El último juez en sufrir un veto de la derecha judicial para acceder a la élite de la judicatura española ha sido José Ricardo de Prada. Y no es la primera vez. El magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del tribunal internacional de la ONU para los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, uno de los mejores penalistas de España y para muchos el máximo experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, optaba a una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Pero los conservadores del CGPJ lo vetaron –con la aquiescencia de los progresistas– y, finalmente, un magistrado con menos currículo que él se quedó con el puesto. ¿La razón? Fue uno de los autores de la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en 2018, resolución cuya resaca terminó generando la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.
Haber condenado al PP es algo que la derecha judicial no ha perdonado a De Prada. Pese a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó íntegramente esa condena con ligeros ajustes. Esa resolución generó otro veto previamente, en 2024, cuando el PP, en la última renovación del Consejo, exigió que PSOE y Sumar lo retiraran de la lista de vocales progresistas. La primera sentencia de Gürtel contó con un voto particular discrepante que rechazaba la condena al PP, el firmado por el conservador Ángel Hurtado. Hurtado también se negó a que Mariano Rajoy declarara como testigo en el juicio que dio lugar a la condena. Dos años después, en 2020, ascendió al Supremo, donde ha protagonizado la que, probablemente, ha sido la más polémica y cuestionada instrucción de los últimos años, la del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, contra el que no consiguió una sola prueba en toda su investigación. Pese a ello, cinco de sus compañeros de sala, no dudaron en condenarlo. Dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, negaron la existencia de una sola evidencia en un voto particular discrepante.
Ana Ferrer fue propuesta en junio de 2024 por los 10 vocales progresistas del recién renovado órgano de gobierno de los jueces para presidirlo. Sin embargo, los otros 10 conservadores la vetaron, de la misma forma que hicieron con Pilar Testo, también propuesta por la izquierda judicial para el puesto. Los consejeros propuestos por el PP denostaron en los debates a Ferrer (también a Teso) por considerarla "la candidata del Gobierno". Ferrer, junto a una compañera de sala, la también progresista Susana Polo, había firmado un voto particular discrepante contra la sentencia en la que sus compañeros de la Sala Segunda confirmaron las condenas del caso ERE, entre ellas las de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su criterio fue el que luego siguió el Tribunal Constitucional, que terminó rebajando considerablemente las condenas de los cargos políticos condenados. Mientras los vocales debatían si aceptaban a Ferrer como presidenta (al final no fue así), la magistrada firmó otro voto particular discrepante contra la no aplicación de la amnistía a los líderes independentistas condenados y procesados del procés.
El veto de los conservadores a Ferrer volvió a producirse cuando presentó su candidatura a presidir la Sala de lo Penal. Lo tenía todo a su favor para conseguirlo. Al ser mujer, la ley de paridad la colocaba como idónea para el nombramiento y el programa de actuación con el que concurrió a la convocatoria (que pedía máxima transparencia en la sala que antes presidía Manuel Marchena), era mucho mejor que el de su contrincante, el magistrado que resultó finalmente elegido, Andrés Martínez Arrieta, que, a diferencia de Ferrer, está a punto de llegar a la edad de jubilación. Pese a que la presidencia tenía que ser para una magistrada, los conservadores no dejaron de oponerse a la aspirante hasta provocar que retirase su candidatura. Ferrer fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 2014. Previamente presidió la Audiencia Provincial de Madrid, así que sus méritos para administrar un tribunal son más que sobrados. Su prestigio entre sus compañeros es indudable, pero la derecha judicial le impide cualquier tipo de progreso.
Pero la carrera más meteórica hacia el Supremo ha sido, quizás, la de la conservadora Carmen Lamela. De llegar en 2014 a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional desde la Audiencia Provincial de Madrid, solo cuatro años después, en julio de 2018, desembarcó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo gracias a un Consejo –el presidido por Carlos Lesmes– escorado a la derecha. En medio de esas dos fechas Lamela fue la primera instructora de la causa del procés, que después asumió el Supremo, y encarceló a sus principales líderes (fue autora de la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont tras su huída). También abrió una causa por sedición contra el jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que terminó archivada.
Pero fue cuando ya ejercía en el Alto Tribunal cuando se conoció un error que quizá nunca le habría permitido llegar a ese destino. La Audiencia Nacional absolvió al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, en una causa que había investigado ella. Lamela mantuvo al exdirectivo blaugrana 21 meses en prisión incondicional en Soto del Real (entre mayo de 2017 y febrero de 2019). Rosell le pidió su excarcelación en 12 ocasiones, pero ella hizo caso omiso. La magistrada de los ascensos meteóricos había cometido el peor fallo que se puede achacar a un juez de instrucción: mantener injustificadamente en la cárcel a un inocente cuya acusación, según afirmaron sus compañeros de la Sala Penal del Supremo cuando les llegó el recurso de casación, era inconsistente. Lo primero que hicieron los tres magistrados de la Audiencia que lo juzgaron y absolvieron previamente fue ponerlo en libertad al inicio de la vista en la que quedó exonerado.
El último juez en sufrir un veto de la derecha judicial para acceder a la élite de la judicatura española ha sido José Ricardo de Prada. Y no es la primera vez. El magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del tribunal internacional de la ONU para los crímenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, uno de los mejores penalistas de España y para muchos el máximo experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, optaba a una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Pero los conservadores del CGPJ lo vetaron –con la aquiescencia de los progresistas– y, finalmente, un magistrado con menos currículo que él se quedó con el puesto. ¿La razón? Fue uno de los autores de la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en 2018, resolución cuya resaca terminó generando la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.