Accidentes aéreos

El Congreso creará una comisión por el accidente de Spanair 10 años después de la tragedia

Detalle de unas flores durante el homenaje ante el monumento en memoria de los pasajeros del JK5022 en el noveno aniversario del accidente.

El vuelo JK5022 de Spanair, que tendría que haber cubierto la ruta desde Madrid hasta Gran Canaria el 20 de agosto de 2008, ni siquiera llegó a despegar. A bordo viajaban 172 personas, 166 pasajeros y seis tripulantes. De todos ellos, fallecieron 154 personas, las otras 18 resultaron heridas graves. Ahora, casi diez años después de aquella "tragedia", como prefiere calificar lo ocurrido Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), se ha dado un paso importante en descubrir qué ocurrió y sobre quién recaen las posibles responsabilidades. 

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados acordó llevar al pleno la creación de una comisión de investigación sobre el accidente, una solicitud que presentó en el mes de noviembre Unidos Podemos a petición expresa de la asociación de víctimas. Ahora, el pleno de la Cámara Baja deberá aprobar definitivamente su constitución para que comience a funcionar, y será en la sesión de este martes 6 de febrero. Un día antes, las víctimas entregarán en el Congreso más de 60.000 firmas a favor de la creación de la comisión, que han conseguido en formato físico y a través de la plataforma Change.org

"Adquirimos un compromiso con la asociación de víctimas durante la campaña de las elecciones del 20D", explica Carmen Valido, una de las diputadas canarias de Podemos que registró la petición de comisión hace ahora dos meses. "En Canarias estamos muy comprometidos porque lo que ocurrió afectó a muchísimas familias de las islas". Lo que pretenden desde su partido con la comisión, según explica, es principalmente "prevenir futuras tragedias" mediante la detección de las posibles negligencias cometidas. "No hay que esperar a que haya más muertos" para reparar los problemas de la seguridad aérea, defiende. 

En línea con Unidos Podemos se situó el PSOE, que se mostró partidario de la comisión porque, como apuntaron fuentes del partido, los socialistas siempre apoyarán "el esclarecimiento de las causas de un accidente como el de Spanair". Por el contrario, el PP se abstuvo en la decisión porque "investigar diez años después al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no tiene mucho sentido", según explicó el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando. "No sé qué responsabilidades políticas hay que depurar a estas alturas", añadió. Ciudadanos, por su parte, mostró su oposición a la iniciativa que Unidos Podemos llevó al Congreso. "Creemos que es defraudar las expectativas de los afectados. Es un asunto que ya se ha judicializado. El informe determinó que el accidente fue a causa de una serie de errores humanos. Esta comisión no va a poder cambiar el fallo judicial por lo que no va a contentar a los afectados", afirmaron fuentes del partido a preguntas de infoLibre. 

Sin embargo, a juicio de las víctimas del accidente, sí existen responsabilidades políticas, "por omisión y por comisión", como afirma Vera en conversación con este periódico. "Durante estos diez años, España no se ha ocupado" de averiguar las causas de lo que ocurrió, por lo que esta comisión, lo que debe hacer, es "desenterrar" el caso y "detectar los fallos que hubo y corregirlos". Sólo de esta manera, explica, se podrán evitar más "muertes inútiles". "Los que cometieron un error pero se quedaron en tierra ese día todavía están impunes", denuncia. 

Diez años con los pilotos como únicos responsables

Lo cierto es que este accidente ha supuesto un antes y un después en la seguridad área en España y en la asistencia a las víctimas. Después de la catástrofe, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación para las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro. Esta demanda llegó a la institución comunitaria de manos de la plataforma que preside Vera tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros que iban en el vuelo de Spanair. Cuatro años más tarde, España aprobó el Protocolo de Coordinación para la asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares en un Real Decreto que reconoce la labor de la asociación. Y, además, la AVJK5022 consiguió crear una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil. 

Pero, en cambio, la mayor demanda de la asociación todavía no se ha cumplido. Ahora, con la previsible creación de la comisión de investigación –si los grupos parlamentarios mantienen la misma postura saldrá adelante–, esperan que, al fin, una década después se conozca quién tuvo algún tipo de responsabilidad y se esclarezca exactamente cuál fue. "Hasta ahora sólo se ha acusado a los pilotos", critica Vera. Sin embargo, explica, existen otras causas a las que no se ha prestado atención.

Cuando se produce un accidente de este tipo, se envía la notificación del mismo a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, que se encarga de dirimir qué ocurrió –en términos exclusivamente técnicos– y, más tarde, emite un informe con sus conclusiones. Sin embargo, según Vera, son sólo "308 páginas dedicadas a ocultar la verdad". "Estas comisiones oficiales de investigación de accidentes del Ministerio de Fomento ni son independientes, ni oficiales, ni transparentes, ni fiables", dijo en el octavo aniversario del accidente. Entonces, al igual que ahora, la CIAIAC "señaló a los pilotos fallecidos como culpables del accidente". 

Como apunta el documento, "el accidente se produjo porque la tripulación perdió el control del avión como consecuencia de la entrada en pérdida inmediatamente después del despegue por no haber configurado el avión correctamente [...], tras una serie de fallos y omisiones, junto con la ausencia de aviso de la configuración incorrecta de despegue". Es decir, fallos humanos atribuibles a los responsables de operar el vuelo. 

Pero en cambio, sostiene Vera, "a esas personas las condenaron a muerte un mes antes, el 22 de julio". Se refiere a la fecha en la que Aviación Civil firmó una prórroga del certificado de aeronavegabilidad, que había caducado ese día. ¿Qué significa esto? El 22 de julio, un mes antes del accidente, el avión que operaba el vuelo debía ser revisado por completo pero, en cambio, como la solicitud de renovación del certificado fue presentada "con poca antelación", según el informe de la CIAIAC, se decidió permitir que siguiera volando un mes más, hasta el 22 de agosto de 2008. Dos días antes ocurrió la tragedia. 

La batalla judicial, reducida al proceso civil

La investigación judicial que se inició tras el accidente imputó, inicialmente, a cinco personas acusadas de delitos de homicidio imprudentea cinco personas. Tres de ellos, directivos de Spanair, fueron desimputados de la causa "sin que todavía se sepa por qué", critica Vera. Las otras dos personas, mecánicos de la compañía, lo fueron cuatro años más tarde, en 2012, cuando la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa. El tribunal, así, culpó única y exclusivamente a los pilotos que, según el fallo, no "configuraron adecuadamente para el despegue los flaps y slats del avión" (los alerones y estabilizadores para el despegue) ni "tampoco ejecutaron tres listas de comprobación, con lo que perdieron la oportunidad de detectar el error". 

De esta forma, tan sólo quedaba la vía civil para que las víctimas reclamaran las indemnizaciones correspondientes por el siniestro. Sin embargo, en este punto tampoco han tenido ninguna reparación del daño. Spanair tenía una póliza de seguros con Mapfre de 1.500 millones de euros, de los cuales tan solo han dedicado un 3% a las indemnizaciones lo que, en opinión de Vera, significa que "un accidente aéreo en España es un negocio para la aseguradora de turno". 

La aseguradora, que decidió indemnizar a los familiares de las víctimas como si lo fueran de un accidente de tráfico, consiguió llegar a un acuerdo con algunos de ellos. Otros, contrarios a esta decisión, decidieron demandar a Mapfre. Las familias invocaban en defensa de su petición el Convenio Internacional de Montreal, que establece una responsabilidad "ilimitada" de las aerolíneas en el caso de los accidentes aéreos, por lo que exigían indemnizaciones que en algunos casos rondaban los dos millones de euros por persona.

La justicia, tras resolver estas demandas, decidió aumentar las compensaciones a las víctimas, pero solo en parte. Así, acordó unas indemnizaciones conforme a las cantidades previstas para siniestros de tráfico, pero incrementadas en algunos casos un 50% y, en otros, un 25%. La disconformidad con la decisión llevó a algunas familias a presentar, de nuevo, un recurso, ya en segunda instancia. Ahora, todas ellas, se encuentran en este punto del proceso, en espera de la sentencia que dicten las audiencias provinciales. El único alivio es que hay un precedente que arroja un poco de esperanza para ellos: la Audiencia de Barcelona ha aplicado el Convenio de Montreal y la normativa comunitaria para acordar la compensación para los padres y la hermana de una de las víctimas en la tragedia. Las demás continúan esperando. 

El Congreso acuerda crear una comisión que investigue el accidente de Spanair de 2008 con la abstención del PP

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