Europa debate la implantación de nuevos fondos para salvar al continente de la guerra
Dos años después del inicio de la pandemia y sin que los fondos europeos hayan podido aún tener un impacto real en la recuperación de las economías de la eurozona, el continente se enfrenta a un nuevo horizonte repleto de incertidumbres. Con todas las alarmas encendidas en materia de seguridad por la amenaza global que supone la invasión rusa de Ucrania, los 27 también observan ya con preocupación el azote económico añadido que puede suponer para la Unión Europea la evolución de la guerra.
Este fin de semana en la cumbre de París los gobiernos europeos debatirán la posibilidad de implementar una nueva versión de los fondos de recuperación, esta vez centrados en las consecuencias del conflicto con Rusia. Según ha podido saber infoLibre, ese debate ya ha sido planteado en las últimas semanas entre los dirigentes comunitarios, que han coincidido en señalar tres prioridades: sofocar las consecuencias económicas derivadas de las sanciones a Rusia, invertir en gasto militar y ayudar a Ucrania.
Las conversaciones entre los líderes europeos y los máximos dirigentes comunitarios llevan días en marcha. Alguno de ellos ha llegado a expresar el temor de que las consecuencias económicas derivadas de las sanciones a Putin acaben incluso echando por tierra el ingente esfuerzo de la Unión con los fondos europeos. En total, 750.000 millones de euros destinados no solo a paliar los efectos económicos de la pandemia sino a transformar las economías de la eurozona. Hay quien ha planteado en el debate comunitario que parte de esos fondos puedan adelantarse a corto plazo para paliar las consecuencias de la guerra. En este punto, sin embargo, no hay consenso, y gobiernos como el español defienden que se trate de partidas bien diferenciadas que no acaben difuminando los efectos del histórico plan de inversiones comunitarias.
Soberanía europea frente al "chantaje" ruso
Lo que sí parece es que la mayoría de gobiernos tiene la predisposición de avanzar en la versión guerra de los fondos europeos. De hecho, el primer paso en esa dirección se dio a cuenta del llamado fondo para la paz, dotado con 500 millones de euros, y que por primera vez se activó para el envío de armas a Ucrania.
Países como España defenderán en la cumbre de Versalles respuestas conjuntas ante un desafío global que además podría alargarse indefinidamente en el tiempo. De hecho, la previsión es que a corto plazo se hagan oficiales nuevas sanciones a Rusia que se vayan endureciendo progresivamente con el avance del conflicto, algo que podría agravar el coste económico para Europa: “Lo más importante es que prime la unidad”, dicen Moncloa.
Sánchez pide que el mundo aísle a Putin y arropa a las tropas de la OTAN a cien kilómetros de Rusia
Ver más
Las intervenciones públicas tanto del presidente español, Pedro Sánchez, como de la mayoría de líderes europeos van en la misma dirección: fortalecer a Europa como potencia política, militar y económica para blindarla de los “chantajes” principalmente energéticos de Rusia. El presidente francés, Enmanuel Macron, hizo un llamamiento esta semana para los 27 trabajen al unísono en la construcción de una UE “más soberana”.
Los planes pasan porque los nuevos fondos también se financien mediante la emisión de deuda europea, aunque el Gobierno español asegura que es “pronto” para hablar de cifras y que prefiere escuchar antes las opiniones del resto de socios antes de pronunciarse. El objetivo no es otro que proteger a las economías de la zona euro de las masivas sanciones impuestas a Rusia y que tienen impacto en sectores claves para Europa como el energético, el agrícola o incluso en la industria aérea.
Aunque España tiene menos dependencia del gas ruso porque su principal suministrador es Argelia, la totalidad de países de la UE está notando ya el impacto de la explosión de precios en materias primas como el gas o el petróleo. En ese sentido, el gobierno español se compromete a mantener las reducciones fiscales aplicadas a los suministros, una medida que tiene un impacto anual en las cuentas públicas de hasta 10.000 millones de euros y que podrían aplicarse también a corto plazo en el combustible.
