Delito de malversación

ERC congela la reforma de la malversación tras constatar la falta de apoyos en el Congreso

El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una sesión plenaria en el Congreso

Esquerra Republicana no encuentra aliados para reformar el delito de malversación. Esa fue la propuesta que lanzó su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, la pasada semana tras lograr pactar la eliminación del delito de sedición. Rufián avanzó que su formación trataría de rebajar, en la fase de enmiendas, la malversación y lograr, así, modificar los dos delitos por los que fueron condenados los principales líderes del procés. Pero fuentes del partido republicano enfrían esa posibilidad, al constatar la falta de apoyos por ser un delito asociado, principalmente, a la corrupción.

En un primer momento ERC trató de diferenciar los casos en los que se produce enriquecimiento personal de los que no para justificar la idoneidad de la reforma. Sin embargo, una eventual rebaja podría afectar a condenados por la trama Gürtel, Púnica o los ERE, un coste que en las filas del partido no están dispuestos a asumir. Ante este escenario, fuentes del partido ya no confirman que vayan a incluir esta enmienda. El objetivo, según trasladan a infoLibre, es "estudiar los mecanismos" para "no dar pie a interpretaciones capciosas" por parte de los tribunales y abordar esta reforma más adelante.

El propio Rufián ha admitido en una entrevista en TVE que su formación es consciente de las "dificultades" que comporta una reforma de este delito. "Si se puede se hará, si no no se hará", ha resumido. Lo que sí ha querido dejar claro es que ERC es "poco sospechosa" de "fomentar corruptelas". "No solo se trata de desligarlo del enriquecimiento personal sino también de estructuras de corrupción para comprar voluntades como los ERE o la Kitchen", ha aclarado.

Lo que Rufián quiere evitar es que "una persona sea multada con cinco millones de euros" por "poner una caja de cartón en un colegio electoral para que se vote": "Eso es una absoluta desproporción", explica. Se trata de la misma argumentación que realizó el lunes la portavoz nacional, Marta Vilalta. "En ERC tenemos un compromiso histórico de lucha contra la corrupción y no permitiremos que la necesaria reforma del delito pueda beneficiar a ningún corrupto. Pero debemos hacer posible que este delito no pueda ser imputado a actos como el referéndum del 1-O, porque el 1-O fue un acto de democracia".

La malversación de caudales públicos fue, junto con la sedición, el delito por el que el Tribunal Supremo condenó a algunos de los líderes del procés. En su tipo agravado, el que afectó a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, acarrea entre ocho y doce años de prisión. Algunos de los huidos, con el expresidente Carles Puigdemont al frente, también están procesados por los dos delitos.

Los recelos de UP, PNV, Bildu, Más País y BNG

Esta vez no ha sido la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que abrió la puerta a reformar este delito— la que ha alterado los planes de ERC, sino la de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País y el BNG han expuesto públicamente y en privado sus dudas a este eventual cambio en el Código Penal bajo por las "implicaciones jurídicas" que pudiera tener esta reforma. Incluso al PSOE no le acaba de encajar este cambio, según admiten fuentes de la formación.

El único que lo defendió fue el líder de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, al que el propio Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, desautorizó más tarde, al admitir que se trataba de un tema “delicado” y con “muchas aristas”. Fuentes de la formación morada aseguran que Asens actuó "por libre" y sin consultar al resto de formaciones que forman parte del espacio confederal, por lo que tuvieron que "corregirle".

En ERC aseguran que llevan meses negociando las dos modificaciones legales —la de sedición y la de malversación— con el PSOE, aunque fuentes del partido admiten que se ha priorizado la primera. Los republicanos aseguran que estas negociaciones continuarán tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que se votarán el jueves.

Sánchez ya cuenta con los apoyos suficientes para aprobar los PGE

La formación independentista ha anunciado este martes un acuerdo para transferir a Cataluña 900 millones de euros destinados a acometer obras en infraestructuras "clave" en el ámbito ferroviario y de carreteras, además de incluir mecanismos para la ejecución presupuestaria en la región. Aunque la dirección de ERC todavía no ha confirmado su voto favorable a las cuentas, sus portavoces no esconden que se encuentran cerca de dar su definitivo.

Sin embargo, el Ejecutivo de coalición no necesita esos votos para aprobar las cuentas, puesto que ya tiene asegurados los 176 apoyos que garantizarán pasar este trámite este jueves y continuar en el Senado. Será gracias al apoyo de los parlamentarios del PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCat (4), Más País (2), Coalición Canaria (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), PRC (1) y la diputada Meri Pita, ex de Podemos.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha despejado la incógnita este martes al anunciar que sus cinco parlamentarios votarán a favor del proyecto tras haber alcanzado un acuerdo que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Su vigencia tenía fecha de caducidad: el 31 de diciembre de este año.

Media hora antes de confirmarse el sí de Bildu, el portavoz del PDeCat en el Congreso, Ferran Bel, también ha hecho público el sentido del voto de los cuatro parlamentarios del grupo. La formación catalana ha acordado la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023 y la incorporación de 86 enmiendas en ámbitos económicos, culturales, deportivos o sociales. Unas inversiones que han cifrado en 40 millones de euros.

La pasada semana el Gobierno se garantizó ya el apoyo de PNV, Coalición Canaria, Compromís y Más País gracias a un desembolso de más de 400 millones de euros por parte del Ejecutivo en transferencias, ayudas (directas e indirectas) e inversiones. Con estos Presupuestos, los terceros de Sánchez, el Ejecutivo pretende dar estabilidad hasta final del próximo año, cuando se celebren las próximas elecciones generales.

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