Del SARS Cov-2 sabemos que se contagia con endiablada facilidad, lo que explica que haya causado a millones de personas la enfermedad conocida como covid-19, responsable de más de 100.000 muertos sólo en España. Pero la penetración a través de las vías respiratorias es su habilidad más letal, no la única. El virus es un lince detectando y ensanchando brechas. Concretamente, brechas de desigualdad. En España ha demostrado sobradamente esta capacidad. Ha ensanchado la brecha económica, la de vivienda, la educativa, la de acceso a servicios públicos. Incluso ha ensanchado las diferencias ante la muerte, ese peaje que dicen que nos hace a todos iguales. El covid-19 se ha encargado de demostrar que no es verdad.
Este efecto secundario del virus queda detallado en las más de 150 páginas del Informe sobre la desigualdad en España 2022. El impacto de la pandemia, obra de equipo multidisciplinar integrado por una quincena de investigadores y publicado por la Fundación Alternativas, que lo presentó este miércoles. El trabajo hace un barrido por el paisaje español post-pandemia: de las aulas a los barrios, de los salarios a los beneficios, de los servicios públicos a la salud mental. La primera conclusión está dicha: las brechas han crecido, afectando más a pobres, jóvenes, inmigrantes y mujeres. Así lo muestran los datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, que acreditan que el índice de Gini, medidor de desigualdad, subió de 32,1 en 2020 a 33 puntos en 2021. La segunda conclusión resulta menos sombría: las políticas impulsadas por el Gobierno –con ayuda de fondos europeos– durante la pandemia han contenido en parte el incremento de estas desigualdades, hasta el punto de evitar que España se acercase a la sangría social provocada por la Gran Recesión.
Mercado de trabajo y renta
La pandemia tuvo un impacto negativo en el empleo, afectando más a los sectores con ocupaciones de baja cualificación –como el de servicios–, las mujeres, los jóvenes y los temporales. Pero no es eso lo que sorprende a los autores del capítulo sobre renta y mercado del trabajo, Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, y José Ignacio Antón, profesor titular en la misma universidad. "Lo realmente llamativo de esta crisis –anotan– no es la caída del empleo [...], sino el hecho de que, frente a una caída de la producción cercana al 11%, el empleo sólo lo hiciese en algo menos del 3%. Durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, una caída del PIB menor, del 8,6%, dio lugar a una reducción del 16,3%".
Algo parecido ocurre con la caída de la renta media. Según el Informe Foessa, fue más intensa en el primer quintil de la distribución, es decir, en la parte más pobre de la sociedad, con un 17% de retroceso, mientras el quintil más rico no se veía afectado. Ahora bien, no es comparable con lo ocurrido en la anterior crisis. Muñoz y Antón recalcan cómo tras la crisis financiera "la participación de los salarios en el PIB cayó de forma más intensa que la participación de los beneficios, un resultado coherente con la (fallida) estrategia seguida desde 2010 de devaluación salarial como forma de salir de la crisis". En la pandemia las cosas han ido por diferente camino. ¿En datos? Mientras en la recesión el desplome de la masa salarial equivalió al 77% del total de la caída del PIB –es decir, más de tres cuartas partes–, en 2020 retrocedió en un tercio de lo que hizo la riqueza nacional, "recayendo el grueso del ajuste sobre los beneficios". También la Fundación La Caixa, en un informe de mayo de 2022 sobre más de 3 millones de nóminas, señala que incluso en el arranque de la pandemia el efecto de la crisis sobre la desigualdad fue inferior al del periodo 2008-2014.
Los codirectores del informe, Rosa Martínez, profesora de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, y Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, apuntan en la misma línea al señalar que, pese a una caída del PIB del 10,8% en 2020, la mayor desde la Guerra Civil, el "efecto sobre la desigualdad de ingresos" fue "muy inferior" al generado en la anterior crisis. "El impacto de la pandemia sobre la desigualdad salarial entre febrero y noviembre de 2020 fue esencialmente transitorio", apunta Muñoz y Antón, para quienes "las prestaciones sociales desempeñaron un importante rol en la contención" de las brechas, lo que explica que en noviembre de 2021 el nivel de desigualdad fuera menos de un 2% superior al existente antes de la pandemia. Los autores citan las políticas de desempleo, cuya cobertura pasó del 57% al 84,3%, así como los ERTE, que llegaron a cubrir a 3,58 millones de personas.
"Los principales factores que explican la contención de la desigualdad son la rápida articulación de mecanismos de sustitución de los ingresos laborales y la pronta recuperación que siguió a la retirada de restricciones", concluyen los dos investigadores, que subrayan que los primeros resultados de la reforma laboral también son alentadores por su impacto en la contratación indefinida. Eso sí, alertan de los riesgos que para las economías más frágiles tiene la inflación, que vuelve a suponer un desafío político mayúsculo, pero ahora con las cuentas públicas ya castigadas por la pandemia. Está por ver si las administraciones mantienen las políticas expansivas.
A un diagnóstico similar llegan Cecilia Díaz y José Manuel Parrilla, profesores de Sociología de la Universidad de Oviedo, en el capítulo Pobreza e inseguridad alimentaria antes y después de la pandemia, que refleja tanto un agravamiento del problema como una acción incisiva –aunque insuficiente– de las políticas públicas. "La Gran Recesión ha impactado más que la pandemia", concluyen los autores. Y añaden: "Es admisible considerar que las políticas públicas del período pandémico (IMV, ERTE, medidas relacionadas con la vivienda y los suministros...) han servido para paliar en parte los efectos de la crisis producida por la covid", escriben Díaz y Parrilla, que apuntan no obstante al efecto "muy alejado" de sus aspiraciones iniciales del ingreso mínimo vital
Se trata de un diagnóstico coherente con el presentado en octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Por una parte, su informe advertía de que más de 13 millones de españoles estaban en riesgo de pobreza en 2021, casi el 30% de la población, tras sumarse a la lista 380.000 en un año. Al mismo tiempo, el informe concluía que que el llamado "escudo social" puesto en marcha por el Gobierno redujo la tasa de pobreza en el conjunto del territorio nacional en 3,2 puntos, lo que resulta en 1,5 millones de personas que no llegaron a caer en la pobreza.
El problema endémico de la vivienda
El esquema se repite con la vivienda. El empeoramiento de la desigualdad es tan innegable como la mitigación –sólo parcial– ejercida por la política. En 2021 el porcentaje de hogares con un gasto excesivo en vivienda —aquellos que tras satisfacer su coste se encontraban por debajo del umbral de pobreza severa— se elevó hasta el 14,2% en el conjunto del país, 3 puntos por encima del de 2018. El porcentaje de hogares con problemas de salubridad pasó del 3,2% al 7,2%.
"La pandemia provocó un fuerte incremento de la población en riesgo de exclusión residencial", sintetiza Jordi Bosch, experto en políticas de vivienda, que añade: "Desde el estallido de la burbuja en 2008, la vivienda ha ido configurándose como uno de los principales ejes de desigualdad. Lamentablemente, la pandemia ha ahondado aún más en la fractura social entre aquellos hogares propietarios sin pagos pendientes o con cargas hipotecarias fácilmente asumibles, y aquellos para los cuales satisfacer los costes residenciales representa periódicamente un reto cada vez más difícil de asumir o, simplemente, un imposible. Esta nueva crisis ha venido a reforzar el carácter crónico de la situación de emergencia habitacional de un creciente segmento de la población".
Junto a este diagnóstico oscuro, Bosch destaca el catálogo de medidas aprobadas durante la pandemia para facilitar el pago del alquiler, los suministros y las hipotecas y para evitar desahucios. "Desde una perspectiva europea comparada, España se situó en el grupo de países que más medidas aprobaron", señala el investigador, que advierte tanto del carácter limitado de las medidas como de las consecuencias negativas de su finalización.
Salud de ricos, salud de pobres
El incremento de la desigualdad durante la pandemia se repite en todas las áreas estudiadas. De manera especialmente cruel, en la salud. José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, y el epidemiólogo Javier del Águila repasan cómo el impacto del covid-19 expresa desigualdades previas, a la vez que las incrementa. La ecuación es sencilla: a peor condición socioeconómica de partida, mayor exposición al virus y mayor riesgo de gravedad y de muerte. Los autores desglosan diversos ejemplos. En Barcelona, por ejemplo, la incidencia fue 2,5 veces mayor en el distrito más pobre que en el más rico. Los dos autores también resaltan cómo el desgaste del sistema sanitario como consecuencia del covid-19 ha tenido un efecto de "huida de las clases medias" hacia el seguro privado, con porcentajes de penetración superiores al 30% en Madrid y Cataluña. La conclusión global es que la sanidad post-covid nos hace menos iguales ante la enfermedad, según Freire y Del Águila, que destacan que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presta atención a este problema.
No sólo el sistema sanitario sale tocado. También ha sufrido la atención a la dependencia, como señalan Mercedes Sastre y Rosa Martínez, profesoras de Economía en la Complutense y la Rey Juan Carlos. "La pandemia ha agravado la precariedad del sistema de cuidados", concluyen. La expresión más "dramática" de desigualdad se ha dado en la Comunidad de Madrid, por el diferente trato "a los ancianos residentes en centros dependientes del sector público y los meramente privados", así como "a aquellos que tenían seguro médico privado y a los que carecían de él", apuntan las dos autoras, citando al director de Investigación de infoLibre, Manuel Rico, autor de un extenso trabajo periodístico sobre las muertes en residencias [ver aquí y aquí].
Brecha en las aulas y ascensor social
El Gobierno ultima una ley para reducir la desigualdad entre los servicios sociales de las comunidades
"Antes de la pandemia España era el segundo país europeo donde más correlación existía entre el nivel educativo de los progenitores y el de sus hijos e hijas, después de Portugal", señala el autor del capítulo sobre educación del informe, Álvaro Ferrer, especialista en este campo de Save the Children. De modo que la desigualdad educativa no es un problema que nazca con la pandemia, ni mucho menos. Ahora bien, sí crece con ella. Estudios realizados en Euskadi y Cataluña muestran que la pérdida de aprendizaje es mayor "en la escuela pública y en las escuelas concertadas con bajo rendimiento previo", característica a su vez vinculada a una peor posición socioeconómica.
El impacto también ha sido mentalmente más duro para los alumnos de familias más pobres. "El deterioro del bienestar socioemocional del alumnado de 2° de ESO en Euskadi derivado de la pandemia está asociado de forma muy significativa con el nivel socioeconómico de los estudiantes", acredita un informe. Ferrer advierte de que hay "una correlación entre deterioro socioemocional y pérdida de aprendizaje, aunque no es posible saber cuál es causa y cuál consecuencia". Lo seguro es que el uno alimenta al otro y viceversa. Resultado: tras el covid-19 los menores en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad cuatro veces mayor (13%) de sufrir trastornos mentales o de conducta que los que viven en hogares de renta alta (3%), algo que agiliza el circuito de desigualdad de oportunidades y agrava la avería del ascensor social.
"El mayor deterioro del bienestar socioemocional del alumnado desfavorecido puede tener efectos en la desvinculación y las trayectorias educativas futuras", alerta Ferrer, que afirma también que las políticas del Gobierno sobre currículo, evaluación y repetición "pueden ayudar a limitar el posible agravamiento de las desigualdades". No obstante, en conjunto el Gobierno no ha actuado con suficiente contundencia contra la inequidad, señala el investigador: "Las medidas han servido para mitigar el impacto de la pandemia, no tanto para transformar la inequidad preexistente. Si se quiere dar un salto adelante hacia un sistema más equitativo [...], las reformas iniciadas van en la buena dirección, pero los recursos no tanto".
Del SARS Cov-2 sabemos que se contagia con endiablada facilidad, lo que explica que haya causado a millones de personas la enfermedad conocida como covid-19, responsable de más de 100.000 muertos sólo en España. Pero la penetración a través de las vías respiratorias es su habilidad más letal, no la única. El virus es un lince detectando y ensanchando brechas. Concretamente, brechas de desigualdad. En España ha demostrado sobradamente esta capacidad. Ha ensanchado la brecha económica, la de vivienda, la educativa, la de acceso a servicios públicos. Incluso ha ensanchado las diferencias ante la muerte, ese peaje que dicen que nos hace a todos iguales. El covid-19 se ha encargado de demostrar que no es verdad.