El bulo que Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha Miguel Ángel Rodríguez (MÁR) intentaron divulgar desde el momento que se conoció la denuncia contra la pareja de la presidenta, que existía una conspiración de Estado organizada por la Fiscalía, el Gobierno y una juez contra Alberto González Amador, se ha vuelto escuchar este jueves ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en las alegaciones finales de las partes en el juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. Su autor, esta vez, no ha sido el primer asesor de Ayuso, sino el abogado del novio de esta, Gabriel Rodríguez-Ramos. El letrado ha recurrido a nuevos bulos y suposiciones sin pruebas para tratar de acreditarla. También ha mostrado, sin decirlo, su preocupación por las declaraciones de los periodistas, cuatro de los cuales avisaron al tribunal de que el fiscal general no fue su fuente. Ha pedido que sus testimonios se valoren como los de los acusados –que tienen derecho a no decir la verdad– porque actuaron "en connivencia con su fuente".
El objetivo de la supuesta operación de Estado detallada por Rodríguez-Ramos parte de que su objetivo era "crear un relato de culpabilidad firmado y en boca del ministerio fiscal" para que luego pudiera utilizarse desde el Gobierno políticamente contra la presidenta madrileña y su pareja. Ese "relato de culpabilidad" se habría logrado mediante la difusión a los medios de la nota de prensa que desmintió el bulo difundido por MÁR entre sus medios afines.
Según el abogado de la pareja de Ayuso –que también lo defiende en el caso por dos delitos fiscales, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios que se sigue contra él en el juzgado de Instrucción 19 de Madrid– como no era legal difundir directamente en un comunicado oficial que González Amador había confesado, García Ortiz decidió filtrar el correo que otro de los abogados del novio de Ayuso, Carlos Neira, había enviado al fiscal del caso para su confesión. De esa manera, el fiscal general se habría garantizado que la nota no desvelaba nada que ya hubiera sido publicado con anterioridad.
Para construir ese relato, el letrado ha añadido nuevos bulos a los que se han acreditado durante la instrucción y el juicio, como que fueron García Ortiz y su directora de comunicación Mar Hedo los que, en la noche del 13 de marzo de 2024 filtraron al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos el correo con la confesión enviado a Fiscalía y el borrador de la nota que se iba a publicar al día siguiente "en unidad de acto". Lo sostiene pese a que entre las llamadas de García Ortiz, consta una de Campos esa noche que no fue respondida por el fiscal general. Sin embargo, los cuatro segundos de la locución del buzón de voz del jefe del Ministerio Público son para Rodríguez-Ramos la prueba indubitada de que "se comunicaron". Algo que ha reforzado aireando una sospecha de la que no existe ninguna evidencia: "Ninguno de ellos nos mostraron sus comunicaciones de esos momentos, ¿habría habido algún problema en que las mostraran?". El abogado de Amador no sabe si hablaron, ni cuándo, ni de qué.
Toda esta operación de Estado liderada por García Ortiz se hizo, según el abogado del novio de Ayuso, a espaldas de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, en cuyo relato que presenta al fiscal general como un filtrador –también sin ninguna prueba– se basan las cuatro acusaciones. A Lastra, según el letrado, se le ocultó la redacción de la nota –pese a que tanto ella como García Ortiz aseguraron que estaban de acuerdo en sacarla, aunque no en su contenido– porque se oponía a ella. Rodríguez-Ramos ha dado total credibilidad a Lastra que, durante su testimonio, pidió que los fiscales implicados no mandaran información a García Ortiz porque la iba a filtrar. Lastra hizo esas manifestaciones, sí, pero no aportó una sola prueba de ellas.
El "relato de culpabilidad oficial" creado, según la defensa de González Amador por el fiscal general del Estado con su nota de prensa para desmentir el bulo generado por el entorno de su cliente, fue utilizado después por el Gobierno. El letrado ha detallado algunas citas atribuidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y al de Transición Digital, Óscar López que, desde entonces, se refirieron a la pareja de la presidenta como "defraudador" o "delincuente confeso".
La misma supuesta estrategia diseñada por el fiscal general para dar la nota y lanzar ese "relato de culpabilidad" fue la que se empleó desde Presidencia del Gobierno para que el entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, pudiera mostrar el correo que demostraba las mentiras de MÁR a Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control del 14 de marzo de 2024. Según el abogado de González Amador, como Lobato puso pegas a mostrarlo en la Asamblea de Madrid, desde Moncloa, el entonces secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y la jefa de gabinete de Oscar López, Pilar Sánchez Acera, lo filtraron a el diario elplural.com. Esa maniobra de la que tampoco hay ninguna evidencia y ha sido desmentida en sus declaraciones por sus supuestos autores, permitió que, finalmente, Lobato mostrara el correo.
Cuatro de los 12 periodistas que han comparecido como testigos han asegurado ante el tribunal, bajo juramento y con obligación de decir verdad bajo pena por falso testimonio, que García Ortiz no fue la fuente que les facilitó ni la demanda contra González Amador, ni su expediente tributario, ni los correos que intercambió con el fiscal del caso, en uno de los cuales confesó que "ciertamente" había cometido sus delitos. Uno de ellos, el subdirector de El País y actual director adjunto de eldiario.es ha ido más allá y ha situado su fuente en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, cuya máxima responsable es, precisamente Lastra.
El letrado Rodríguez-Ramos es consciente de que esas declaraciones introducen una duda razonable que los magistrados tendrán dificultades para despreciar. Por eso se apresuró a que, el hecho de que los periodistas tengan el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, los convierte poco menos que en cómplices de García Ortiz. Si situación, ha dicho, es "análoga a la de los acusados" y su interpretación exige "cautelas especiales" porque "no tienen obligación de responder". Después afirmó que los periodistas que aseguraron que el fiscal general no les filtró nada "actuaban en connivencia con él". En realidad, los periodistas pueden exclusivamente no contestar a las preguntas sobre la identidad sobre sus fuentes, pero sobre todo lo demás tienen obligación de decir verdad. Si se demuestra que no lo han hecho, se puede abrir un proceso penal contra ellos.
Como hizo en varias ocasiones el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, ha dado por seguro que, entre los datos borrados del teléfono móvil del fiscal general y de su correo Gmail (que posteriormente cerró), se encontraban las pruebas de su delito. En realidad, a horas de que el presidente dé por concluido el proceso con el "visto para sentencia", tras un año y medio de investigaciones y juicios, ni Rodríguez-Ramos ni ninguna otra acusación, tampoco ninguno de los siete miembros del tribunal, saben exactamente lo que hubo en algún momento en el móvil del fiscal general del Estado.
El bulo que Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha Miguel Ángel Rodríguez (MÁR) intentaron divulgar desde el momento que se conoció la denuncia contra la pareja de la presidenta, que existía una conspiración de Estado organizada por la Fiscalía, el Gobierno y una juez contra Alberto González Amador, se ha vuelto escuchar este jueves ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en las alegaciones finales de las partes en el juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. Su autor, esta vez, no ha sido el primer asesor de Ayuso, sino el abogado del novio de esta, Gabriel Rodríguez-Ramos. El letrado ha recurrido a nuevos bulos y suposiciones sin pruebas para tratar de acreditarla. También ha mostrado, sin decirlo, su preocupación por las declaraciones de los periodistas, cuatro de los cuales avisaron al tribunal de que el fiscal general no fue su fuente. Ha pedido que sus testimonios se valoren como los de los acusados –que tienen derecho a no decir la verdad– porque actuaron "en connivencia con su fuente".