Derechos laborales

Las cláusulas sociales ganan terreno en el sector público a la espera de la ley estatal

Las cláusulas sociales ganan terreno en el sector público a la espera de la ley estatal

A la espera de una ley estatal que aborde a fondo las cláusulas sociales, estas medidas para forzar a las empresas que contratan con la administración a superar estándares laborales, sociales, medioambientales e innovadores altos se van abriendo paso en el sector público. Una directiva europea de 2014 ya establece que la contratación pública debe servir a la inclusión social y al respeto al medio ambiente. Antes y después de esa directiva, ayuntamientos y comunidades autónomas han ido aprobando guías y normas para que sus contratos públicos no sólo sean eficientes y sirvan para prestar servicios de calidad sin dilapidar recursos públicos, sino que además tengan en cuenta criterios sociales.

La Junta de Andalucía presentó este lunes una "guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratración", pactada con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEA. El texto supone la última aportación en este campo. Aunque deberá aprobarse como decreto –todavía no ha pasado por el Consejo de Gobierno–, la Consejería de Hacienda incide en que la importancia no está en el rango legal, sino en que la Junta "se autoimpone" la obligación de introducir cláusulas sociales, de las que en la guía se ponen ejemplos concretos.

¿Cómo se concretan las intenciones? Por ejemplo: no podrán contratar con la Administración personas físicas o jurídicas sancionadas en firme por acoso sexual en el ámbito empresarial; tampoco las sancionadas por vulnerar derechos de personas con discapacidad o por infracciones muy graves en materia medioambiental; las empresas con más de 250 trabajadores deberán acreditar la "aplicación efectiva" de un plan de igualdad entre hombres y mujeres; las bajas en las ofertas no podrán realizarse a costa de incumplir el convenio colectivo, que se publicará en todos pliegos... Es decir, para trabajar con la Junta, si se cumple lo que establece la guía, no valdrá abaratar costes a base de explotación hasta el límite de incumplir conveniso colectivos.

La Junta castigará a las empresas que no paguen. Los adjudicatarios deberán estar al corriente de pago de las nóminas del personal "que participe en la ejecución del contrato". "Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses", señala la guía. En tal caso, el contrato se rescinde.

Hay medidas para favorecer que trabajen receptores de la renta mínima de inserción, discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, parados de más de 45 años y jóvenes con menos de 30 "graves déficits formativos", víctimas de explotación sexual, entre otros. Las cláusulas están establecidas según el tipo de contrato: para trabajar con menores –transporte, por ejemplo–, para páginas web.... Abarca cuestiones tan diversas como el uso del lenguaje no sexista, la transparencia fiscal o el empleo de papel reciclado.

"Cambio de mentalidad"

Hay requisitos obligatorios, que estarán en todos los pliegos, y recomendaciones. Es obligatorio, por ejemplo, que las empresas que vayan a trabajar con menores acrediten que no tienen personal en el registro de delincuentes sexuales. Es recomendable que en el título de la oferta esté especificada ya su vocación social. Así podrían quedar los nombres de las ofertas: "Contrato servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de los colegios públicos a prestar mediante el fomento de la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión social". O bien: "Contratación para el diseño de un plan de movilidad urbana con perspectiva de género"; "Contrato de suministro de café procedente de comercio justo"; "Contrato de suministro de ropa de trabajo, con certificación de haber sido producida en condiciones laborales dignas". Desde la Consejería de Hacienda señalan que deberá producirse un "cambio de mentalidad".

El impacto de estas medidas, de llegar a aplicarse plenamente, será considerable. Como recordó este lunes la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), la administración autonómica es "la principal empresa de Andalucía", con un impacto de los contratos de 6.000 millones anuales.

"Hay mucho trabajo hecho desde hace ya más de diez años. Pero queda mucho. Para empezar, en muchos casos no hay una supervisión del cumplimiento de lo que se va estableciendo", señala José Manuel Martínez Fernández, funcionario de la administración local, que ha estudiado con exhaustividad este campo. Fernández señala que las posibilidades son enormes, sobre todo en la promoción de la innovación, las pymes, el empleo de calidad...

Pero las posibilidades, sólo con las leyes vigentes ya en la mano, exceden este ámbito. Por ejemplo, con el anexo X de la directiva europea, que establece los convenios que deben respetarse, entre ellos los de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), es posible plantearse si se podría contratar a grandes multinacionales acusadas de usar cobalto extraído mediante explotación infantil.

El artículo Avanzando en contratación socialmente responsable: de la recomendación a la obligación, del propio Martínez, realiza un recorrido por la normativa local y autonómica que se ha ido desarrollando. Aunque el protagonismo público del debate se lo han llevado esencialmente grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, Martínez amplía mucho más el foco y lo pone en comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura...), diputaciones forales (Gipuzkoa...) y municipios (Avilés, Castellón, Pamplona, Córdoba, Valladolid...). "La contratación pública en Europa ronda el 20% del PIB. Si conseguimos, a la vez que disfrutamos servicios y compramos bienes, mejorar las condiciones de trabajo, favorecer a las pymes y fomentar la innovación, tendremos mucho ganado", señala Martínez.

El coste de no incluir cláusulas sociales

En artículo El coste económico de no incluir cláusulas sociales en la contratación, realizado por María del Río Andrés para el Observatorio de Contratación Pública, propone un cambio de perspectiva para poner el foco no en lo que cuesta introducir una cláusula social, sino en lo que cuesta no introducirla en términos de "contratos mal ejecutados y de un enorme agujero en el pago de salarios y cotizaciones sociales, que ha provocado que las nuevas licitaciones para ese servicio queden desiertas porque ningún licitador ha querido asumir el riesgo de tener que satisfacer los pagos pendientes al personal subrogado". "Tiempo y trabajo perdido, y la necesidad de elevar el presupuesto máximo de licitación en los procedimientos posteriores. La ausencia de las cláusulas sociales conservadoras ha generado un coste directo e inmediato sobre las partidas presupuestarias", añade el artículo.

Una sentencia en Madrid

Las cláusulas sociales son todavía un asunto espinoso. Las de Madrid –orientadas a criterios como la seguridad y la salud laboral, la creación de empleo o la formación en el lugar de trabajo– fueron impugnadas por la Abogacía del Estado, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ayuntamiento que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid).

El presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, afirmó este lunes que desde su óptica la guía había supuesto realizar "concesiones", si bien puntualizó que era preferible "adelantarse" al Gobierno central en la obligatoria trasposición de la directiva europea de 2014.

Camino del Consejo de Ministros

El anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público ha finalizado ya el trámite de información y audiencia pública, tras pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado. "Así, se impone al órgano de contratación la obligación de introducirlas [las cláusulas sociales], pero se le deja en libertad para que pueda decidir si las incluye en cada contrato en concreto como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución", señala la ley en su exposición de motivos. "En cuanto haya gobierno [la norma] debe llevarse al Consejo de Ministros", señalan desde el Ministerio de Hacienda. En su informe, el Consejo Económico y Social reclama el "desglose" de las puntuaciones por criterios "sociales y medioambientales".

El vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, ya crea un marco abierto para la introducción de cláusulas sociales, si bien no traspone –es anterior– la directiva europea de 2014, que multiplica las posibilidades.

El 30% de las principales ciudades invierte menos de 50 euros por persona al año en servicios sociales

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