aparece en el informe comparando la posición relativa de las comunidades desde 2009 a 2016, al utilizar datos de informes con indicadores y metodologías distintas, hacen que le serie no sea comparable", señala. Uno de los errores señalados por Salud es que el informe plantea que tener un mayor número de camas por 1.000 habitantes es positivo, "cuando existen evidencias que determinados servicios consiguen mayor calidad utilizando menos camas, ya que resuelven un porcentaje notable de patologías de forma ambulatoria sin necesidad de hospitalización, como es el caso de las intervenciones quirúrgicas por cirugía mayor ambulatoria.

En suma, Salud reivindica los resultados de su modelo, a pesar de la menor inversión por habitante que la media. "Las cifras andaluzas reflejan que, con un menor gasto por habitante, se da respuesta con calidad a las necesidades asistenciales en la comunidad, que sigue manteniendo la universalidad del sistema sanitario y creciendo en derechos sanitarios de segunda y tercera generación", señala la Consejería.

¿Son entonces relevantes los datos que ponen de relieve los informes externos? A juicio de José Jesús Martín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, sí lo son. Y añade: "El gasto sanitario per cápita ha bajado desde que estalló la gran recesión en 2008 a nivel estatal y en la mayoría de las comunidades autónomas para cumplir los objetivos de déficit". Según subraya Martín, mientras las pensiones y el subsidio por desempleo son el principal redistribuidor monetario de la riqueza en España, la sanidad pública es el principal redistribuidor en especie. Dejarla económicamente agotada, sometida a recortes e incertidumbre financiera, atenta contra la igualdad en una comunidad que, por su delicada situación económica, no se lo puede permitir.

3. Unidades de gestión clínica: eficiencia o economicismo

A juicio de diversos profesionales consultados, el mantenimiento de la calidad que invoca la Consejería se realiza sobre las espaldas de los sanitarios. "El indicador básico de inversión per cápita demuestra que estamos en la parte baja. Eso está claro. ¿Qué ha pasado? Que los recortes fundamentales se han hecho con un deterioro importante de las condiciones de los profesionales. Y se debería tener en cuenta que hay una correlación. No se puede tener contentos a los usuarios sin tener contentos a los profesionales", señala María Dolores García, economista del SAS recién jubilada. Por ejemplo, la bandera de la "demora cero en atención primaria" que levanta la Junta se ha hecho a costa de renunciar a un tiempo mínimo de consulta, afirma. Juan Luis Camacho, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, concede que "en Andalucía no hubo recortes en la cartera de servicios como en otras comunidades, pero sí en personal sanitario y en sus condiciones".

Uno de los elementos más controvertidos de la organización del sistema son las unidades de gestión clínica. La idea es un nuevo modelo de gobierno clínico y organizativo de los servicios para impulsar la autonomía y el desarrollo profesional, así como la eficiencia. Los sindicatos y colectivos profesionales afirman que hay un abismo entre teoría y práctica, que burocratiza el día a día y que rige por criterios economicistas.

"No hay normativa que sustente las unidades de gestión clínica. La elección de los cargos intermedios se hace prácticamente a dedo", señala Antonio Rico, presidente del Sindicato Médico Andaluz. El doctor Rafael Carrasco, del mismo sindicato, señala que "la forma de medir los objetivos de estas unidades es pura y exclusivamente económica". Pone un ejemplo de "mala interpretación del concepto de ahorro": la "penalización" de los médicos a partir de las 50 derivaciones al especialista, lo que podría llegar a ir en perjuicio del paciente. "Además hay todo un entramado para que evitemos a toda costa las reclamaciones. Al final se premia al que protesta, para que no formalice la reclamación, metiéndolo por delante de los demás para callarlo. Todo se hace a costa de los profesionales", añade Carrasco.

UGT ha denunciado públicamente que el conocido como "complemento al rendimiento profesional", vinculado al cumplimiento de los objetivos de las unidades de gestión clínica, ocasiona "agravios comparativos entre trabajadores", beneficiando a los cargos intermedios y superiores del SAS, que "en ocasionas cobran unas pagas que oscilan entre los 4.000 y los 10.000 euros" anuales en este concepto. Caldo de cultivo para el malestar.

"En el caso de mi unidad, no me parece que aumente la burocracia", señala un profesional del distrito sanitario Sevilla dedicado a la prevención, que prefiere no dar su nombre. "Creo que es de las cosas más serias que se han hecho", añade. No obstante, apunta a que precisamente uno de los problemas fundamentales es la variabilidad de la implantación del sistema. "Me consta que en muchos casos se ha desvirtudado la idea de la eficiencia y ha habido vaivenes", añade. A su juicio, la Junta de Andalucía peca de una especie de populismo sanitario con medidas vistosas y mediáticas como el chequeo para todos los mayores de 65 años, "que no es práctico para nada". "El 90% de la población va al médico y ya tiene esos chequeos hechos, lo que pasa es que queda bien. Cuestiones como ésta nos dificultan a todos el trabajo", concluye.

4. La guerra de las listas de espera

Las listas de espera son uno de los elementos que más atención concitan en relación con la sanidad pública. El sindicato de enfermería Satse llevó a la Fiscalía de Huelva un supuesto maquillaje de las mismas. La denuncia ha sido archivada, pero puso sobre la mesa un documento interno, con valor de protocolo del Complejo Hospitalario de Huelva, que admitía descarnadamente el incumplimiento de los decretos de garantía para reducir las listas de espera, e indicaba fríamente cómo lidiar con usuarios del sistema ante la imposibilidad de dar cumplimiento al decreto: "Si el usuario conoce el decreto y exige que se le dé cita, hay que hacerlo", señalaba el documento, que abrió una guerra política.

En Andalucía hay 59.087 pacientes en lista de espera, 4.098 más que hace un año, tomando como referencia los meses de junio, últimos datos ofrecidos por la Consejería. Ello supone un incremento del 0,49%. Pero sólo es de un 0,07 en las intervenciones que no deben superar por ley los 120 días. La Consejería explica este incremento por el incremento del 10,8% en el porcentaje de pacientes con indicación de cirugía, "subida relacionada con patologías asociadas al envejecimiento de la población y que se concentran en las especialidades de traumatología, cirugía general y oftalmología".

Si se comparan tasas de pacientes que aguardan una operación en España, la tasa andaluza a 30 de junio de 2016 se sitúa en 7,03 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente a los 12,21 pacientes por 1.000 habitantes del Sistema Nacional de Salud a 31 diciembre de 2015, según los datos oficiales.

5. Hitos históricos frente a la difícil rutina

El Gobierno autonómico socialista creó un sintagma de éxito mediático para referirse la sanidad andaluz, la "joya de la corona" de Andalucía, su mayor orgullo. La Consejería de Salud despliega con efectividad la comunicación acerca de la encuesta de satisfacción sobre el servicio sanitario y sobre los "hitos históricos" que se logran en el campo de la medicina de vanguardia. Esta apuesta por la innovación, que rinde buenos resultados en términos médicos y de imagen, es una línea de trabajo estratégico del SAS.

El primer transplante de piel creada con células propias, el primer trasplante hepático de donante vivo de España de una abuela y su nieto de un año, la extirpación de un tumor cerebral a un joven mientras tocaba el saxo –lo que permitía distinguir áreas durante la intervención–, hallazgos contra la leucemia infantil, la utilización de sangre del cordón umbilical de un recién nacido para realizar el transplante de células progenitoras que necesita su hermano mayor para tratar una enfermedad genética... La lista de proezas científicas es amplia y maravilla a los medios, que le dan repercusión nacional.

Profesionales y representantes sindicales admiten el mérito de estos hallazgos y su impacto en la salud de las personas atendidas, al tiempo que alertan de la posibilidad de que esta línea de trabajo de la Junta eclipse los problemas en el día a día. "Crean la imagen de grandes resultados a nivel tecnológico, pero en el día a día lo urgente son las listas de espera", observa Juan Luis Camacho, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Es una impresión bastante extendida, según los testimonios recabados por infoLibre. Pero hay otra forma de verlo. "Andalucía es una comunidad históricamente postergada. Ha habido siglos de atraso. No hubo revolución industrial ni textil como en Cataluña, ni del acero como en Euskadi. A mí que se hagan inversiones de este tipo me parece una estrategia adecuada porque generan externalidades y cualificación", señala José Jesús Martín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.

La biotecnología o la terapia deparan rinden mucho más que noticias, a juicio de Martín. "Son fundamentales para generar conocimiento, para tomar decisiones correctas", afirma. El propio Martín pregunta al periodista si daría más cobertura informativa a un centro de terapia robotizada o a un plan para que los niños en los colegios públicos consuman alimentos con un nivel máximo de grasas saturadas, azúcar y sal. La percepción de los medios, concluye, influye en el comportamiento de las autoridades sanitarias.

La Consejería reivindica el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mucho más allá de los aspectos de vanguardia. Destaca que mantiene la red de atención primaria más amplia del Estado (más de 1.500 centros de salud y 48 hospitales públicos), si bien es cierto que es la comunidad más poblada. E incide en la escasa penetración de la sanidad privada. La actividad concertada, prácticamente limitada a acuerdos con Pascual y San Juan de Dios, supone alrededor del 4% de todo el sistema sanitario de la comunidad, frente al casi 96% que se gestiona con recursos propios. Está en trámite una Ley de Sostenibilidad del Sistema Público de Salud, que en teoría debería "blindarla", según la Junta, de eventuales intentos de privatización en el futuro.

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