Susana Díaz defiende la "honestidad e integridad" de Chaves y Griñán y confía en que el TC haga "justicia"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibirá este jueves en el Palacio de La Moncloa a Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, después de sus respectivos nombramientos como presidentes autonómicos. Los tres mandatarios del PP le pedirán que reforme el sistema de financiación de las comunidades, según han ido avanzando.

Moncloa ha dispuesto el orden de las reuniones en orden cronológico desde que fueron nombrados como presidentes autonómicos, de modo que Mañueco será el primero que se vea con Sánchez, a las 10.00 horas, seguido de Rueda, que tendrá el turno de las 12.00 horas, mientras que Moreno tiene previsto acudir a las 17.00 horas.

Al término de cada reunión, está previsto que comparezca cada presidente autonómico y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que darán cuenta en rueda de prensa de los asuntos tratados en cada cita.

La reunión con Mañueco llega tres meses después de que fuera investido de nuevo como presidente de Castilla y León, el pasado 11 de abril, mientras que Rueda ha tenido que esperar algo más de dos meses para ver a Sánchez, después de que su investidura fuera el 12 de mayo, tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP.

Por su parte, Juanma Moreno tan solo ha tenido que esperar apenas cuatro días desde su investidura tras las elecciones del 19 de junio para reunirse con el presidente del Gobierno en La Moncloa.

Génova denuncia que sean "de una tacada"

Sin embargo, la dirección nacional del PP considera que la actuación de Sánchez al recibir el mismo día "de una tacada" a Moreno, Mañueco y Rueda, evidencia la "descortesía" y el "desprecio" de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos del PP, según han señalado a Europa Press fuentes de la formación.

"Es como las visitas del médico. Y encima casi a punto de empezar agosto y con medio país de vacaciones", se quejan en la cúpula del PP que dirige Feijóo.

En 'Génova' advierten de que este "ajuste de cuentas" del presidente del Gobierno con tres destacados 'barones' autonómicos del PP es en realidad una "desconsideración" con los más de 14 millones de ciudadanos que viven en esas comunidades. "No son presidentes del PP sino presidentes autonómicos", proclaman.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han propuesto que los ingresos procedentes del nuevo impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de empresas de los sectores energéticos sean redistribuidos a los consumidores finales de electricidad para paliar en parte los elevados precios actuales.

Gestha ha sugerido, por ejemplo, que se haga mediante un descuento separado en las facturas de electricidad de los consumidores proporcional a su consumo. Además, ha planteado que el nuevo tributo que prevén registrar este jueves PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados sirva para incentivar una inversión adicional en energías renovables.

Gestha ha realizado esta recomendación a través de un comunicado tras analizar las características esenciales que tendrá previsiblemente el nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de empresas de los sectores energéticos.

Los técnicos sostienen que el hecho imponible del impuesto se producirá sólo durante las horas en las que las centrales de gas sean marginales y en la medida en que las diferentes tecnologías de generación obtengan realmente tales beneficios extraordinarios.

A su juicio, esta definición permitirá establecer unos mecanismos de "activación/desactivación" con criterios objetivos y verificables, y que las empresas deberán justificar claramente.

Entre las exenciones estará, en opinión de los técnicos, la energía que no se ha beneficiado del aumento de los precios del mercado de la electricidad porque ya se había vendido a plazo antes del inicio de la crisis. En los casos en que las exenciones den lugar a ventajas selectivas para determinadas empresas, podrán aplicarse las normas comunitarias sobre ayudas estatales.

En paralelo, los técnicos apuntan que la base imponible será el importe de los beneficios que se consideran excesivos (los beneficios imprevistos o 'beneficios caídos del cielo'), como la desviación respecto a los precios mundiales medios del gas durante el año 2021 y el número de horas durante las cuales el gas fija el precio de la electricidad.

Finalmente, creen que para determinar la base liquidable se tendrá en cuenta los sistemas que evitan o reducen los beneficios inframarginales en períodos de precios elevados, como las tarifas reguladas, los contratos por diferencias contratadas antes de la crisis de los precios del gas o las primas flotantes, así como los que pueden aumentarlos, como las primas fijas.

Además, los técnicos piden fijar el tipo impositivo que debería asegurar una recaudación de unos 2.000 millones al año para recuperar una parte de los beneficios realmente obtenidos; esto es, en un nivel más bajo de los beneficios excedentarios para no afectar a la formación de precios mayoristas de la electricidad según costes marginales, ni al componente estructural de los precios medios mundiales del gas.

El Grupo Social ONCE, integrado por Fundación ONCE, Ilunion y ONCE, ha suscrito este miércoles un convenio marco de colaboración con Correos, para desarrollar iniciativas conjuntas, destinadas a mejorar la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la puesta en marcha de medidas que fomenten el empleo, la formación y la accesibilidad universal de espacios, productos y servicios, informa Europa Press.

El convenio, que establece un marco general de colaboración entre ambas entidades, ha sido firmado esta mañana en la sede central de Correos Clara Campoamor por su presidente, Juan Manuel Serrano, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, sentando las bases de la colaboración conjunta para desarrollar iniciativas que contribuyan a mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Serrano ha puesto de manifiesto el interés de Correos por contribuir a mejorar "la accesibilidad universal, la empleabilidad y, en definitiva, la inclusión social de las personas con discapacidad". Todas estas acciones están "plenamente alineadas con las actividades y proyectos de interés social de la compañía que forman parte de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa, en la que apostamos claramente por la inclusión y la diversidad, especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas", ha destacado.

Por su parte, Carballeda ha puesto de relieve la relación entre las dos marcas, "que son dos referentes sociales siempre al lado de la ciudadanía, con figuras muy queridas en todos los rincones del país, como son los carteros y los vendedores de la Organización". Y ha concluido que "afianzar esta relación es importante para nosotros porque abre caminos hacia la igualdad, la accesibilidad y un futuro más inclusivo".

Ambas entidades fomentarán la inclusión social y la empleabilidad de este colectivo mediante el desarrollo de actividades conjuntas, entre ellas campañas de difusión y sensibilización, además de favorecer la realización de actividades destinadas al desarrollo de productos y servicios accesibles para todo el mundo. El convenio también incluye el desarrollo de jornadas formativas en materia de accesibilidad universal, tanto física, como en la atención a clientes con discapacidad o con movilidad reducida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles a los presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la condena por el caso de los ERE, con la que cree que "están pagando justos por pecadores", y ha evitado pronunciarse sobre "hipótesis" como podría ser la concesión del indulto.

En rueda de prensa junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, Sánchez ha subrayado que los dos expresidentes andaluces dimitieron de sus responsabilidades públicas "hace más de un lustro" y en ningún momento han sido acusados de haberse lucrado, haber llevado "un céntimo de euro" ni financiar ilegalmente a una organización política.

"Podemos afirmar que están pagando justos por pecadores", ha subrayado sin querer pronunciarse sobre la posibilidad del indulto, que ha calificado de "hipótesis". "Respetamos los pasos que se puedan dar por parte de las defensas y el Gobierno siempre va a actuar en el marco de la ley y colaborando con la justicia", ha explicado.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este miércoles a los consejeros autonómicos del ramo su propuesta de modelo de prueba de acceso a la Universidad, con menos exámenes y un ejercicio de madurez y que estaría completamente implantada en el curso 2026/2027.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha sido la encargada de presentar a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas la propuesta del Ministerio, que también ha sido enviado a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue). La ministra y su equipo se reunirán esta tarde con su presidente, Juan Romo.

Según el departamento que dirige Pilar Alegría, la implementación efectiva del aprendizaje competencial que proponen los nuevos currículos de la ley educativa LOMLOE debe tener un reflejo en el modelo de Prueba de Acceso a la Universidad, por lo que es imprescindible replantear la estructura de la prueba.

En este sentido, Educación plantea una propuesta de implementación que sea gradual en la estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas, de modo que se abra un cierto margen temporal de adaptación progresiva al nuevo modelo, tanto por parte del profesorado como del alumnado.

Por otro lado, no se propone desarrollar una prueba de acceso a los estudios universitarios unificada, pero sí conseguir acuerdos que permitan a los distintos territorios del Estado elaborar pruebas que sean homologables entre estos. Se crearán grupos de trabajo entre el Ministerio, las comunidades autónomas, las universidades e institutos de evaluación para establecer el diseño y la corrección.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo sobre Cataluña hace de España "un país mejor" y "orgulloso de su diversidad".

Así lo ha trasladado en Twitter tras la celebración de este foro entre el Gobierno central y el Govern catalán esta mañana, en el que ha participado dentro de la delegación del Ejecutivo de coalición.

"Los acuerdos sobre el plurilingüismo y el regreso de la política a la vía del diálogo nos hacen un país mejor y orgulloso de su diversidad", ha apuntado en su comentario en redes.

Finalmente, ha destacado que en un "contexto europeo muy complicado", hay que "avanzar desde el reconocimiento". "España y Cataluña podemos caminar juntas", ha zanjado.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha exhortado al PP a que deje de "incumplir" la Constitución y de obstaculizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC), a raíz de la salida de un magistrado del alto tribunal.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras la reunión de la mesa de diálogo con el Govern catalán, cuestionado por la renuncia del miembro del Constitucional Alfredo Montoya por motivos de salud

Al respecto, Bolaños ha precisado que ojalá esta situación sirva para que el PP sea consciente de renovar instituciones como el Constitucional o el CGPJ, y del "desprestigio" que provoca su bloqueo de la renovación de estos organismos.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Alfredo Montoya ha presentado este miércoles por escrito su renuncia al cargo ante el presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano, por motivos de salud. Montoya, que arrastraba desde hace meses problemas de salud, fue nombrado, a propuesta del Senado en 2017.

Según la nota informativa del TC, recogida por Europa Press, el presidente ha procedido a aceptar la renuncia y el cese será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.

Por otro lado, desde el TC se ha comunicado al presidente del Senado, Ander Gil, la renuncia dado que este magistrado pertenecía al turno propuesto por la Cámara Alta.

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña cerraron este miércoles en la nueva reunión de la mesa de diálogo dos acuerdos para la desjudicialización y proteger e impulsar la lengua catalana.

Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras un encuentro de casi 2 horas. "El primer acuerdo es para superar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo", ha apuntado Bolaños, añadiendo que el segundo pacto "es sobre la lengua catalana, para la protección y el impulso de esta".