El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre el espionaje a políticos independentistas y también a miembros del Ejecutivo como él mismo, pero ha subrayado que estas escuchas no "pillan de nuevas" a los nacionalistas vascos y que, por tanto, no les llevarán a replantearse su relación con el Gobierno de coalición.
"Alguien tiene que dar alguna explicación de algo", ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso, añadiendo que aún no hay fecha para que acuda a la Comisión de Gastos Reservados la directora el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.
Esteban ha dejado claro que, "sea o no una cortina de humo" el anuncio de que también se espió a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, eso "no puede ocultar la necesidad" de que se investiguen las escuchas a independentistas.
El Gobierno estima que en España hay escolarizados "casi 13.000" niños desplazados por el conflicto bélico en Ucrania, según lo explica en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado del PP Óscar Clavell.
En concreto, el 'popular' se interesa por el grado de cumplimiento por parte de las administraciones educativas del incremento de un 10% para atender la escolarización de los alumnos miembros de una familia de refugiados ucranianos que no han podido ser escolarizados en el mismo centro en Extremadura.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo asegura que "las dificultades señaladas están resueltas" y que "las comunidades autónomas están garantizando la escolarización de los desplazados provenientes de Ucrania con rapidez" y "con la utilización de todas las opciones que tienen para poder hacerlo, según estiman más adecuado".
Del mismo modo, señala que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha establecido mecanismos para actuar de manera coordinada con las autonomías, compartir información y buenas prácticas y ajustar los recursos a las necesidades específicas de cada caso.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a avisar de que el caso de los espionajes, también después de que el Gobierno haya denunciado que el presidente Pedro Sánchez fue una de sus víctimas, es un "escándalo de dimensiones mayúsculas" que "se puede cargar la legislatura".
En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha asegurado que el Gobierno de coalición tiene "credibilidad cero" y que sus explicaciones han sido "patéticas", pues hace cinco días se negaba el espionaje a políticos independentistas con 'Pegasus' y ahora "pasan de supuestos culpables a víctimas". "Y entiendo el escepticismo porque (lo de Sánchez) son supuestos espionajes de hace un año y nos lo dicen ahora, pero ya me da lo mismo, me da igual si es una cortina de humo o no", ha añadido.
A su juicio, el tema se agrava con el hecho de que "el móvil más protegido" del país, que es el del presidente, fuera espiado de forma ilegal. "Como demócrata, me escandaliza que los máximos responsables de los servicios de inteligencia no haya sido capaces de evitarlo y se enteren un año después".
En ese contexto, ha insistido e la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso y ha alertado ante el voto contrario del PSOE. "No son conscientes de las consecuencias de ese voto, esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura --ha insistido--. No es una amenaza ni una advertencia, es pura información, no es opinable".
En su caso, aunque no estaba en la lista de políticos independentistas víctimas de 'Pegasus', ha dado por hecho que sí ha sido espiado: "Hace mucho tiempo que sé que me espían, que no tengo fotos de mi hijo en el mi móvil -ha confesado-. Es lo que hay".
El Ministerio de Economía de Francia ha bloqueado 64 propiedades de oligarcas rusos en todo su territorio con un valor total de 700 millones de euros, según ha adelantado el diario 'Le Parisien'.
Las propiedades están ubicados en París, los Alpes, Costa Azul, País Vasco francés y Antillas francesas. Además de bienes inmuebles, las autoridades fiscales francesas han bloqueado yates, buques de carga, helicópteros, obras de arte y activos financieros por un total de 24.000 millones de euros.
Entre los grandes perjudicados están el todavía propietario del Chelsea Futbol Club, Roman Abramovich, pero también Viktor Rashnikov, accionista mayoritario de uno de los mayores productores de acero del mundo; o el oligarca Arkadi Rotenberg.
La ONU y Cruz Roja han concluido "con éxito" la operación de evacuación organizada en los últimos días desde la ciudad de Mariúpol, con vistas también a sacar de la zona a civiles atrapados en la planta de Azovstal, y más de un centenar de personas han podido llegar a Zaporiyia.
La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, Osnat Lubrani, se ha mostrado "aliviada" por el fin de esta delicada operación, gracias a la cual ella misma ha podido escuchar de primera mano "historias devastadoras" que dan cuenta del "infierno" vivido.
"Pienso en las personas que siguen atrapadas. Haremos todo lo posible para ayudarlas", ha dicho Lubrani en Twitter, en un sentimiento también expresado por Cruz Roja, que ha lamentado el "inimaginable horror" de Azovstal.
Al convoy de autobuses y ambulancias se han ido sumando por el camino desde Mariúpol a Zaporiyia personas solas o en familia en vehículos particulares. En total, más de cien personas, aunque el CICR ha reconocido que esperaba que fuesen más.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado este martes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que los países de la Unión Europea (UE) "ignoran los crímenes de guerra y el bombardeo masivo" de localidades en el Donbás supuestamente cometidos por las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión.
Putin y Macron han mantenido una conversación telefónica que ha durado dos horas y en la que el primero ha señalado que Occidente "podría ayudar a detener estas atrocidades" ejerciendo una "influencia adecuada" sobre las autoridades de Kiev y dejando de suministrar armas a Ucrania.
Además, ha descrito los "enfoques fundamentales" que requiere Moscú para negociar con la parte ucraniana, según ha transmitido el Kremlin en un comunicado. El presidente ruso ha indicado a Macon que "Rusia todavía está abierta al diálogo", aunque Ucrania muestre "inconsistencia y falta de preparación" en el marco de las negociaciones para alcanzar la paz, una crítica recurrente de la parte rusa.
La Comisión Europea ha adoptado este martes el plan del Gobierno de 18 millones de euros para ayudar a la flota más afectada por el alza de los precios tras la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania.
El objetivo del plan español es asegurar liquidez a las empresas del sector afectadas por la crisis actual, para lo que ofrecerá subvenciones directas de un máximo de 35.000 euros por beneficiario hasta el 31 de diciembre de este año.
El Ejecutivo comunitario considera que se trata de un programa que cumple los criterios del marco temporal que permite ayudas de Estado por la excepcionalidad de la crisis, porque prevé medidas "necesarias, apropiadas y proporcionadas" para poner remedio a las graves distorsiones de la economía.
Estas ayudas a buques y empresas armadoras oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto y fueron aprobadas en Consejo de Ministros a finales de marzo
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha presumido este martes de su "responsabilidad", "lealtad" y "sentido de Estado" tras impedir con sus votos una comisión de investigación sobre el presunto espionaje, pese a las "descalificaciones" que el PSOE ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su entender, esa comisión solo persigue "debilitar al Estado y curiosamente viene de la mano de su socio de Gobierno, Podemos, y de los socios de investidura".
En concreto, el PSOE ha rechazado con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos debatir en el Congreso la comisión de investigación pedida por su socio de Unidas Podemos y otros nueve partidos sobre el supuesto espionaje a independentistas catalanes. Sin embargo, no ha podido evitar que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno por este asunto, como había solicitado el Grupo Popular.
En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha afirmado que el PP ha rechazado esa comisión de investigación porque son un "partido de Estado que antepone defender las instituciones y su fortaleza a proteger al Gobierno".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incoado diligencias previas por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos por la denuncia presentada por al Abogacía del Estado por el presunto espionaje a Sánchez y Robles. En auto emitido este mismo martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Se ha estimado, a partir de los informes del Centro Criptológico Nacional, que el espionaje al móvil de Sánchez se produjo entre el 19 y el 31 de mayo de 2021, tras la entrada de miles de menores marroquía en España y antes de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, declarase como imputado.
Calama entiende además que los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. En consecuencia, ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este martes que el PSOE haya rechazado, junto al PP, Vox y Cs, debatir en el Congreso la propuesta para crear una comisión de investigación sobre el espionaje a líderes independentistas: "Es una muestra más de la hipocresía con la que ha tratado el #CatalanGate".
En un tuit recogido por Europa Press, ha acusado al Gobierno de tener una "doble vara de medir" cuando el espionaje afecta al independentismo respecto a cómo actúa el Ejecutivo central cuando el espionaje afecta a su presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
"Doble vara de medir, cuando se ataca a las instituciones de Catalunya no hay transparencia ni responsabilidades ni garantías de no repetición", ha recriminado.
La portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que la Generalitat se personará como acusación popular en todos los procedimientos que se hagan ante Fiscalía y la justicia relacionados con el espionaje a líderes independentistas. En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha destacado que personándose en estas causas buscan que los responsables de este espionaje "asuman las responsabilidades que les corresponden" y proteger a los servidores públicos.
Plaja ha defendido que han tomado esta decisión por "convicción y por obligación estatutaria", y ha asegurado que los servicios jurídicos del Govern están trabajando para fundamentar con rigor todas las querellas relacionadas con este asunto. Según ella, el Estatut establece que los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos "sean reales y efectivas", y deben fomentar que las tecnologías de la información se pongan al servicio de los ciudadanos y no afecten negativamente en sus derechos.