Educación

Los cheques y las exenciones fiscales para guarderías y FP impulsan el negocio de la enseñanza privada

Alumno y profesor de Formación Profesional.

Los llamados cheques escolares pagados con dinero público y las exenciones fiscales están impulsando el negocio de la enseñanza 100% privada, principalmente, en la Educación Infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Esta es una de las principales conclusiones del informe de inicio de curso presentado este jueves por CCOO [consultar, aquí], en el que la organización sindical, además de analizar la evolución del gasto público y de las diferentes redes educativas, hace un balance del efecto que ha tenido la inclusión del concepto de "demanda social" que insta a la Administración a garantizar a los padres plazas en centros subvencionados y que introdujo la reforma que el PP aprobó en 2013. 

Aunque la red pública sigue siendo totalmente preeminente –escolariza al 67,3% de los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias–, los datos que recoge el informe y que provienen de los informes que periódicamente publica el Ministerio de Educación sí reflejan un cierto estancamiento del número de alumnos que acuden a estos centros. Así, mientras en el curso 2013/2014, el último antes de la aprobación de la Lomce, había 5.506.882 estudiantes en la enseñanza pública, en el 2015/2016 eran 5.219 menos (-0,09%). En contraposición, el número de alumnos matriculados en colegios concertados se incrementó en 17.650 en el mismo período, hasta los 2.076.989 (+0,86%).

En todo caso, tanto en porcentaje como en cifras absolutas, la mayor variación se ha producido en los centros 100% privados, que contaban en el curso 2015/2016 con 534.587 estudiantes, 24.967 más que dos años antes, un 4,90% más. Los datos recopilados por el sindicato muestran que este incremento se debe principalmente al auge en dos etapas en las que en los últimos años se han potenciado novedosas formas de financiación pública que, además, evitan los controles que suponen los tradicionales conciertos: la Educación Infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. 

Se da la coincidencia de que, en ambas etapas, el número de plazas totalmente públicas es escasa. Además, en la Educación Infantil, el coste de la escolarización pública puede incluso superar los 300 euros al mes, lo que hace que con los llamados cheques guardería los precios en los centros 100% privados lleguen a ser incluso más bajos que en los públicos, que mantienen tarifas similares ya sean de gestión directa o indirecta (concertados). En el período analizado, el número de unidades en guarderías privadas se ha incrementado hasta las 12.549, un 4,5% más. En las públicas, el aumento había sido del 1,8%, hasta las 18.278. 

En el caso la Formación Profesional, en algunas autonomías como es el caso de la Comunidad de Madrid, también se ha producido en los últimos años un cambio de modelo. Especialmente a partir del curso 2013/2014, cuando se pasó de un sistema en el que se primaban los conciertos a otro en el que se conceden ayudas directas o cheques a quienes optan por acudir directamente a centros 100% privados que firman convenios con la Administración. En algunas ocasiones, esta transformación también vino acompañada de sensibles incrementos en el precio que estos estudios tienen en los centros totalmente públicos. 

Los datos que ofrece el informe de CCOO son claros sobre la incidencia de este cambio de modelo. Así, mientras que el número de unidades públicas de FP de Grado Medio creció un 2,1% entre el curso 2013/2014 y el 2015/2016 (de 10.829 a 11.053); las privadas aumentaron un 31,7% (de 596 a 785) en sólo dos años. El fenómeno es semejante en los ciclos de FP de Grado Superior, para los que sí se requiere haber superado el Bachillerato, pues en los públicos se produjo un incremento de unidades del 6% (de 10.031 a 10.628) y en los privados del 53,7% (1.185 a 1.821). 

Entre las causas del incremento de la demanda de los centros privados, el documento de la organización sindical también apunta a otro factor relevante: las deducciones fiscales por gastos de escolaridad en los centros privados no concertados. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son deducibles el 15% de las cuotas mensuales que pagan las familias que deciden llevar a sus hijos a estos colegios y el 5% de los gastos de adquisición de uniformes hasta un tope de 900 euros por hijo y año

Alumnos rezagados y precariedad

Por otro lado, el informe también alerta de los efectos que han tenido los años de recortes en los programas de atención a la diversidad, que son los que garantizan un despliegue de medidas para atender a los alumnos más rezagados a través del establecimiento de medidas específicas de apoyo, grupos de refuerzo o desdobles para asignaturas principales como Lengua, Matemáticas o Inglés. De hecho, desde 2009, la suma de lo que se ha dejado de invertir en estos programas asciende a 952 millones de euros

Esta reducción del presupuesto se produjo, además, en una coyuntura de crisis, justo cuando se originó un incremento de las situaciones de desventaja social (paro, pobreza...) y de desigualdad económica propiciando, precisamente, una mayor demanda de inversión en estos programas. Asimismo, según CCOO, estas partidas tienen un importante valor "compensador" y deben ser una prioridad para el Ministerio de Educación y las comunidades, que son quienes destinan la gran mayoría de los fondos, pues la educación es una competencia transferida a las administraciones autonómicas. 

Por otro lado, el documento del sindicato también da muestras de cómo se ha precarizado la profesión docente en los años de recortes. El año pasado, el 29,12% de los maestros y profesores de los centros públicos eran interinos, un dato que casi duplica el porcentaje de 2011, cuando esta cifra se situaba en el 15,44%. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, atribuyó este incremento a los efectos de la crisis y a decisiones políticas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Entre ellas, la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012 que, entre otras medidas, implementó la ampliación de la jornada lectiva; la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso en la sustitución del profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular, lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a derogar esta norma.  

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