Crisis económica

El consistorio de Barcelona 'perdona' los 157.000 euros de multa a un jubilado

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido paralizar los más de 300 procedimientos de sanción que había abierto contra el ciudadano Miguel Romero por pegar carteles en la vía pública, "a la espera de resolver en los próximos días el recurso presentado por el interesado", según ha informado en un comunicado. Romero se enfrentaba al pago de un total de 157.000 euros por la acumulación de estas multas.

El consistorio ha asegurado que con esta decisión "atiende las recomendaciones que le ha dirigido el Síndic de Greuges [el equivalente al defensor del pueblo en Cataluña], Rafael Ribó", quien pidió a la corporación que resolviese en el menor periodo de tiempo posible el recurso y que analizase "el origen y las características que motivaron las sanciones", así como que la sanción sea proporcional con respecto a los hechos si finalmente las multas se mantienen. De igual forma, según el propio Ayuntamiento, el Síndic ha pedido que se tengan en cuenta las circunstancias económicas que atraviesa el ciudadano –que está jubilado– a la hora de decidir la sanción.

La noticia saltó el pasado miércoles, cuando TVE informó de que un ciudadano había sido sancionado con 157.000 euros por pegar carteles en las calles ofreciendo sus servicios para realizar portes y traslados. Según contó el propio Miguel Romero a los periodistas de la cadena pública, sus anuncios buscaban conseguir unos ingresos extra para poder ayudar a sus dos hijos, desempleados. Además, TVE explicó que el vecino no sabía que había sido multado porque "su precaria situación le había obligado a cambiar de domicilio varias veces, por lo que no le había llegado ninguna notificación".

La versión de la corporación municipal es diferente. En su comunicado, el Ayuntamiento cuenta que "el 9 de abril de 2010, agentes de la Guardia Urbana impusieron la primera sanción a este hombre por esparcir folletos en el distrito de Horta-Guinardó. Los agentes entregaron la denuncia en mano al interesado, que rechazó firmarla, e se identificó con los datos que figuraban en su DNI. Días más tarde, el 20 de abril de 2010, la Guardia Urbana volvió a sancionarlo, en este caso por pegar carteles en el mobiliario urbano, y el ciudadano tampoco firmó la denuncia, que se le volvió a entregar en el mismo momento".

"Las dos sanciones no se pudieron llegar a notificar, ya que la persona multada no residía en la dirección del DNI", continúa narrando el consistorio, que asegura que "a partir de entonces el infractor continuó vulnerando la Ordenanza de Convivencia en diversos puntos de la ciudad durante los años 2011, 2012 y 2013".

Sin embargo, lo que el abogado de este vecino alega dista radicalmente de lo que cuenta el Ayuntamiento. Según él, Romero pegó en 2012 varios carteles por Barcelona y poblaciones del extrarradio, como Gavà y Terrassa; en estas dos, siempre según la historia del letrado, la policía local tuvo el "detalle" de llamarle por teléfono para advertirle que estaba realizando una actividad ilegal, sin multarle. No ocurrió lo mismo en Barcelona, donde según contó el abogado al diario La Vanguardia, posiblemente un mismo agente de la Guardia Urbana "fue siguiendo los carteles como si fueran miguitas" y poniendo denuncias por cada uno que encontraba, "con ensañamiento".

160.000 euros de multa a un jubilado por pegar carteles en la calle para sacarse un dinero haciendo portes

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