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Gasto público

Defensa pagará 32 millones a un empresario indultado para que vigile sus edificios

Pedro Morenés, ministro de Defensa, en el Senado, el pasado 29 de enero.

Miguel Ángel Ramírez, el empresario dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria que fue indultado por el Gobierno, no deja de acumular contratos con la Administración. Si hace apenas dos meses el Gobierno le adjudicó por segunda vez la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios tan sólo nueve meses después de concederle la medida de gracia, este jueves el BOE ha publicado la formalización de un acuerdo marco por el cual el Ministerio de Defensa pagará casi 32 millones de euros a su compañía en dos años para que se encargue de la seguridad de 127 edificios del departamento dirigido por Pedro Morenés.

Según ha recogido el blog El BOE nuestro de cada día, en enero Seguridad Integral Canaria ya resultó adjudicataria de un contrato de tres meses y 700.000 euros para encargarse de la seguridad de varios complejos militares y subdelegaciones de Defensa. Sin embargo, este nuevo acuerdo –que fue adjudicado en junio y ha sido formalizado este jueves– es de mucha mayor cuantía, ya que supondrá que la empresa de Ramírez se embolse 15.937.122 euros por cada uno de los dos años en los que se ocupe de la vigilancia de edificios. O eso es lo que Defensa estima, ya que las cantidades indicadas sólo tienen carácter orientativo, si bien el coste final no podrá superar esa cifra.

El acuerdo marco, además, ofrece la opción de que el acuerdo con Seguridad Integral Canaria se prorrogue dos años más allá de la fecha inicial, es decir, hasta 2017. Los edificios en los que la empresa de Ramírez tendrá que prestar servicios de seguridad y vigilancia se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional, y entre ellos hay desde cuarteles, residencias y bases militares hasta museos del ejército o subdelegaciones de Defensa. Pero, además de los 32 millones que se gastarán en contratar estos trabajos, el departamento de Morenés también pagará –en este caso a la empresa Proman– más de 11 millones para cubrir los servicios de conserjería en estos edificios.

Varios contratos con la Administración

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Miguel Ángel Ramírez fue condenado en firme en 2011 a tres años y un día de prisión por haberse construido un chalé en terrenos protegidos por cuestiones medio ambientales, una sanción que también incluía inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación para el ejercicio de la construcción por un tiempo de tres años y un día y el pago de casi 44.000 euros de multa. No obstante, y pese a que su pena conllevaba el ingreso en prisión, Ramírez nunca entró en la cárcel, ya que el Gobierno le redujo la pena a tan sólo dos años, con lo que evitó que fuese encarcelado. El indulto, en cualquier caso, sí mantuvo la multa y las inhabilitaciones, así como la obligación de derribar la edificación construida ilegalmente.

Pero Ramírez, además de presidir Seguridad Integral Canaria y el club de fútbol UD Las Palmas, también era apoderado de una compañía que donaba importantes cantidades de dinero al PP, según denunció en una pregunta parlamentaria el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella. El diputado señaló que la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 –"de la que fue apoderado el señor Ramírez hasta enero de 2011 y de la que ahora posee el 0,5% de las acciones"– entregó 50.000 euros en 2011 y 100.000 en 2010 a la formación conservadora, algo que, a juicio del diputado, daba "una apariencia de parcialidad al indulto de que ha sido objeto". Sin embargo, el Ejecutivo negó en su respuesta tener conocimiento de las empresas en las que participa Ramírez.

No obstante, la relación del empresario con la Administración viene de lejos y ha sido muy fructífera para sus negocios. Además de esta nueva adjudicación, Seguridad Integral Canaria lleva desde 2011 ocupándose de las labores de vigilancia en el complejo de Nuevos Ministerios en Madrid, una tarea por la que se embolsa 2,8 millones de euros. A ese contrato hay que sumarle el que firmó, también durante ese año, con Metro de Madrid, donde la compañía de Ramírez se encarga de la seguridad en varias zonas a cambio de más de dos millones y medio de euros.

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