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LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

La marca insignia del empresario de la seguridad 'low cost' se deshará de la mitad de sus trabajadores

El dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez.

Seguridad Integral Canaria va a deshacerse de entre el 50% y el 60% de su plantilla, que cederá a otras empresas del sector. Al menos ésa es la intención de la hasta ahora marca insignia del canario Miguel Ángel Ramírez, que este martes anunció que abandona su principal área de actividad, la vigilancia presencial, para centrarse en el transporte de fondos y los sistemas de vigilancia y alarmas. Dice que pierde 7,2 millones de euros y que no puede cubrir los costes de la plantilla con los pagos de las administraciones públicas que le adjudican los servicios. El resto del personal continuará en la empresa, aseguró un portavoz a infoLibre. Entre ellos, los 560 trabajadores que vigilan parte de las instalaciones del Metro de Madrid, un contrato de 71,37 millones de euros.

Los responsables de Seguridad Integral Canarias se reunirán el próximo lunes con el comité de empresa de Las Palmas, después de que este miércoles se anulara una cita prevista para primera hora de la mañana. El portavoz asegura que la reunión no se suspendió, sino que se produjo “una confusión” y se ha aplazado para la semana próxima. Sin embargo, tras esperar durante hora y media a las puertas de la empresa y no ser recibidos, los sindicatos denunciaron a Seguridad Integral Canaria en la Inspección de Trabajo por negarse a facilitarles información sobre el “cese de actividad” que anunció la víspera y por intentar “desinflar” la huelga convocada para el próximo 7 de septiembre en protesta por el retraso sistemático en el pago de los salarios.

La empresa cifra en 2.500 trabajadores su actual plantilla, por debajo de los casi 4.000 empleados repartidos por toda España de que hablan los sindicatos. De ellos, 1.700 se encuentran en Canarias. Los empleados que no sean subrogados se dedicarán tanto al transporte de fondos como a los sistemas de vigilancia y alarmas, que la empresa considera áreas de actividad rentables. Al transporte de fondos se dedican en España sólo cuatro empresas: Loomis, Prosegur, TrablisaProsegurTrablisa y Seguridad Integral Canaria, explica el portavoz de esta última. Pero el negocio de Trablisa y de Seguridad Integral es autonómico: la primera desarrolla su actividad en Baleares y la empresa de Miguel Ángel Ramírez, en Canarias. De modo que el mercado en la Península se lo reparten Prosegur y Loomis.

Es ahí donde quiere ahora hincar el diente el empresario canario, un proyecto que fuentes del sector consultadas por este periódico consideran una “temeridad”. Seguridad Integral cuenta con una flota de 22 vehículos, de los cuales 20 son blindados. Cada uno de estos transportes cuesta 400.000 euros, destaca el portavoz de la empresa canaria. Es decir, entrar en esa área de negocio requiere inversiones cuantiosas para una compañía con serias dificultades económicas, que cifra en 25 millones de euros la cantidad que le deben las administraciones públicas.

Cederá los contratos a las empresas que elija

Los contratos de vigilancia de los que pretende deshacerse ahora Seguridad Integral Canaria son en buena parte adjudicaciones públicas: sólo en lo que va de año, 4,37 millones de euros. Salvo que los pliegos del concurso incluyan la prohibición de subrogar el contrato, a Ramírez le bastará con comunicar a la administración correspondiente que va a cederlo a otra empresa. Siempre que ya haya ejecutado el 20% del presupuesto o transcurrido el 20% del tiempo de ejecución establecido en los pliegos. Con los contratos firmados con otras empresas privadas, sólo tendrá que informar a éstas de que ha encontrado otra compañía interesada en seguir prestando el servicio.

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Los sindicatos ya han expresado sus temores de que esas nuevas empresas sean Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, que consideran “marcas blancas” de Miguel Ángel Ramírez. El portavoz de Seguridad Integral Canaria niega que ambas tengan relación alguna con el empresario, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. “La única relación es que están agrupadas en la patronal Aprosepri, radicada en Canarias”, explica. Sin embargo, en Sinergias de Vigilancia y Seguridad figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas. Las dos pagan sueldos inferiores al convenio del sector hasta en un 40% en virtud de unos convenios de empresa que han sido anulados por los tribunales –fueron negociados con el mismo sistema ilegal con que se firmó el descuelgue salarial de Seguridad Integral, también anulado por el Supremo–. Pese a ello, los han seguido aplicando a los trabajadores que prestan sus servicios a las administraciones públicas. Marsegur paga a sus vigilantes un sueldo base de sólo 726 euros mensuales. Y un plus de nocturnidad de 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Preguntado por la posible cesión de los contratos de Seguridad Integral Canaria a estas dos empresas tachadas de “piratas” por los sindicatos, el portavoz responde que “aún no hay nada decidido al respecto, de modo que podría ser alguna de ellas u otras”.

También revela que Ramírez ha optado por el cese de actividad en lugar del concurso de acreedores por motivos “sentimentales”: “Seguridad Integral Canaria fue su primera empresa, la que permitió crear el grupo [Ralons]”. Y porque su prioridad es “garantizar los puestos de trabajo”. El empresario canario se ha convertido en estos años en la bestia negra de los sindicatos de vigilantes, que lo han combatido tanto en los tribunales como en la calle. En la lista sindical de agravios, a los bajos salarios se añade el retraso continuado en el pago de las nóminas. Sin embargo, Seguridad Integral asegura que no adeuda ni un euro en salarios a sus trabajadores, aunque sí reconoce las demoras en el abono de los sueldos. También debe más de tres millones en cantidades que los vigilantes le han reclamado con éxito en los tribunales. El portavoz adelanta que terminará de pagarlas “a principios de 2019”.

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