En 2018, la escuela de San Martín del Castañar iba a cerrar porque el colegio se quedaba con tres alumnos, cuando el mínimo entonces en Castilla y León eran cuatro. Su alcalde, el hasta este verano socialista Alfonso Buenaventura, pidió a la Junta hacer una excepción y mantener la escuela ese curso, porque en el siguiente entrarían unas trillizas. Esa flexibilización, que iba a ser puntual, acabó siendo regla en la comunidad, que ahora mantiene o reabre cualquier escuela rural que sume tres estudiantes, un mínimo al que han bajado otras comunidades afectadas por la despoblación como Asturias y Aragón.
Siete años después, el de San Martín de Castañar es uno de los cuatro colegios rurales que cierran sus puertas en Castilla y León. Son dos en Salamanca y otros dos en León. En estas clausuras, que siempre son la noticia más triste para un pueblo, no se detuvo la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la presentación del curso escolar este viernes. Prefirió dar titulares más reconfortantes: el colegio de Cubillos reabre con cinco alumnos después de años cerrado y también, por la mínima y en el último momento, el de Sanzoles, ambos en la provincia de Zamora.
Lucas atribuyó a esta “flexibilización”, tanto en ese mínimo como en los procesos de matrículas, que este curso comience en la comunidad con 34 colegios rurales de cuatro o tres alumnos (24 de cuatro y 10 de tres). El curso en que San Martín de Castañar logró que mantuvieran su escuela con tres alumnos, hubo en la comunidad cinco colegios con ese mínimo. En siete años son el doble. Son cifras muy modestas pero cada niño y cada colegio en un pueblo que teme desaparecer es una bocanada de aliento. Un niño es una familia residente y un colegio un reclamo para que otras se animen a serlo.
“En el partido somos fuertes defensores de mantener abiertas estas aulas. Siempre que se mantengan los medios humanos y materiales, es más que necesario”, indica a ininfolibre el secretario de Educación del PSOE de Castilla y León, Javier García. Quedan pocos meses para las elecciones autonómicas, pero la escuela rural no es un campo de batalla política en una de las regiones más despobladas de Europa. Ni los dos principales partidos de la comunidad ni el sindicato CSIF cuestionan el mantenimiento de centros con tan poco alumnado ni su coste. “Tres es un mínimo bajo, nosotros somos conscientes de ello. Fuimos conscientes cuando lo establecimos con el anterior consejero y somos conscientes ahora que se mantiene. Todos tenemos la satisfacción de haberlo impulsado y valoramos positivamente que la Junta lo mantenga”, señala a Infolibre el procurador socialista Fernando Pablos Romo, que colaboró en la flexibilización del mínimo para San Martín del Castañar que después se extendió a toda la comunidad. Lamenta que ahora no tengan esa interlocución con la Consejería de Educación como la que tuvieron entonces y dio paso a este avance.
Que un pueblo tenga colegio es un aliciente para asentar nuevos pobladores. Esa es la esperanza que está detrás de mantener una política exigente en recursos pero apreciada socialmente. “Cuando quieres luchar contra la despoblación, no puedes abordarlo en función del coste como si fuese esto una empresa. Esto es un servicio educativo en el medio rural. Si una escuela cierra, lo más probable es que los padres acaben en la capital, que es lo que pasa casi siempre. Desde un sentido economicista no tendría sentido hacerlo, claro”, explica Pablos, que recuerda que cuando cierran estas escuelas las familias con hijos tienen que decidir si quieren enviar a sus hijos muy pequeños en transporte escolar, a veces por carreteras de montaña, o incluso en taxi.
Más servicios complementarios e incentivos para los profesores
Escapar del acoso cuando sólo hay un aula: ¿Cómo se actúa en la escuela rural?
Lo que la oposición socialista pide a la Junta en esta materia es que la escuela rural tenga los mismos servicios complementarios de conciliación que la urbana: los de madrugadores (para familias que deben irse a trabajar antes de que comience la jornada escolar) y los de comedor. Desde el sindicato de funcionarios CSIF reclaman mayor estabilidad de las plantillas a través de incentivos, también salariales, para los profesores, puesto que estos colegios muchas veces están en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, con peores comunicaciones y falta de vivienda disponible.
“El mantener esta oferta educativa para asentar población y para que el nos parece muy importante”, dice a infoLibre la responsable del sector Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga. La experta, que es docente, reconoce que pedagógicamente son centros de complejidad porque el profesorado tiene que adaptarse a impartir clase a varios niveles educativos a la vez en el mismo aula. Y recuerda que estas escuelas realmente son unidades educativas que pertenecen a un Colegio Rural Agrupado (CRA), que es al que están adscritos los docentes, y desde el que se desplazan itinerantes los especialistas de inglés o educación física, pero también los profesionales de atención a la diversidad cuando sea preciso. Desde ese CRA intentan también paliar, con actividades conjuntas, la parte más difícil de los colegios tan pequeños: la socialización con niños de la misma edad o en grupos más numerosos y diversos.
En una comunidad tan dispersa y extensa como Castilla y León, algunos de estos centros rurales se consideran de difícil desempeño y es improbable que profesores con experiencia, que ya tienen su vida organizada en otra punta de la región, decidan desplazarse para dar clase en estos entornos. “Conseguir que vuelva esa figura del maestro de pueblo, estable, para hacer proyectos a largo plazo y hacer las escuelas rurales más atractivas requiere una estrategia que va más allá de la Consejería de Educación y que tiene que ser una política global a nivel de la Junta para frenar este declive poblacional”, concluye Madruga.
En 2018, la escuela de San Martín del Castañar iba a cerrar porque el colegio se quedaba con tres alumnos, cuando el mínimo entonces en Castilla y León eran cuatro. Su alcalde, el hasta este verano socialista Alfonso Buenaventura, pidió a la Junta hacer una excepción y mantener la escuela ese curso, porque en el siguiente entrarían unas trillizas. Esa flexibilización, que iba a ser puntual, acabó siendo regla en la comunidad, que ahora mantiene o reabre cualquier escuela rural que sume tres estudiantes, un mínimo al que han bajado otras comunidades afectadas por la despoblación como Asturias y Aragón.