El Defensor del Pueblo exige a 30 administraciones información sobre sus políticas de vivienda
El Defensor del Pueblo ha pedido conocer cómo se acabará con la crisis de vivienda. Lo ha hecho mediante 30 actuaciones de oficio dirigidas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a las 17 comunidades autónomas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas del país.
La institución que dirige Ángel Gabilondo recuerda que es la propia Constitución Española la que establece que el acceso a una vivienda digna es un derecho. Sin embargo, apuntan, a que la suma de problemas que se producen alrededor de este derecho lo está convirtiendo en un creador de mayor desigualdad: "El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública". De esta manera, la vivienda condiciona, a juicio del Defensor del Pueblo, el bienestar, el desarrollo personal y el poder disfrutar del resto de derechos.
Con estas actuaciones, se solicita información sobre cuestiones como la cantidad de viviendas protegidas que se están poniendo a disposición por cada una de las instituciones autonómicas y municipales y cuántas personas están en espera de poder acceder a una de ellas. También se piden datos sobre qué medidas se están tomando para poder aumentar la oferta, incluido si van a aplicar la ley estatal de vivienda y cuales son las zonas tensionadas.
En lo relativo al Gobierno central, el Defensor del Pueblo apunta hacia las posibles nuevas medidas que se puedan adoptar, como la famosa empresa pública de vivienda, y cómo se ha aplicado la legislación actual.
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El Defensor del Pueblo ha expresado que “es necesario aumentar la oferta de vivienda, especialmente la de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil”.
La vivienda social es una de las tareas pendientes de España, que en comparación con el resto de países europeos, tiene una oferta insuficiente. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la vivienda social sólo representaba el 3,3% de toda la vivienda en España. Una cifra muy alejada de la media europea de 10%.
Desde el Defensor del Pueblo, señalan al turismo y a la masificación de las ciudades como los impulsores de las desigualdades en vivienda, que afecta sobre todo a los jóvenes y a los más vulnerables económicamente, los cuales no tienen alternativas para poder acceder a una vivienda asequible.
