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El empresario indultado que copa contratos públicos despedirá a 90 vigilantes del Metro de Madrid

El empresario indultado que copa contratos públicos despedirá a 90 vigilantes del Metro de Madrid

El empresario indultado Miguel Ángel Ramírez sigue suscitando polémica. A pesar de que los negocios le van viento en popa –sin ir más lejos el pasado jueves el Ministerio de Defensa adjudicó a su empresa Seguridad Integral Canaria un contrato para que se ocupase de la vigilancia de sus edificios por 32 millones de euros–, el empresario despedirá a parte de sus empleados destinados en Metro de Madrid.

Ramírez ha tenido últimamente muchas buenas noticias a nivel profesional, ya que al contrato que acaba de suscribir con Defensa se une el que hace apenas dos meses firmó con Fomento para encargarse de la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios en Madrid, donde también vigila monumentos como el Palacio Real o el Palacio de El Pardo. No obstante, el pasado día 3 de septiembre Seguridad Integral Canaria envió una carta a sus trabajadores en Metro de Madrid –donde se ocupa de la seguridad de tres zonas– para informarles de que había decidido realizar un despido colectivo a causa de "la disminución de la demanda de servicios de vigilancia" en el suburbano.

En la misiva, dirigida al comité de empresa de Seguridad Integral Canaria en Metro de Madrid, la compañía es poco explícita y se limita a pedir a los trabajadores que designen a sus representantes para entablar negociaciones, unas conversaciones que se iniciarán el próximo martes. La carta, sin embargo, no ofrece cifras de despidos ni detalles sobre las condiciones de los mismos, si bien fuentes del comité de empresa consultadas por infoLibre, estiman que serán unos 90 los trabajadores afectados por esta medida de los alrededor de 720 que trabajan para la empresa en el suburbano madrileño.

Las mismas fuentes denuncian que la empresa de Miguel Ángel Ramírez ya conocía que Metro de Madrid iba a reducir el número de vigilantes en las estaciones cuando firmó el contrato con la Administración en 2011 por 2,8 millones de euros. "Metro les dijo que el 30% de la plantilla [de vigilantes de seguridad] iba a desaparecer entre agosto del año pasado y junio del año que viene", explican. Lo que ha ido haciendo Seguridad Integral Canaria desde ese año, según cuentan estas fuentes, ha sido reubicar a los trabajadores de seguridad que Metro iba reduciendo en retenes encargados de "cubrir las bajas, los días libres, los de asuntos propios, las horas sindicales...".

La empresa no paga las horas extra

No obstante, la compañía ha decidido cambiar su política y reducir la plantilla, algo que los representantes de los trabajadores ven innecesario. Y apoyan su argumento al asegurar que Seguridad Integral Canaria ha realizado contrataciones temporales en los periodos de Navidad de 2013 y verano de 2014 para cubrir los puestos de los empleados fijos que estaban de vacaciones. Estos empleados temporales tuvieron que ser contratados por la empresa, según señalan fuentes del comité, porque los vigilantes fijos se niegan a realizar horas extra desde agosto de 2013, ya que la compañía no se las paga.

"La empresa empieza en agosto del año pasado a no pagar las horas extras, y es cuando empezamos a dejar de hacerlas y ellos empiezan a contratar gente porque no llegan a cubrir los servicios, y por cada servicio que no cubren Metro les multa", relatan estas mismas fuentes. Pero estas no son los únicos problemas a la hora de cobrar, según denuncian los representantes de los trabajadores, ya que por ejemplo Seguridad Integral Canaria tan sólo pagaría 4 de las 8 horas correspondientes al plus de nocturnidad. Y sus sueldos, según remachan, no son precisamente elevados: sin complementos, un vigilante estaría cobrando alrededor de los 890 euros netos al mes.

Ramírez fue condenado en firme en 2011 a tres años y un día de prisión por haberse construido un chalé en terrenos protegidos por su valor medioambiental, una sanción que también incluía inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación para el ejercicio de la construcción por un tiempo de tres años y un día y el pago de casi 44.000 euros de multa. No obstante, pese a que su pena conllevaba el ingreso en prisión, el empresario nunca entró en la cárcel, ya que el Gobierno le redujo la pena a tan sólo dos años en 2013, con lo que evitó que fuese encarcelado. El indulto fue ya en su día muy polémico, al haber sido Ramírez apoderado de una empresa donante del PP.

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