Memoria histórica

Cientos de cuerpos sin identificar por la falta de ayudas del Gobierno

Varias personas observan el terreno en que está localizada una fosa común en Valdescorriel (Zamora).

Ibon Uría

En Canseco, provincia de León, cerca de la línea que separa Castilla de Asturias, lleva 77 años el cuerpo de Tomás Fernández. Su hijo, también de nombre Tomás, explica que en el lugar no hay nada que indique el punto del entierro: "No hay ni una cruz, ni nada". Los restos mortales de su padre están en un paraje casi inaccesible en invierno, cubiertos ya por más de un metro de nieve.

El padre de Tomás está enterrado en una de las 2.500 fosas comunes que hay en las cunetas de todo el país. En total, albergan a 130.000 desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, todo un récord: en España hay más desaparecidos que en ningún otro Estado, con la excepción de Camboya.

Pese a la vigencia de la Ley de Memoria Histórica y a las demandas de organismos internacionales como la ONU y de familiares, no corren buenos tiempos para quienes luchan por reparar la memoria de las víctimas: por segundo año, el Gobierno dejará a cero en 2014 la partida para Memoria Histórica.

Canseco (León)

En palabras del presiente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, esto provocará la ralentización generalizada de todos los trabajos y, en algunos casos, la suspensión hasta que vuelva a haber fondos. 2011 fue al año en el que más dinero se destinó a estos proyectos: unos 6 millones de euros.

Una esperanza truncada

"Después de algunos años de práctica, este era el momento ideal para seguir adelante", dice la presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica, María del Mar Téllez. "Pero ahora, sin dinero, ya nada", lamenta. La experiencia acumulada desde 2007, fecha de la aprobación de la Ley 52/2007 quedará aparcada a la espera de nuevos recursos económicos.

Tomás coincide: dice que le gustaria recuperar los restos de su padre. "Aunque fueran los huesos, sólo los huesos", darles un entierro digno ayudaría a cerrar por fin la herida. Tomás también reconoce que no siempre pensó así: hubo un tiempo en el que procuraba no recordar. Todo cambió cuando, dos años antes de morir, su madre, Carmina, le entregó las cartas que le envió su padre durante la Guerra Civil.

"Carmina, aquí donde estoy hace mucho frío", escribió su padre en 1934, desde el frente de la Guerra Civil en Villanueva del Pontedo (León). "Recuerdos para todos y muchos besos y abrazos para los pequeños", añade la carta. De forma parecida concluye otra misiva fechada el 27 de septiembre de 1937, que su hijo conserva como oro en paño más de tres cuartos de siglo después. Tras esa fecha, ni Carmina ni sus hijos volvieron a verlo.

Carta enviada por Tomás Fernández a sus familiares.

Tomás también es consciente de que, sin ayudas públicas, hay poca esperanza. "Sabemos que está ahí, y aunque estuvimos mirando las posibilidades para sacarlo, es imposible hacerlo solo", explica. "Tenemos más de cuarenta fosas perfectamente documentadas, para ir ya a por ellas", señala Silva, pero si el Estado no se hace cargo de estos trabajos, añade, todo se complica.

Los gastos para la exhumación de una fosa común son básicamente de tres tipos: el de personal –arqueólogos, ayudantes–, la maquinaria –en ocasiones es necesario alquilar excavadoras– y las pruebas de ADN, para unir a los descendientes con los restos de sus familiares.

Ante la falta de respuesta del Gobierno, las asociaciones han optado por recurrir a voluntarios que, en su tiempo libre, les brindan su ayuda. Pero la maquinaria y, sobre todo, el proceso en los laboratorios, "requieren unos recursos mínimos", dice el vicepresidente de la ARMH, Marco González.

Cientos de cuerpos a la espera

Precisamente en esa fase de exhumación e identificación, en la que el trabajo de amigos y voluntarios no puede suplir las carencias materiales, es donde quedan estancadas muchas historias. Por ejemplo, en Canseco, junto al padre de Tomás, yacen otras dos personas, y en Valdescorriel (Zamora) dos grupos de fusilados, en total 13 personas, esperan a que sus familiares consigan reunir los aproximadamente 1.000 euros que cuesta alquilar una retroexcavadora.

No son los únicos casos. En Abenójar (Ciudad Real), Avelino, Manuel, Sixto, Teófilo y Daniel fueron sacados en mayo de 2012 de una fosa común en la que habían sido enterrados en 1941. Sin embargo, la ARMH, que coordinó las tareas de exhumación, no puede costear las pruebas de laboratorio para identificarlos. Sus familiares no saben aún cuáles de los restos corresponden a sus seres queridos.

Trabajos de identificación en un laboratorio.

A modo orientativo, Téllez señala que las tareas de identificación de 65 cuerpos que recuperaron recientemente fue presupuestada en unos 20.000 euros, algo más de 300 por cada víctima. Sin embargo, se trata de un caso en el que los costes fueron muy ajustados. Cifras más habituales elevan a unos 450 euros la inversión necesaria para una prueba completa de ADN.

A esas cantidades aguardan también la mayoría de los cuerpos de los 129 republicanos asesinados y recientemente recuperados y enterrados en Aranda de Duero (Burgos). Hasta el momento, sólo tres han sido identificados. A pesar de que los restos pudieron ser exhumados, aún no se les ha podido poner nombre.

"Les sacamos una muestra de ADN, pero estamos a la espera de tener dinero para hacer las pruebas e identificarlos. De momento, el proceso está suspendido", dice Silva, que reclama una revisión de la Ley de Memoria Histórica que haga que sea el Estado quien asuma directamente las tareas de reparación, en lugar de entregar subvenciones a las asociaciones. "Los derechos humanos hay que garantizarlos, no subvencionarlos", apunta.

Un Gobierno sordo

Hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo es la negativa o, directamente, el silenio. En octubre, la ARMH preguntó al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por qué no se le habían concedido ayudas para sus proyectos dentro del programa de actividades para la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

La respuesta fue categórica: "El objetivo del proyecto no está incluido en alguno de los ámbitos preferentes" y "su elevdo coste parace hacer inviable el proyecto al no haber otras aportaciones", indicaron fuentes ministeriales a la asociación. La respuesta también fue negativa cuando solicitaron fondos en la convocatoria de ayudas a las víctimas del terrorismo o en la del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

Ante esta situación, los promotores de la causa memorialista apuestan por internacionalizar su causa. En las próximas fechas enviarán a la Unión Europea, universidades de Estados Unidos y Australia, e incluso sindicatos noruegos y alemanes toda la información referida a fosas comunes ya localizadas y documentadas. La esperanza es que algún organismo se interese y se preste a colaborar.

Concentración de familiares de represaliados en la Puerta del Sol (Madrid).

Por el momento, el movimiento se felicita por pequeñas victorias en el extranjero. En una visita en el mes de septiembre, expertos de la ONU exigieron a España que apoye a las víctimas del franquismo, que investigue los crímenes de Franco y criticaron duramente la Ley de Amnistía. Eso sí, la respuesta del Gobierno ha sido tajante: "No". El Ejecutivo argumenta, entre otras cosas, que la preconstitucional Ley de Amnistía "tuvo apoyo popular" cuando se aprobó en 1977.

También a nivel nacional, esta semana, PSOE, Izquierda Plural, PNV, CC y Compromís-Equo apoyaron una Proposición no de Ley de la Plataforma por una Comisión de la Verdad para exigir al Gobierno en el Congreso que asuma las exhumaciones de las fosas comunes en un plazo máximo de dos años y cree una comisión que estableza medidas para reparar la memoria de las víctimas.

Los familiares aseguran que seguirán pidiendo un final digno para las víctimas de la dictadura, y dicen no comprender a quienes piden "no remover", "no abrir heridas", "no mirar hacia el pasado"... "Me impresiona quienes dicen que hay que dejarlo todo así", dice Tomás. "Antes de morirme, me gustaría sacar a mi padre de ahí", concluye.

Presupuesto para la Memoria Histórica

Detalle de las cantidades destinadas por el Gobierno central a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica a través de los Presupuestos Generales del Estado.

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