La temporalidad en el empleo público español lleva años siendo una de las principales anomalías del sistema administrativo. Lejos de ser una situación puntual, se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de servicio.
El origen de este escenario se sitúa en la crisis económica de 2008, según explica a infoLibre Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Los recortes en el sector público, la paralización de las ofertas de empleo y la falta de reposición de personal provocaron un aumento progresivo de la contratación temporal.
Durante esos años, numerosas plazas estructurales comenzaron a cubrirse mediante interinos. Con el tiempo, lo que debía ser una solución provisional se consolidó como una práctica habitual en distintas Administraciones, especialmente en sectores como la sanidad, la educación o la justicia.
A pesar de la recuperación económica posterior, indica Pinillos, la temporalidad no se redujo de forma significativa. Y a día de hoy, en términos agregados, hay casi un millón de trabajadores temporales en el conjunto de las Administraciones. El último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos a julio de 2025, sitúa el total de efectivos en 3.107.195 empleados públicos. Sobre esa base, distintos análisis del boletín colocan la temporalidad en torno al 32%, lo que equivale a unos 994.000 trabajadores en situación temporal o interina.
Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada tres empleados públicos en España sigue sin una relación laboral estable, pese a los procesos de estabilización impulsados en los últimos años. Esa magnitud da cuenta de cómo esta situación afecta de lleno al funcionamiento del sistema administrativo, a la organización de las plantillas y al cumplimiento de las exigencias europeas en materia de abuso de la temporalidad, hasta el punto de constituir una disfunción estructural del sistema.
Los efectos de los procesos de estabilización
En respuesta a esta situación, España aprobó la ley 20/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% y adaptar la normativa a las exigencias europeas. La norma contemplaba procesos de estabilización y compensaciones económicas para los trabajadores afectados. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual y, en algunos casos, ha generado controversia.
Uno de los puntos más discutidos ha sido el diseño de los procesos de estabilización. En muchas ocasiones, estos se han desarrollado mediante sistemas abiertos que obligaban a los trabajadores que ya ocupaban las plazas a competir con aspirantes externos, algo que ha provocado situaciones en las que empleados con años de experiencia han perdido su puesto tras estos procesos.
Es el caso de Mari Carmen Garrido, trabajadora de la Comunidad de Madrid desde 1998. Tras más de dos décadas en el sistema educativo, fue cesada en 2025 después de un proceso de estabilización en el que tuvo que competir por su propia plaza, según ha contado a infoLibre.
Como ella, otros trabajadores han recurrido a la vía judicial para reclamar tanto la fijeza como una indemnización.
Cómo sancionar el abuso
El conflicto ha ido escalando en los últimos años hasta situarse en el ámbito europeo, explica a infoLibre Javier Araúz, abogado especializado en casos de abuso de temporalidad en las Administraciones públicas, en el bufete Araúz y Belda Abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en distintas resoluciones que existe un uso abusivo de la temporalidad en España y ha cuestionado si las medidas adoptadas son suficientes para sancionarlo.
En este contexto, el próximo pronunciamiento del tribunal europeo, que tiene prevista la lectura de la sentencia el próximo 14 de abril, se presenta como un punto de inflexión.
El debate jurídico se centra ahora en cómo debe sancionarse ese abuso. Entre las opciones que se contemplan están la conversión de los trabajadores en fijos, el establecimiento de indemnizaciones o una combinación de ambas medidas, especialmente en los casos de mayor duración.
Las conclusiones del abogado general de la UE –cuyas directrices siguen la mayoría de las sentencias posteriores del TJUE– ya han apuntado a que la fijeza podría ser una de las soluciones.
Además, el caso pone de relieve un problema de fondo, insiste Araúz: la dificultad de las Administraciones para ajustar sus sistemas de contratación a los principios establecidos por la normativa europea, en particular la Directiva 1999/70, que obliga a prevenir el uso abusivo de contratos temporales.
Entre la fijeza y la indemnización
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La resolución del TJUE el próximo 14 de abril no cerrará por sí sola el debate, pero sí marcará el margen de actuación de las instituciones españolas. A partir de ese momento, corresponderá a los tribunales nacionales y a los poderes públicos definir cómo se aplica el fallo y qué medidas se adoptan.
Lo que ocurra después no será menor. Si se impone la fijeza, España podría verse obligada a afrontar una regularización masiva sin precedentes, con implicaciones directas en el acceso al empleo público y en la organización de las plantillas. Si, por el contrario, se opta por la vía de las indemnizaciones, el coste económico podría alcanzar cifras millonarias, con impacto en las cuentas públicas.
En ambos escenarios, el sistema tendrá que asumir las consecuencias de un problema que lleva años sin resolverse. Y esta vez, ya no será posible posponerlo.
La temporalidad en el empleo público español lleva años siendo una de las principales anomalías del sistema administrativo. Lejos de ser una situación puntual, se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de servicio.