POLÍTICA MUNICIPAL
Diez años de entierros ilegales en los cementerios de un pueblo de Ávila
La Junta de Castilla y León ha mandado parar a los obreros que llevaban un par de semanas construyendo nichos en los tres cementerios de San Juan de Gredos, un pueblo de apenas 300 habitantes encaramado en la sierra de Ávila. A casi 1.400 metros de altitud y a orillas del río Tormes crecieron en su día y hoy sestean La Herguijuela, Navacepeda de Tormes y San Bartolomé, las tres pedanías que conforman el término municipal. Cada una con su camposanto. Dos de ellos construidos en 1995 y 2005, el tercero con más de 150 años, y los tres sin autorización sanitaria. Lo que no ha sido obstáculo para que casi una veintena de vecinos hayan sido enterrados tras sus muros durante una década en los nuevos y siguiera utilizándose, hasta saturarlo, el antiguo. El Ayuntamiento cobra 600 euros por cada nicho ocupado durante 75 años.cobra 600 euros
“Los de San Juan de Gredos van a ser ahora los únicos cementerios de toda Castilla y León con autorización sanitaria”, adelanta, molesto, el secretario municipal, Ricardo Martín López, tras asegurar que ya ha enviado a la Consejería de Sanidad toda la documentación que le han reclamado. Escuda la ilegalidad en el mal de muchos. Según dice, el 90% de los camposantos castellanoleoneses carece de permiso. “Menos los nuevos”, matiza enseguida. Los de su pueblo lo son, datan de 2005, se le apunta. “Bueno, los que tengan 200 años seguro que no cuentan con autorización ninguna”.
Martín López desdeña el asunto. “Burocracia”, protesta. Lo atribuye a la campaña electoral. El alcalde, Zacarías Moreno Chaves, lleva 16 años repitiendo mandato con el PP y aspira a un quinto el próximo día 24. Los cinco concejales del pleno son populares, después de que el edil que consiguió el PSOE en 2011 –un candidato cunero que nadie conocía en el pueblo– renunciara a su silla. El próximo día 24 tendrá que enfrentarse con un nuevo rival, una Agrupación Electoral de Independientes y Simpatizantes.
El caso es que los 1.000 metros cuadrados del cementerio de San Bartolomé de Tormes, una de las pedanías, se ubican en una parcela de 55 hectáreas propiedad de una sociedad limitada, Explotación SBT, en la que se han integrado 230 vecinos. Un antiguo descansadero en una vía pecuaria, alega el secretario municipal, en quien Zacarías Moreno ha delegado dar las explicaciones necesarias a este periódico. Sostiene, además, que la propiedad del terreno no está clara. Que el catastro no prueba quién es el titular, haría falta una escritura e “investigar”. Así que el Ayuntamiento optó por una solución más rápida, relata el secretario, ofrecer a los vecinos una permuta con otra parcela de 4.000 metros cuadrados. La sociedad responde que, de momento, sólo se les ha hecho la propuesta por teléfono y que deberán aprobarla todos sus miembros.
Constituida el pasado año, su portavoz asegura que en 2005 el Ayuntamiento se limitó a preguntar a algunos de los vecinos si le cedían la parcela para el cementerio –se lo dieron, asegura–, pese a que habría necesitado el permiso de todos los propietarios. Además, la parcela no tiene la calificación urbanística legal, sigue siendo una finca rústica. De hecho, como zona de pastos, recibe subvenciones de la Política Agraria Común (PAC).
“Es una cuestión de respeto”, advierte el portavoz, “lo que queremos es negociar en igualdad. ¿Cómo no van a ceder los vecinos un terreno para construir el cementerio si hace falta?”.
Los vecinos limpian y adecentan
El cementerio de San Bartolomé es apenas un pedazo de tierra encerrado tras un muro de bloques de piedra. Sólo guarda una quincena de tumbas. La sociedad de los vecinos asegura que en estos 10 años el Ayuntamiento no ha hecho limpieza o mantenimiento alguno en su interior. “Nosotros le pusimos el nombre a la entrada, las cruces de madera en las esquinas, plantamos árboles, lo hemos limpiado…”, explica Elisa Jiménez, que enterró allí a su padre y a su abuela en 2007 y 2008 y denunció ante la Consejería de Sanidad la falta de autorización. Bloques de hormigón apilados, sacos de cemento, bolsas de plástico quedaban abandonadas tras cada sepelio. Es el alguacil el encargado de los enterramientos, pero son los familiares quienes a veces deben terminar de echar las paladas de tierra, relata Jiménez.
Dos sepulturas preparadas en el cementerio de San Bartolomé de Tormes.
Probablemente dibuja una estampa habitual en muchos pueblos de Castilla y León, una de las comunidades más despobladas de España y de la Unión Europea. El 80% de sus 2.248 municipios tiene menos de 1.000 vecinos. La mitad de sus 2,5 millones de habitantes vive en núcleos de entre 100 y 500 personas; el 30%, en municipios de menos de 100 vecinos. También es de las regiones más envejecidas: en el 73% de sus pueblos casi un tercio de los habitantes supera los 65 años. Ahora, son los hijos y nietos de San Juan de Gredos, que regresan fines de semana y vacaciones, quienes se están organizando y reclaman servicios, transparencia y “respeto”.
Ricardo Martín, el secretario municipal lo resume con un punto de amargura al descartar que la disputa con los vecinos sea por los terrenos. Al Ayuntamiento, dice, le sobran: “Tengo 3.000 hectáreas de pasto sin ganaderos”.
La sanción “no compensa”
Pese a que la apertura de un cementerio sin la correspondiente autorización sanitaria supone una infracción grave que puede ser sancionada con hasta 60.000 euros, la Consejería de Sanidad no tuvo en principio más interés en cumplir la ley que el Ayuntamiento de San Juan de Gredos había demostrado en los últimos 10 años. Una portavoz de ese departamento aseguró a infoLibre que no se iba a multar al consistorio porque “no compensa”. Como no hay riesgo para la salud pública, añadió, no se van a suspender los enterramientos. “La Delegación de Sanidad en Ávila ya se ha puesto en contacto con el consistorio para que pidan la autorización”, indicó.
Un grupo de vecinos planta árboles en el acceso al cementerio ilegal.
Un día más tarde, sin embargo, la misma consejería ordenó paralizar la construcción de los nichos en los tres cementerios del municipio, unas obras para las que tampoco había solicitado autorización el Ayuntamiento, pero sí una subvención a la Diputación de Ávila, revelan los vecinos.
Ni informe geológico, ni osario, ni depósito de cenizas
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Así que, con una década de retraso, San Juan de Gredos va a remitir el informe hidrogeológico del solar que le exige el decreto de la Junta de Castilla y León sobre policía sanitaria mortuoria de 2005. Debe indicar la permeabilidad del terreno y la variación anual del nivel freático, para que conste que no hay riesgo de contaminación del agua de la que luego se abastezcan los vecinos o el ganado, que pasta no muy lejos.
Según el mismo decreto, el cementerio debería tener dónde depositar cenizas, un osario, un depósito de cadáveres y abastecimiento de agua. Una infraestructura básica de la que carece. “Ofrecimos al Ayuntamiento firmar un convenio de colaboración”, explica Elisa Jiménez, “estaríamos nosotros allí donde ellos no llegaban, pero no nos contestaron".
El secretario municipal no tiene ninguna duda de que conseguirá todos los papeles en un par de semanas –niega que haya filtraciones o problemas con acuíferos– y que el litigio se apagará al mismo tiempo que cierren los colegios electorales la noche del día 24. Después se permite citar a Miguel Delibes en El disputado voto del señor Cayo: “Pueblo pequeño, infierno grande”.