La última vez que el PSOE y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron el derecho a la autodeterminación del Sáhara corría el año 2019, y la política española hervía tras la moción de censura, sometida a la presión emergente de los nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). Un compromiso histórico de los socialistas que se remontaba al inicio de la ocupación de este territorio, abandonado a su suerte por España hace casi 50 años, y que Sánchez enterró en 2022 a cambio de que Marruecos reanudase el control de las fronteras con Ceuta, desbordadas por la llegada de miles de migrantes, en su mayor parte menores de edad, a los que la gendarmería marroquí facilitó el acceso para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas.
Desde entonces, los mítines y los discursos del PSOE se llenan de banderas de Palestina y de denuncias contra la ocupación israelí de su territorio, pero ya nadie en ese partido agita los símbolos del Sáhara Occidental. En defensa de los intereses saharauis —gran parte de cuya población vive en el exilio y cuyo territorio está sometido a la ocupación del ejército de la monarquía autocrática marroquí— solo se alzan ahora las voces de la izquierda (Podemos, Esquerra, Bildu, Compromís, Comuns y el BNG), a las que se acaba de sumar, en un giro inesperado de los acontecimientos, la ultraderecha de Vox, aunque solo sea para ponerse del lado de las organizaciones de agricultores y consumidores que denuncian la comercialización de productos saharauis como si fuesen de Marruecos.
Los ultras dicen defender ahora la legalidad internacional y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre de 2024 anuló los acuerdos comerciales con Marruecos porque, en palabras de uno de sus portavoces en el Congreso, Ricardo Chamorro, “faltaba lo esencial: el consentimiento del pueblo saharaui”.
Más allá del oportunismo de Vox, que solo busca el voto del campo, es la izquierda quien de verdad mantiene izada la bandera saharaui. Casi una treintena de eurodiputados se movilizaron este miércoles para pedir a la presidenta del Parlamento Europeo que reprenda a la Comisión por el nuevo y polémico acuerdo comercial con Marruecos porque “reconoce y recompensa de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental al incluir expresamente productos procedentes de ese territorio”. También protestan por la intención de la Comisión Europea de poner en vigor el acuerdo antes de que el Parlamento haya sido consultado y recuerdan que el nuevo texto “repite los mismos errores” que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular el último acuerdo.
Socialistas sí, pero no del PSOE
Entre ellos hay parlamentarios miembros de La Izquierda, Los Verdes y el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), además de varios no adscritos, que representan a formaciones políticas de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Austria, Alemania y Eslovenia. Entre los españoles, ni uno solo del PSOE.
“Es increíble ver cómo la Comisión Europea, en un mismo acto, ignora al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia y al Derecho Internacional”, denunció el promotor de la iniciativa, el eurodiputado danés Per Clausen (del grupo de La Izquierda).
En cuestión está la pretensión de Bruselas de que el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos entre en vigor de manera provisional antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo, así como la intención de la Comisión de recompensar de facto la ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante un acuerdo que permite al Reino de Marruecos seguir explotando económicamente su territorio.
El Frente Polisario también ha dejado clara su oposición. “Denunciamos y rechazamos el nuevo acuerdo. Obviamente, nuestra primera opción no era volver a los tribunales. Lamentamos que haya esta voluntad por parte de la Comisión Europea de mantener este limbo legal entre el pueblo del Sáhara Occidental y la UE”, dijo esta semana en rueda de prensa el asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, Oubi Buchraya Bachir.
Violación de la sentencia
“Hemos expresado nuestro deseo de contribuir a encontrar un acuerdo que sea respetuoso con las decisiones de los tribunales, pero por parte de la UE no se ha actuado de manera positiva”, añadió. Han actuado con “falta de transparencia”, con la única intención de “imponer un hecho consumado a todas las partes, no solo al pueblo saharaui, sino también a los Estados miembros y al Parlamento Europeo”. Es una “violación flagrante y frontal” de las sentencias de la justicia europea, ha asegurado Buchraya, que ve “inevitable” tener que volver a la corte europea con sede en Luxemburgo para recurrirlo.
No se trata únicamente de un acuerdo económico de productos agrícolas, resumió el asesor del secretario general del Frente Polisario. En paralelo, está “animando a Marruecos a no cooperar con la ONU para resolver el conflicto en el Sáhara Occidental sobre la base del derecho internacional”.
Prueba de ello es que el acuerdo cuenta con la aprobación de Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, lo considera más un documento geoestratégico que comercial porque, declaró, “aporta las aclaraciones necesarias, en el respeto de los fundamentos nacionales” del país magrebí y su reivindicación de soberanía sobre el Sáhara Occidental. De hecho, lo ha presentado como un espaldarazo a su propuesta de integración del Sáhara en un régimen de autonomía, aplaudida por varios países europeos (entre ellos España), pero no por la UE ni por Naciones Unidas.
Con todo, Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb, desmonta el verdadero alcance del acuerdo. Lo que ha hecho la Comisión Europea y sus Estados miembros “ha sido ganar tiempo”, asegura. El Frente Polisario recurrirá de nuevo a la justicia y, al cabo de cinco años, “es harto probable que el Tribunal de Justicia de la UE le vuelva a dar la razón. Hasta ahora el Polisario lo ha ganado todo en los tribunales europeos”.
Prisas y opacidad
Desde su punto de vista, las “prisas y la opacidad” con las que la Comisión ha negociado con Rabat “son chocantes”. Sobre todo si se tiene en cuenta, como denuncian el citado grupo de eurodiputados, que se ha hecho sin tener en cuenta al Parlamento Europeo.
“Por lo que sabemos del nuevo acuerdo”, explica, “es como el anterior, el que fue anulado por el TJUE, solo que llamando a las cosas de otra manera, especialmente a los productos agrícolas exportados del Sáhara Occidental a la UE”. Lo que significa que “no respeta las sentencias del TJUE de octubre de 2024”.
Cembrero recuerda la reacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, al fallo de octubre de 2024, diciendo “que la relación con Marruecos estaba por encima de las sentencias del TJUE”. “Ahora ha quedado demostrado”, porque “el Gobierno apoya a la Comisión en su empeño en sortear las sentencias del tribunal”.
Lo confirmó el propio Planas este miércoles en el Congreso, después de que el portavoz del BNG, Néstor Rego, le reprochase el acuerdo con Marruecos. “Nos preocupa que el Estado español se sume a la vulneración de la legalidad internacional, vulnerando el derecho legítimo del pueblo saharaui a vivir en su tierra en paz y en libertad y a poder disfrutar también de sus recursos. Porque, efectivamente, sería más lógico negociar con la República Árabe Saharaui que con Marruecos. Y eso es lo que le pedimos”, subrayó Rego.
Desde la tribuna de oradores, el titular de Agricultura, con una amplia carrera diplomática, apenas se esforzó en desmentir la mayor. Lo que han hecho el Consejo y la Comisión, dijo, no es sino poner y adaptar los acuerdos vigentes a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas hace un año, en un doble aspecto: en lo que se refiere al origen de los productos y también a la repercusión sobre las poblaciones del Sáhara. Eso sí, pasó por alto el fondo de la decisión del TJUE: la obligación de negociar y pactar con el Polisario en todo lo que afecte al Sáhara.
Relación “estratégica”
Enfatizó el ministro, eso sí, el peso que tiene la relación estratégica con el reino alauí. Una decisión adoptada por el Gobierno que no hace sino ahondar en la de ponerse del lado de Marruecos y en contra del Sáhara. “Son acuerdos que tienen también un contenido estratégico muy importante tanto para la Unión Europea como para Marruecos”.
¿A qué se refiere cuando habla de “contenido estratégico”? A que el Gobierno de España pone por encima de los intereses del Sáhara los suyos propios en materia de control migratorio, estabilidad fronteriza y lucha contra el terrorismo yihadista.
El Gobierno veta que Israel venda productos de Palestina, pero no que Marruecos haga lo mismo con los del Sáhara
Marruecos actúa desde hace años como un socio clave en el control de los flujos migratorios hacia Europa. Su cooperación permite reducir la llegada de pateras y cayucos a Canarias y a las costas andaluzas. El Gobierno considera que mantener una buena relación con Rabat es esencial para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.
Además, el Magreb y el Sahel son zonas de alta actividad de grupos yihadistas. Marruecos comparte información de inteligencia con España y la UE, y su colaboración ha sido decisiva para prevenir atentados.
España no es el único socio europeo que actúa dando por hecho que el Sáhara es territorio marroquí. Esta misma semana, las patronales de Marruecos y Francia celebraron un foro económico centrado en energía, desarrollo sostenible, infraestructuras y turismo. El evento tuvo lugar en Dajla, en el Sáhara Occidental, como una nueva señal de apoyo de París a la soberanía marroquí sobre ese territorio.
La última vez que el PSOE y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron el derecho a la autodeterminación del Sáhara corría el año 2019, y la política española hervía tras la moción de censura, sometida a la presión emergente de los nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox). Un compromiso histórico de los socialistas que se remontaba al inicio de la ocupación de este territorio, abandonado a su suerte por España hace casi 50 años, y que Sánchez enterró en 2022 a cambio de que Marruecos reanudase el control de las fronteras con Ceuta, desbordadas por la llegada de miles de migrantes, en su mayor parte menores de edad, a los que la gendarmería marroquí facilitó el acceso para poner a las autoridades españolas contra las cuerdas.