El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Borràs fue juzgada acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por 18 contratos adjudicados a su amigo Isaías H.
La Fiscalía había reclamado para Borràs una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado satisfecho con "la mayoría holgada" que ha respaldado en el Congreso el decreto de ley de la reforma de las pensiones, porque refleja "el consenso enorme que ha ido construyéndose" sobre esta cuestión, aunque ha dicho sentir "muchísimo" el voto en contra del PP. En este sentido, ha señalado que "el problema con el Partido Popular es que no explica ni dice qué es lo que quiere hacer con las pensiones".
Escrivá, que ha visitado el Ayuntamiento de Jaén, donde se ha reunido con colectivos sociales, ha dicho, a preguntas de los periodistas, que el Partido Popular "no tiene una postura constructiva" en el tema de la reforma de pensiones. "Lo sentimos muchísimo y cada uno tendrá que explicarse", ha dicho refiriéndose al voto en contra del PP.
Ha señalado que el PP apoyó las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron en noviembre de 2020 por "abrumadora mayoría" en el Congreso, "con solo dos votos en contra", pero "cuando ha llegado el momento de que esas recomendaciones se plasmen en normas concretas, se ha ido desmarcando y en cuatro de las cinco normas ha votado que no".
La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha vuelto a Barcelona este jueves después de su detención y puesta en libertad el martes, cuando regresó a España desde Bélgica, después de cinco años en el extranjero por el 1-O.
La también exconsellera de la Generalitat ha paseado por el barrio del Raval y por el distrito del Eixample de Barcelona, según ha avanzado VilaWeb y ha podido comprobar Europa Press.
Ponsatí está citada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para que se presente a declarar el 24 de abril acusada de presunta desobediencia por su participación en el 1-O.
CCOO estará presente en el acto de Sumar el domingo donde se prevé que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haga oficial la decisión sobre su candidatura a las elecciones generales, pero no acudirá su secretario general, Unai Sordo.
Así lo ha trasladado el propio Sordo en declaraciones a los medios de comunicación para demandar, en cualquier caso, que haya "altura de miras" e "inteligencia" para gestar una candidatura única a la izquierda del PSOE y en torno al espacio político que va a representar Díaz.
Preguntado sobre la posibilidad de que Podemos no acuda a este evento, el líder de CCOO ha señalado que "hasta el domingo tiene que llover" y que "más allá de los tiempos, de los escenarios y de la presentación" del proyecto de Sumar, no hay que "distraerse de los sustancial" que es conseguir, particularmente en las elecciones generales, que el bloque progresista concurra "nítidamente" en dos candidaturas: la del PSOE y el resto de formaciones a su izquierda.
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en un fallo conocido este jueves pero avanzado el pasado 22 de marzo, rechazando el recurso de Vox al considerar que la Carta Magna no concibe el derecho a la vida como uno de carácter absoluto que implique una especie de "deber de vivir", sino que no puede estar "desconectado" de la "voluntad" de su propio titular.
La sentencia, de 134 páginas y cuyo borrador fue respaldado por la mayoría del TC, arranca aclarando que "no corresponde a este tribunal evaluar la conveniencia, calidad o perfectibilidad de una determinada opción legislativa, o de su relación con otras alternativas posibles, sino simplemente analizar, cuando así se le demande, su 'encuadramiento constitucional'".
Asentado lo anterior, establece también que "el 'derecho de prestación de ayuda para morir' configurado por el legislador para personas que lo demandan en contextos eutanásicos ha de ser considerado teniendo en cuenta la evolución cultural, moral y jurídica que se ha producido en las últimas décadas en nuestra sociedad y en las de nuestro entorno".
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves, por unanimidad, el informe sobre la Ley de Trata en el que avala esta norma realizada por el Ministerio de Justicia. Aún así, reclama la necesidad de que las medidas estén acompañadas de financiación para ponerla en marcha.
El texto advierte en diversas ocasiones de "la necesidad de que la entrada en vigor de la ley venga acompañada de las medidas presupuestarias necesarias que garanticen la disposición de medios materiales y personales suficientes y adecuados para la implantación del nuevo sistema diseñado".
Los expertos recuerdan en el dictamen al Gobierno que, sin estos medios financieros, la puesta en marcha de la normativa y del nuevo sistema que recoge "resultaría muy difícil. Y, en este sentido, señala como una ausencia "llamativa" en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del anteproyecto, la certificación detallada de los importes necesarios para la puesta en marcha de una Fiscalía especializada en trata y explotación de seres humanos.
España es el segundo país de los cinco más poblados de la Unión Europea que menos apoya la gestación subrogada, según se desprende de un estudio llevado a cabo por Ipsos realizado en 2019 para la Fundación BBVA que revela que Reino Unido es el país europeo con más aceptación de esta práctica.
De este modo, al analizar la percepción existente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, en una escala del 0 al 10 (donde 0 es totalmente inaceptable y 10 totalmente aceptable), Reino Unido se convierte en el país europeo donde más se aprueba la gestación subrogada, con un 7,5. La puntuación media de esta práctica también supera el aprobado en Francia (5,6), Alemania (5,5) y España (5,1). Sin embargo, Italia rechaza ampliamente esta metodología con una puntuación de 3,9 de media.
En el caso de España, a pesar del aprobado, la opinión está muy polarizada ya que el mismo porcentaje se sitúa en ambos extremos del apoyo a los vientres de alquiler: un 30% se sitúa entre el 8 y el 10, mientras que otro 30% se posiciona entre el 0 y el 2, y el 35% se pronuncia entre el 3 y el 7.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que España incidirá en "seguir construyendo justicia social y economía de calidad, desde las instituciones y las empresas", durante su presidencia de la Unión Europea (UE), en el segundo semestre de este año.
Díaz ha intervenido, a través de un mensaje grabado, en el evento "Wake up, Spain!", organizado por 'El Español', donde ha recordado que los años de pandemia han servido para que la ciudadanía sea más consciente de sus derechos y aspire a vivir "en una economía sana y en un país competitivo".
"El futuro de progreso solo puede ser social. Es la gran lección que hemos aprendido tras la pandemia y es el compromiso de los fondos europeos, que hablan el idioma de la UE, instándonos a una reconstrucción asentada en la justicia social, la igualdad y el trabajo digno", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Las formaciones Izquierda Unida (IU) y Más País han llegado a un acuerdo para acudir juntos a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo en el Principado bajo la marca Convocatoria por Asturies. Por su parte, Podemos concurrirá en solitario.
Según indican en nota de prensa, esta unión se formaliza tras la firma de la 'Declaración del Botánico' el pasado 25 de febrero en la que se avanzaba la voluntad de llegar a acuerdos. Ambos partidos coinciden "en la vocación de ser útiles y de contribuir a la formación de un gobierno plural y progresista en el Principado".
Esta confluencia pretende "edificar una alternativa política verde, feminista y de justicia social que sea duradera y que resulte atractiva para los asturianos y las asturianas".
El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha pedido la dimisión de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, y la ha acusado de "utilizar de manera totalmente irresponsable el 'procés' independentista para intentar tapar sus malas praxis que han acabado con una condena por corrupción".
Lo ha hecho este jueves en una rueda de prensa en el Parlament, donde también ha reiterado que Borràs "ha sido condenada por corrupción y por unos hechos que no tienen nada que ver con el independentismo, el 1 de octubre o ninguna acción del movimiento independentista".
"Precisamente ha sido una práctica del Estado español intentar vincular el independentismo con la corrupción y desgraciadamente la gestión que se ha hecho de este caso lo ha facilitado", ha lamentado.
Los grupos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han aprobado este jueves en el Parlamento Vasco un texto con el que defienden que una "necesaria reforma" de la Constitución que incorpore como "cuestiones nucleares" la "posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República", así como el "reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos".
Elkarrekin Podemos-IU ha llevado a debate en la Cámara vasca una proposición no de ley con la que proponía instar a las Cortes Generales a iniciar el proceso de reforma constitucional que "desembocara en un referéndum sobre la continuación de la Monarquía en España o el establecimiento de una República".No obstante, la coalición ha acordado con PNV y EH Bildu un texto que ha recibido el voto en contra de PSE, PP+Cs y Vox. Con esta votación, PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco, rompen la unidad de voto habitual en los debates de la Cámara vasca, con la que suman mayoría.
En texto aprobado hoy la Cámara vasca defiende que la "necesaria reforma" de la Constitución Española que debería incorporar como "cuestiones nucleares" la "posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República", y también el "reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos".