La campaña de descrédito a la que el PP ha sometido al Tribunal Constitucional (TC) a cuenta de la anulación, en 2024, de la sentencia de los ERE de Andalucía y el aval a la ley de amnistía repite un mantra. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, junto a los ultras de Vox y los principales colectivos de la derecha judicial sostienen que el órgano de garantías se ha convertido en una suerte de tercera instancia una de cuyas funciones –con la actual mayoría progresista– ha pasado a ser la de revocar sentencias firmes del Supremo invadiendo sus competencias. Los datos, sin embargo, no se compadecen con esa opinión. Desde enero de 2023, cuando el progresista Cándido Conde-Pumpido se convirtió en presidente, las resoluciones penales del Alto Tribunal anuladas en recursos de amparo fueron seis, frente a las cinco de los tres años anteriores en los que hubo mayoría conservadora. En 2024, el TC anuló 17 sentencias de las cinco salas del Supremo de los 6.125 recursos presentados contra sus resoluciones, un 0,2%, lo que indica que la tesis del PP no se sostiene.
La queja se lanzó por primera vez tras la revocación por el órgano de garantías de la condena de inhabilitación contra el exdiputado canario de Podemos Alberto Rodríguez con la que la Sala de lo Penal del Supremo, presidida entonces por el conservador Manuel Marchena, alteró la composición del Parlamento. "El Constitucional está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo: que ahora es un tribunal de instancia", dijo en enero de 2024 Feijóo en una entrevista en EsRadio. El líder del PP aseguró entonces que se sentía perplejo por la decisión del Constitucional sobre el parlamentario y aseguro que no existían antecedentes de que el Supremo estuviera "siendo corregido, es decir, siendo suplantado por el Tribunal Constitucional". La misma crítica se repitió con las sentencias que revocaron las condenas de los ERE y, de forma preventiva, ha vuelto a aparecer en fechas recientes con las futuras decisiones sobre la no aplicación de la amnistía por el Supremo a los líderes del procés o la condena al ex fiscal general del Estado.
Las acusaciones de Feijóo se producen con plena conciencia de que, al contrario que el Constitucional, el Tribunal Supremo cuenta con una clara mayoría conservadora entre sus miembros. Esa sensibilidad mayoritaria en el Alto Tribunal ha sido reforzada, además, por un Consejo General del Poder Judicial elegido en 2013 –con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy– y que fue prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar con el PSOE. El rodillo de la mayoría de vocales conservadores del Poder Judicial solo pudo frenarse mediante una reforma legal sacada adelante por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 que impidió nombrar magistrados al órgano de gobierno de los jueces mientras estuviera en funciones.
Seis amparos frente a cinco
Esa supuesta intromisión promovida por la actual mayoría progresista actual del Constitucional en las funciones del Tribunal Supremo no tiene un sustrato fáctico. Un vistazo al archivo de resoluciones del órgano de garantías muestra que, en realidad, las resoluciones del Alto Tribunal que llegan al órgano de garantías cada año son mínimas en comparación con la producción de sentencias de sus cinco salas, y la mayoría de las impugnadas proceden de la de lo Contencioso-Administrativo. Las resoluciones anuladas de la Sala de lo Penal por el Constitucional –como la de los ERE o la de Alberto Rodríguez– se cuentan cada año con los dedos de una mano. Y viene siendo así sea cual sea la sensibilidad mayoritaria en el tribunal de garantías. En los últimos tres años de mayoría progresista, el máximo intérprete de la Constitución ha otorgado amparos frente a seis resoluciones penales del Supremo. En los tres años anteriores, en los que los conservadores eran mayoritarios, esas mismas resoluciones fueron cinco.
Entre 2020 y finales de 2022 (trienio de mayoría conservadora), el Constitucional estimó que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal había vulnerado los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia de los 14 ultraderechistas que asaltaron el centro cultural catalán Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013. También consideró violado por esa misma Sala el derecho fundamental a la libertad de expresión del cantante del grupo Def Con Dos, César Strawberry. El Supremo, según el Constitucional, también vulneró otros derechos fundamentales de recurrentes en asuntos relacionados con el narcotráfico, como el derecho de defensa, o a un proceso con todas las garantías o a la libertad personal, en este último caso por haber mantenido en prisión a una condenada más tiempo de lo debido.
Tras la renovación de finales de 2022 que impuso una mayoría progresista y hasta el pasado 1 de enero solo se anuló una resolución penal más procedente del Supremo (seis en total). Además de la del diputado de Podemos Alberto Rodríguez (que declaró que el Supremo había vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal al imponerle una inhabilitación no prevista en el Código Penal para las penas de multa), el Constitucional amparó al líder de Bildu Arnaldo Otegi ante el intento del Alto Tribunal de juzgarlo de nuevo por el caso Bateragune, por el que había sido condenado a seis años y medio de cárcel que ya había cumplido.
Otra sentencia de la Sala de lo Penal en parte anulada en los últimos tres años fue la de los ERE al estimar los recursos de amparo de los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los de varios exconsejeros. Más allá de los casos con mayor trascendencia política, el órgano de garantías también tumbó la condena del único acusado por el crimen de la viuda del presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), así como otra resolución relacionada con un asesinato machista.
Según el PP, un "órgano político"
Así pues, para el PP, lo que con una mayoría conservadora no suponía ningún problema, sí lo es cuando son los magistrados a propuesta del PSOE los que están más representados en el Constitucional. Hasta el punto de que su vicesecretario institucional, Esteban González Pons, llegó a referirse al órgano de garantías como el "cáncer del Estado de derecho" (luego pidió perdón).
Feijóo insiste en cuanto le preguntan –y más después de las sentencias de los ERE y la que avaló la ley de amnistía– en que el tribunal de garantías es un "órgano político" que, como sostiene su número dos, Miguel Tellado, "está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez". El principal partido de la oposición, que logró colocar a uno de sus afiliados en la presidencia (Francisco Pérez de los Cobos), nombró magistrado a uno de sus diputados más veteranos (Andrés Ollero) y elige siempre perfiles muy próximos (como Enrique Arnaldo o Concepción Espejel) como magistrados. Y sus votos han sido decisivos para designar a ocho de sus 12 miembros. También a los progresistas.
Pese a haber obtenido dos mayorías absolutas en lo que va de siglo –con José María Aznar y Mariano Rajoy–, la formación conservadora nunca ha restringido el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trata del precepto que permite recurrir en amparo ante el Constitucional las decisiones judiciales –también las del Supremo– que vulneren derechos fundamentales siempre que se den tres condiciones: que se hayan agotado los recursos judiciales, que la violación del derecho sea imputable directamente a una acción u omisión del órgano judicial y que esta haya sido formalmente denunciada a lo largo del proceso si hubo oportunidad para ello.
Fuentes del Constitucional recuerdan que, según la memoria de 2024, ese año se recibieron 6.125 recursos de amparo contra resoluciones, no solo penales, sino también del resto de las Salas del Alto Tribunal –Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar–. De todas ellas, solo se anularon 17 (un 0,2%), lo que indica que, al contrario de lo que mantienen el principal partido de la oposición y la derecha judicial, el órgano de garantías avala la inmensa mayoría del trabajo de la más alta instancia judicial española. En el año anterior, también con mayoría progresista en el tribunal, solo se anuló una. Con mayoría conservadora, en 2018 se revocaron cuatro; 19 en 2019; dos en 2020; ocho en 2021 y cuatro en 2022. "Desde que se creó el Tribunal Constitucional, cada año ha habido anulaciones del sentencias del Supremo mediante la estimación de recursos de amparo", recuerdan desde el órgano. "El argumento de la injerencia en el Alto Tribunal, por tanto, no se sostiene".
La campaña de descrédito a la que el PP ha sometido al Tribunal Constitucional (TC) a cuenta de la anulación, en 2024, de la sentencia de los ERE de Andalucía y el aval a la ley de amnistía repite un mantra. El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, junto a los ultras de Vox y los principales colectivos de la derecha judicial sostienen que el órgano de garantías se ha convertido en una suerte de tercera instancia una de cuyas funciones –con la actual mayoría progresista– ha pasado a ser la de revocar sentencias firmes del Supremo invadiendo sus competencias. Los datos, sin embargo, no se compadecen con esa opinión. Desde enero de 2023, cuando el progresista Cándido Conde-Pumpido se convirtió en presidente, las resoluciones penales del Alto Tribunal anuladas en recursos de amparo fueron seis, frente a las cinco de los tres años anteriores en los que hubo mayoría conservadora. En 2024, el TC anuló 17 sentencias de las cinco salas del Supremo de los 6.125 recursos presentados contra sus resoluciones, un 0,2%, lo que indica que la tesis del PP no se sostiene.