Feminismo

Cinco demandas irrenunciables del feminismo tras el éxito del 8M

Imagen de la manifestación 8M de 2019.

El movimiento feminista volvió a demostrar el viernes la fuerza que le impulsa: 375.000 personas en Madrid, 200.000 en Barcelona o 105.000 en Vigo son algunas de las cifras que deja un 8M que quedó registrado una vez más como histórico. Cientos de miles de voces volvieron a clamar por la igualdad real entre hombres y mujeres, en un contexto de precampaña electoral especialmente marcada por la agenda feminista. ¿Cuál será, después del éxito de este viernes, la respuesta de los partidos? ¿Qué demandas son irrenunciables para el movimiento feminista?

El primer síntoma del éxito del feminismo en el tablero político es ya evidente. "Todos los partidos se han sentido interpelados de alguna manera y todos los partidos han reaccionado". Habla Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. A su juicio, quizá esa sea "la primera novedad" de este año, porque "parece evidente" que el objetivo de que "todos los partidos tengan que manifestar su posición respecto de las manifestaciones y demandas feministas, es el primer logro".

Los partidos, coincide la socióloga y activista Fefa Vila, "no pueden ya ignorar la agenda política feminista" y lo cierto es que "el hecho de estar en precampaña influye muchísimo en el estado de la cuestión". En ese contexto, existe ya consolidada una "pedagogía feminista en la sociedad" y por tanto "un voto que va a tener en cuenta esa agenda feminista". El ejemplo más claro lo ven las expertas consultadas en la derecha: "El PP ya matiza sus discursos en torno a la radicalidad que tenía en determinados aspectos referidos a la familia o el aborto", observa Vila y Soleto añade que, de hecho, hasta ahora "la derecha no había acudido a las manifestaciones, sin necesidad de dar explicación alguna".

Haber irrumpido en el discurso político es el primer paso de todo un trabajo que se presume arduo hacia una transformación real. Esta primera victoria, comenta Soleto, "da la oportunidad de colocar el mensaje político dentro de la población y explicar cuál es la situación de las mujeres", de manera que "ahora no es fácil que ningún partido formule una apuesta política sin mencionar los derechos y los problemas de las mujeres".

Y en ese escenario brotan reivindicaciones concretas. Patricia Aranguren, activista y miembro de la Comisión 8M, recuerda que el movimiento no tiene interlocución alguna con los partidos políticos y de hecho no se dirige a ellos. "Las reivindicaciones las lanzamos al conjunto de la sociedad", matiza, y se basan en "poner la vida en el centro y cambiarlo todo", empezando por "un cambio estructural de base". Sí existen, en ese contexto, "medidas urgentes" que es necesario "llevar a cabo ya" y que son "cuestiones realizables para cualquier partido político".

Demandas, recuerda la activista, sobre las que "todas las fuerzas de poder a nivel de sistema se tendrán que posicionar". A su juicio, "el hecho de que exista un movimiento feminista cada vez más fuerte, global, organizado, con más poder de convocatoria" va a generar necesariamente que "los que vean amenazados sus privilegios" o bien "reaccionen a la negativa o bien escuchen las reivindicaciones del movimiento feminista y se pongan a su servicio". Existe una tercera opción. Los partidos pueden, y de hecho "ya está pasando", instrumentalizar el movimiento "para un lavado de cara", como ocurre "con el movimiento LGTBI". Frente a ese tercer escenario, el movimiento feminista estará vigilante, porque en la actualidad existe un "feminismo mayoritario, de tradición sólida, que detectará, exigirá, y estará pendiente de esa agenda transformadora", confía Vila.

Éstas son algunas de las medidas urgentes que plantea el movimiento feminista y así es la posición hasta ahora defendida por los partidos políticos.

Aborto libre y gratuito

Pese a ser una demanda histórica del movimiento y una de sus principales conquistas, la cuestión del aborto sigue estando presente. Lo hace "porque el aborto sigue en el Código Penal, sin estar reconocido como un derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, para decidir sobre su cuerpo y su maternidad". Las activistas feministas coinciden en que las mujeres continúan enfrentándose a quienes las "criminalizan y culpabilizan por abortar", pero además, denuncian, "no se respeta la autonomía de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años", que siguen necesitando del permiso paterno. En el terreno de la praxis, "siguen existiendo muchos obstáculos para hacer efectivo este derecho, incluyendo que en la práctica no se realiza en la red sanitaria pública".

La posición del PP respecto al aborto ha sido tradicionalmente objeto de polémica. Aunque el líder de los conservadores, Pablo Casado, ha defendido en reiteradas ocasiones recuperar la ley de supuestos de 1985, la postura del partido se fijará en el programa de cara a las elecciones del 28 de abril. Dentro de la formación hay serias dudas relativas al regreso a la norma anterior, ya que se trata más de una posición personal de Casado. Lo que sí ha anunciado recientemente el presidente del partido es la aprobación de una Ley de Apoyo a la Maternidad para que las mujeres decidan "libremente" ser madres.

Ciudadanos, por su parte, no es partidario de modificar la ley vigente y de hecho considera el del aborto un "asunto que está consensuado" entre la ciudadanía, de modo que se mantiene al margen del debate. El PSOE, por su parte, defiende la reforma efectuada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y estima que una ley más restrictiva llevará a las mujeres a practicar abortos "con menores garantías sanitarias".

Podemos, finalmente, cree que "todavía quedan muchas cosas por hacer para que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo esté defendido de manera integral por las instituciones públicas". La postura de los de Pablo Iglesias se aproxima más a las reivindicaciones feministas, puesto que la formación morada considera "imprescindible modificar la ley para que las menores a partir de los 16 años no necesiten el consentimiento paterno para abortar". Además, el partido menciona también el problema de los "recortes en sanidad y la siempre precaria provisión por parte del Sistema Nacional de Salud para la interrupción voluntaria del embarazo".

Convenio de Estambul

Otra de las principales demandas del movimiento feminista tiene que ver con la ampliación de la definición de violencia machista, de manera que se adapte a lo dictado por el Convenio de Estambul y supere los límites de la violencia sobre las mujeres únicamente entendida como aquella cometida por parte de parejas o exparejas. Es necesario que "se aplique de forma efectiva la legislación vigente, se amplíe la definición de violencias machistas que sufrimos por el hecho de ser mujeres, dotándola con los recursos suficientes", dice la Comisión 8M, que exige "protección, reparación y justicia".

La reivindicación fue escuchada por los grupos parlamentarios que, en septiembre de 2017, aprobaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo, suscrito por todos los grupos excepto Unidos Podemos –que se abstuvo al considerar que no respondía a todas las exigencias del movimiento–, pide "ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul", de manera que, a priori, todas las formaciones están de acuerdo con dar el paso. El problema es que, año y medio después de la consolidación del pacto, la Ley contra la Violencia de Género de 2004 no ha sido modificada, aunque gran parte de las legislaciones autonómicas sí contienen esa definición.

Educación en igualdad

La esfera educativa resulta especialmente importante para las activistas feministas, quienes coinciden en reclamar una educación "afectivo-sexual que incluya las diversidades sexuales sin estereotipos y las identidades y expresiones de género". En este sentido, reclaman una educación pública, laica y feminista en todas las etapas y ciclos educativos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha batallado a través de su reforma educativa, conocida como Ley Celaá, por garantizar "la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional", además de "reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad". De esta manera, se proponía eliminar "la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género" y blindar "la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación".

En cuanto a Podemos, la candidata a presidir la Comunidad de Madrid por la formación morada, Isabel Serra, planteó recientemente una asignatura sobre feminismo para "acabar con la imposición de roles" y "garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos". La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha abrazado la propuesta y la ha defendido de cara a las próximas elecciones generales.

Ciudadanos, a través de su decálogo sobre "feminismo liberal", habla de poner "la educación en el centro". Los ciudadanos, dicen, "deben ser formados de tal manera que se reconozcan en igualdad de derechos y deberes, oportunidades y aspiraciones, posibilidades y metas", pero sin concretar medidas específicas.

Aunque el PP suscribe el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aspira a "reforzar y ampliar en materia de educación los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos", fueron los conservadores quienes eliminaron la asignatura Educación para la Ciudadanía, que contemplaba en su temario aspectos sobre educación sexual.

Los derechos de las trabajadoras del hogar

La situación de las trabajadoras del hogar está muy presente en el argumentario de las activistas feministas. Piden, al respecto, "condiciones laborales justas", lo que implica necesariamente la ratificación "con carácter de urgencia el Convenio 189 del OIT que reconozca los derechos laborales de las trabajadoras", así como la derogación de la enmienda 6777 que retrasa hasta 2024 su integración en el Régimen General de la Seguridad Social. La enmienda fue introducida en 2018 por los conservadores a sus propios presupuestos, con el voto favorable de Ciudadanos, entre otros.

En el marco del pacto entre Unidos Podemos y el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, tanto la formación morada como los socialistas prometían firmar y ratificar el Convenio número 189 de la OIT, aunque nada decían de la enmienda 6777. En el año 2016, durante el debate en torno a una iniciativa parlamentaria sobre la ratificación del Convenio 189 de la OIT, el PP defendió que "cualquier convenio al que España se sume debe hacerse sin menoscabar el derecho del trabajo y sin impactar negativamente en el empleo". El partido de Pablo Casado apostó entonces por incorporar el convenio cuando existiera "la seguridad de que no perjudicará" al mercado de trabajo y a los trabajadores.

En aquel debate Ciudadanos se posicionó a favor de su ratificación. La formación naranja argumentaba que el Convenio 189 supone un "avance significativo", aunque creía "imprescindible concretar con precisión las modificaciones económicas, presupuestarias y normativas que harían falta" para su implantación.

La doble discriminación de las extranjeras

La desprotección y la doble discriminación que sufren las mujeres migrantes han sido pilar en la lucha del movimiento feminista. Y sobre ello se han posicionado de forma clara. Piden la derogación inmediata de la Ley de Extranjería y "todos los instrumentos jurídicos que impiden el derecho legítimo a migrar y a encontrar refugio en un territorio seguro", además del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Podemos coincide en defender, así lo hizo en el programa de las pasadas elecciones generales, el cierre de los CIE, "pues constituyen una anomalía del sistema democrático". Aunque el equipo de Pablo Iglesias no menciona la derogación de la Ley de Extranjería, sí propone modificaciones que impliquen el desarrollo de "mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos étnicos o de origen ante los diferentes operadores jurídicos", así como la erradicación de los controles de identidad policiales o los vuelos de deportación.

En su programa electoral de 2016, el PSOE apostaba por "modificar el actual modelo" de los CIE, pero descartaba su cierre. Aquel año, el entonces juez de la Audiencia Nacional y ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía que los CIE no suponen una vulneración de los derechos humanos. Tanto el PP como el PSOE han aprobado, estando al frente del Gobierno, la apertura de nuevos CIE. También en 2016 la formación de Albert Rivera registró una proposición no de ley para privatizar la gestión y la seguridad de los CIE, con el propósito de "optimizar recursos" y "modernizar" los centros ya existentes. 

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