Alrededor de 3.000 personas, entre ellos cientos de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas entidades.
En la manifestación, los portavoces las asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, al grito de proclamas como "Sin Estado de derecho no hay democracia", "Jueces colocados, procesos trucados" o "Bolaños, tramposo, tu ley es un destrozo".
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha dicho, en declaraciones a los medios, sentirse emocionado "por el respaldo tan increíble" de la ciudadanía y ha recalcado que las reformas del Ejecutivo van en perjuicio del derecho de todos a tener una justicia profesional, independiente e imparcial. "Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que se apruebe esta ley", ha asegurado.
Sobre el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, los portavoces han asegurado que "no responde a demanda social alguna" y está siendo tramitado por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello".
Han recalcado que este proyecto ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pretende rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, con pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.
En cuanto al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, han censurado que este busque aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien seguirá nombrándose por el Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo", a la vez que elimina las garantías de autonomía de los fiscales, "reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes".
Han enmarcado estas reformas en "un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan" y tratan al Ministerio Fiscal como "un apéndice del Gobierno", lo que mina la confianza de los ciudadanos en su Justicia.
Revindican su derecho a huelga
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha confirmado ante los medios que los jueces y fiscales ejercerán su derecho a huelga "por más que algunos hayan querido ahora, 15 años después", cuestionar este derecho.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que esta huelga carece de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
"Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con responsabilidad y con respeto a los ciudadanos. Pero tenemos que hacer huelga por ellos, no solo por nosotros, por ellos también", ha expresado Del Barco, quien ha precisado que sí habrá servicios mínimos a preguntas de los periodistas.
El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha subrayado que en la protesta no se reclaman mejoras salariales ni mejores condiciones de trabajo sino la protección del Estado de derecho, que se verá "socavado" si estos proyectos salen adelante.
Muchos de los asistentes, entre los que abundaban banderas de España, han proferido gritos con insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los que los representantes de las asociaciones se han desmarcado en varias ocasiones recalcando que se trataba de una protesta apolítica, en defensa del poder judicial.
Cuando Sergio Oliva (AJFV) estaba leyendo el manifiesto, este ha sido interrumpido por un hombre que ha comenzado a proferir insultos hacia el presidente del Gobierno y el portavoz de los jueces le ha reprochado, desde el micrófono: "Quien insulta se define así mismo, caballero".
Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Bolaños se defiende
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a la concentración asegurando que "ni una sola línea" de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales. Además, ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo.
Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".
"Pueden estar tranquilos, porque ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho", ha subrayado el ministro, que ha lamentado los insultos a Sánchez durante la protesta.
Bolaños ha defendido que la reforma judicial contempla que durante los próximos tres años se incorporen 2.500 jueces y fiscales y ha explicado que "el dilema ahora mismo es si inmovilismo o reformas" para "llevar la Justicia al siglo XXI".
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El ministro ha asegurado que este proyecto incluye también una reivindicación histórica para descargar la carga de trabajo de los jueces y lograr descender la ratio de jueces/ciudadanos.
Así, ha insistido en que "nunca ha habido tantas" plazas en tan poco tiempo, al tiempo que ha destacado que el proyecto de reforma no afecta a las nuevas promociones de jueces.
"Al revés, mejora su formación profesional, porque en cinco años todos serán magistrados sin necesidad de concursar", ha resumido Bolaños, que, asimismo, ha defendido que las oposiciones serán "más duras" porque se le añade un examen escrito, "como es lógico en un trabajo que consiste, en parte, en escribir autos".
Alrededor de 3.000 personas, entre ellos cientos de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.