Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado este miércoles el "ataque abierto contra las instituciones democráticas" en Brasil y han mostrado su solidaridad con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldando sus acciones para restaurar el orden constitucional en el país.
En una declaración conjunta firmada por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, los Veintisiete describen los altercados en Brasil protagonizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y que culminaron con el asalto a la sede de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo como un "abierto ataque a las instituciones democráticas del país", asegurando que las diferencias políticas no pueden llevar a justificar "actos criminales".
"La UE condena con firmeza estos espantosos actos de violencia política y el inaceptable ataque contra la democracia que representan. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Lula y las instituciones brasileñas en su defensa de la democracia, y apoyamos las medidas adoptadas para restaurar el orden y el respeto por el Estado de Derecho", recoge la declaración.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que los últimos datos disponibles apuntan a confirmar la visión de que, en caso de que se produzca una recesión en la zona euro este año, será "relativamente corta y poco profunda". Así se ha expresado el gobernador durante su intervención en un acto organizado en el marco del Spain Investors Day. Pese a la situación de recesión, De Cos ha indicado que se espera una mejora en la actividad económica en la segunda mitad de 2023 bajo el supuesto de un reequilbrio del mercado de energía, una reducción de la incertidumbre y una mejora de la renta real de las familias.
El banquero central ha recordado las últimas previsiones del Eurosistema, que contemplan una inflación media en el conjunto de la eurozona del 6,3% para este año, del 3,4% en 2023 y del 2,3% en 2025. Todas estas cifras están por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).
En relación con esto, De Cos ha indicado, como ya había informado previamente el BCE, que de cara al futuro se seguirán subiendo los tipos de interés para atajar esta espiral alcista de precios. En los últimos meses, la eurozona ha vivido el proceso de normalización más rápido de su historia, con una subida del precio del dinero acumulada de 250 puntos básicos.
A modo de ejemplo, De Cos ha indicado que, desde la última reunión de política monetaria del BCE, celebrada en diciembre, los tipos de interés esperados por el mercado se han elevado en 30 puntos básicos, hasta el entorno del 3,4%. Estos tipos incluyen "un elemento de prima a plazo positivo", por lo que De Cos ha indicado que el mercado espera que el tipo máximo que alcanzarían los tipos del BCE "se situaría algo por debajo de esa cifra". "Nuestras decisiones futuras relativas a los tipos de interés continuarán dependiendo de los datos y seguirán un enfoque en el que las decisiones se adoptarán en cada reunión", ha subrayado el gobernador.
La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha alertado este miércoles de que Rusia estaría planeando llevar a cabo otra oleada de deportaciones forzadas de ucranianos hacia su territorio, una maniobra que considera como un "acto de genocidio". "Tenemos fuentes de Inteligencia que confirman que Rusia realmente está tratando de cometer otro acto de genocidio, ni siquiera lo llamaré deportación, porque la expulsión forzada y violenta de ciudadanos ucranianos es un acto de genocidio, por lo que, por supuesto, serán castigados", ha dicho.
En este punto, Vereshchuk ha hecho un llamamiento a las autoridades rusas para que "piensen detenidamente" antes de llevar a cabo estas nuevas deportaciones pues, ha advertido, "todos serán responsables", tal y como recoge la agencia Ukrinform.
"Todos serán responsables, desde quienes aprobaron tales decretos hasta el conductor que lleve a la fuerza a los ucranianos al territorio de Rusia", ha dicho la viceprimera ministra ucraniana, quien además ha apuntado que, según sus informaciones, los ucranianos son en su mayoría deportados a regiones orientales rusas.
La eurodiputada socialista belga Maria Arena ha anunciado este miércoles su dimisión como presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para no afectar los trabajos del comité parlamentario después de que se haya relacionado su nombre con varios imputados por los presuntos sobornos de Catar a eurodiputados, si bien ella no está siendo formalmente investigada por la Justicia belga y mantiene su acta como eurodiputada.
Ya el pasado diciembre, Arena anunció a través de su perfil en Twitter que dejaba "temporalmente" la presidencia de esta subcomisión "tras las revelaciones de sospechas de corrupción vinculadas a Qatar en el Parlamento Europeo" y de que una de sus asistentes parlamentarias fuera investigada "en el marco de este asunto".
Entonces dijo que daba ese paso temporalmente "hasta que todo se aclarara" y este miércoles ha confirmado que su dimisión como presidenta de la subcomisión es definitiva, en una declaración remitida a la agencia Belga. A la espera de que los eurodiputados elijan a otro presidente será el primer vicepresidente de la subcomisión quien asuma el cargo provisionalmente.
Las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) han subrayado este miércoles que con la elección de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) vuelve la "normalidad" a la corte de garantías.
Con sendos mensajes a través de Twitter, ambas asociaciones han transmitido su felicitación a Conde-Pumpido y, a la vez, a la nueva vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán.
"Regresa la normalidad a una de las principales instituciones de nuestro Estado de Derecho", ha considerado JJpD. Por su parte, UPF ha saludado la "normalidad institucional" en el TC y ha deseado "los mayores éxitos a su nuevo presidente y a su nueva vicepresidenta".
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lamentado que Jair Bolsonaro siga negando su derrota en las elecciones y que eso haya servido a un grupo de "chiflados" a comer los actos violentos del domingo en Brasilia, cuando miles de seguidores del expresidente asaltaron las sedes de los tres poderes.
"Lamentablemente el presidente que dejó el poder no quiere reconocer la derrota. Hoy todavía he visto declaraciones de él en las que no reconoce la derrota. Solo puedo considerarles un grupo de chiflados, de gente con poco sentido del ridículo", ha dicho Lula este miércoles tras una reunión con los jefes del Congreso.
"Lo que pasó hasta me gustaría no considerarlo como un golpe, hasta me gustaría considerarlo como una cosa menor, como un grupo de chiflados que todavía no entendieron que las elecciones acabaron, que aún no quieren aceptar que las urnas electrónicas son posiblemente el modelo electoral más perfecto", ha dicho.
El Congreso celebrará este jueves una nueva reunión de la ponencia encargada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza, con intención de seguir sellando acuerdos entre los partidos del bloque de investidura e intentar aprobarla en la Comisión de Interior este mismo mes y elevarla al Pleno en febrero.
El PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados en el Congreso solicitaron a finales de diciembre que la Cámara habilitara enero, inhábil a efectos parlamentarios, para poder seguir trabajando en una iniciativa que empezó a tramitarse hace ya más de dos años.
Una vez obtenida autorización para reunirse, se ha convocado la ponencia para este jueves. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos que integran el Gobierno y sus socios han seguido negociando esta semana y prevén celebrar al menos otra reunión de la ponecia que, como todas, será a puerta cerrada.
El Congreso aceptó reformar la ley mordaza, nacida del Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en septiembre de 2020, cuando dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada con este objetivo por el PNV. Pero después la iniciativa estuvo bloqueada más de un año porque se iba ampliando continuamente el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que no se registraron hasta finales del año pasado.
En los últimos 12 meses los grupos del Gobierno y sus aliados en el Congreso han mantenido más de una treintena de encuentros discretos para intentar acercar posturas, pero la ponencia, de la que forman parte todos los grupos parlamentarios y se reúne a puerta cerrada, no volvió a reunirse hasta el pasado 21 de diciembre.
Los Estados miembros de la Unión Europea han condenado este miércoles el "ataque abierto contra las instituciones democráticas" en Brasil y han mostrado su solidaridad con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, respaldando sus acciones para restaurar el orden constitucional en el país.
En una declaración conjunta firmada por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, los Veintisiete describen los altercados en Brasil protagonizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y que culminaron con el asalto a la sede de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo como un "abierto ataque a las instituciones democráticas del país", asegurando que las diferencias políticas no pueden llevar a justificar "actos criminales".
"La UE condena con firmeza estos espantosos actos de violencia política y el inaceptable ataque contra la democracia que representan. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Lula y las instituciones brasileñas en su defensa de la democracia, y apoyamos las medidas adoptadas para restaurar el orden y el respeto por el Estado de Derecho", recoge la declaración.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este miércoles al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que su hoja de ruta al frente del tribunal de garantías sea la Constitución y "no ceda" si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere "meter la mano".
Así se ha pronunciado Bendodo poco antes de conocerse la elección de Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), tras obtener 6 de los 11 votos que estaban en juego durante el Pleno que se ha celebrado en la corte de garantías. Inmaculada Montalbán se ha alzado con la Vicepresidencia, por lo que el bloque progresista se adjudica ambos cargos, rompiendo con la dinámica de los últimos años.
"En el PP solo le pedimos a esa persona que resulte elegida que solo tenga una hoja de ruta y un rumbo, que sea exclusivamente la Constitución y que no ceda ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno quiera influir o meter la mano en las decisiones de TC porque ya ha dado los primeros pasos proponiendo a dos personas", ha declarado, en alusión a la designación para el Constitucional al exministro Juan Carlos Campo y a la exdirectora de Moncloa Laura Díez.
En declaraciones a los medios en Fuerteventura, antes de clausurar la Convención Sectorial de Turismo junto con el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, Bendodo ha insistido en que "el único" criterio que debe regir en su toma de decisiones el presidente del TC es la Carta Magna.
Miles de vuelos en todo Estados Unidos han tenido que ser suspendidos temporal o definitivamente este miércoles por la mañana tras un fallo informático en el sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) del país que ya ha sido solucionado.
Todos los aviones han tenido así que quedarse en tierra hasta nuevo aviso, provocando un caos generalizado en los aeropuertos del país a pesar del compromiso de las autoridades de trabajar para resolver el incidente lo antes posible.
La propia FAA ha indicado en un comunicado que su Alerta de Misiones Aéreas (NOTAM) ha "fallado" a lo largo de la mañana. Se trata de una alerta que contiene información esencial para los trabajadores que operan los vuelos. "Las operaciones en todo el espacio aéreo nacional se han visto afectadas", ha recalcado la FAA.
Más tarde, el propio organismo ha confirmado en su perfil oficial de Twitter el restablecimiento "gradual" de los vuelos en Estados Unidos. "Seguimos investigando la causa del problema inicial", ha confirmado la Administración Federal de Aviación.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha prorrogado este miércoles la presencia durante diez días más de la Fuerza Nacional en la Explanada de los Ministerios, en un momento en el que no se descartan nuevas movilizaciones de los descontentos seguidores de Jair Bolsonaro, tal y como ellos han adelantado.
La orden del ministro Dino autoriza a la Fuerza Nacional para "auxiliar" en la protección y refuerzo del orden público, así como del patrimonio público y privado. La medida se suma al decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intervenir de manera federal la capital y asumir las competencias de seguridad.
La Explanada de los Ministerios -donde están las sedes de los tres poderes asaltados- ha amanecido este miércoles con numerosos vehículos de este cuerpo policial, al que se sumaran otros 611 efectivos llegados desde quince estados.
La presencia de la Fuerza Nacional en los protocolos se reclama tras la desconfianza del Gobierno de Lula en las fuerzas del orden controladas por Brasilia, cuyo gobernador, Ibaneis Rocha, fue retirado del cargo, al igual que su secretario de Seguridad, Anderson Torres, exministro de Justicia con Bolsonaro.
Los servicios de seguridad de Brasilia "negociaron" el trasladado de los asaltantes, escoltados por los agentes, desde el campamento levantado frente a la sede del Ejército hasta la plaza de los Tres Poderes. Los hechos que se produjeron después provocaron que Rocha fuera apartado temporalmente, mientras que sobre Torres, de vacaciones en Estados Unidos, pesa una orden de detención.
Junto a la de Torres, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, también ha emitido otra para el excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fabio Augusto Vieira. En total, han sido detenidas unas 1.500 personas por los hechos ocurridos, de los cuales unos 600 han sido liberados por razones humanitarias.