Las explicaciones de los 27 exconsejeros de Caja Madrid que han declarado entre el lunes y el miércoles de esta semana en la Audiencia Nacional como imputados por un delito de administración leal, que habrían cometido por autorizar el uso de las tarjetas black, y otro de apropiación indebida, han oscilado entre dos versiones: que las Visa constituían un complemento retributivo o, por el contrario, que eran un instrumento para abonar gastos de representación.
El principal exponente de la primera de las versiones, que sostiene que el dinero que cargaban en las tarjetas era una parte del sueldo de los consejeros, ha sido José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en la caja en la que llegó a ser vicepresidente del consejo de administración. Este exdirigente de IU, que fue objeto de un duro interrogatorio por parte del fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón, explicó que podían destinar el saldo a gastos como ropa, viajes u obsequios y que consideraba que la entidad financiera tributaba por ellos ante Hacienda.
Los sindicalistas Juan José Azcona (CCOO) y Rodolfo Benito (UGT) defendieron, por el contrario, que los 15,5 millones que cargaron los exdirectivos y exconsejeros entre 1999 y 2012 eran gastos inherentes a su trabajo en Caja Madrid, es decir, meros gastos de representación.
Pero al margen de las posibles justificaciones o excusas de los 27 consejeros, las declaraciones ponen de manifiesto que fue Miguel Blesa y su equipo, desde 1996, los que promovieron un uso más relajado de las tarjetas, que podían utilizar "en lo que quisieran con un límite anual y mensual". Esta supuesta laxitud contrastaba con las instrucciones del equipo anterior, presidido por Jaime Terceiro, en el que el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Angel Montero, les pedía que fueran "prudentes" en el gasto.
Pero según esta versión, todo cambió cuando Enrique de la Torre pasó a ocupar el cargo de secretario general de la caja. De la Torre era el encargado de realizar las gestiones relacionadas con las tarjetas, según los consejeros, que también culparon al exsecretario de Estado del PP José Manuel Fernández Norniella.
Estas son las justificaciones o excusas de los exconsejeros:
1. José Antonio Moral Santín (IU) gastó 456.500 euros.
José Antonio Moral Santín fue el primero en asegurar que el dinero de las tarjetas constituía un complemento salarial que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios. Aseguró que él empleaba el dinero en gastos de representación en sentido amplio, como la reparación de su automóvil.
2. Ramón Espinar (PSOE) 178.400 euros.
El socialista Ramón Espinar no reconoció los gastos que se le atribuyen y aseguró que había incoherencias en el listado. Espinar defendió que las tarjetas eran "absolutamente legales" y que no tenían que tributar ante Hacienda porque la entidad lo hacía por ellos. "Yo no sabía ni que se llamaran black", llegó a contestar Espinar al fiscal Luzón.
3. Rodolfo Benito (CCOO) 140.600 euros.
Este sindicalista defendió que se trataba de "gastos de representación", aunque reconoció que llegó a utilizar la Visa para comprar "ropa" y "obsequios". Fuentes jurídicas aseguraron que Benito apeló a los "usos y costumbres" para justificar que siguiera utilizando el plástico tres meses después de haber dejado el cargo,
4. Guillermo Marcos (Impositores) 133.600 euros.
El representante de Unipyme Guillermo Marcos, que atribuyó el uso de sus plásticos a gastos de representación, se libró de la imposición de fianza por parte del fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
5. Pedro Bedia (CCOO) 78.200 euros.
El sindicalista Pedro Bedia cargó las culpas contra Miguel Blesa y su equipo al reconocer que con él en la presidencia de Caja Madrid se relajó el control del uso de la tarjeta, llegando incluso a asegurar que el entonces secretario general, Enrique de la Torre, le pidió que utilizara más la Visa porque la estaba usando "poco".
6. Gerardo Díaz Ferrán (CEOE) 94.000 euros.
El expresidente de la patronal CEOE, en prisión provisional desde diciembre de 2012, se negó a declarar ante el magistrado Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, a dónde llegó esposado.
7. Ignacio de Navasqües (Empleados) 195.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imposición de una fianza civil para el que fuera integrante de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües, que gastó 195.000 euros.
8. Juan José Azcona (CCOO) 99.300 euros.
Este sindicalista explicó al juez Andreu que no percibió ningún cambio en el uso de las tarjetas con la entrada de Blesa en Caja Madrid. Al igual que Rodolfo Benito, Azcona defendió que usó las Visa para gastos de representación como por ejemplo "obsequios".
9. María Enedina Álvarez Gayol (PSOE) 47.000 euros.
El magistrado le investiga por haber cargado gastos personales por valor de 47.000 euros, entre ellos uno por 1.015 euros y otro de 76 euros desembolsados en una tienda en 2010. Según su versión, separaba los gastos particulares de los profesionales efectuados con su tarjeta black, con un límite de 25.000 euros que podía destinar a viajes, obsequios o transporte y que no tenía numero PIN para extraer dinero en efectivo. Añadió que su interlocutor era el vicepresidente José Manuel Fernández Norniella y que le dijeron que "no se preocupara de nada" en materia de fiscalidad.
10. Jorge Gómez (PSOE) 98.200 euros.
El también socialista Jorge Gómez guardó justificantes de los gastos durante los tres primeros meses, pero le dijeron que dejara de hacerlo porque "no hacía falta". Como ejemplo de que la dedicaba a gastos inherentes a su cargo, especificó que cargó su billete a Nueva York, pero no el vuelo de su mujer y su suegro en octubre de 2012. Gómez resaltó que el uso de las tarjetas "nunca" se trató en la Comisión de Retribuciones y que no la consideraba un incentivo, si no más bien un gasto de representación.
11. Antonio Romero (PSOE) 252.000 euros.
El ex número dos del PSM con Rafael Simancas, Antonio Romero, puso de manifiesto "errores" en algunos conceptos de los cargos de la tarjeta, y llegó a poner como ejemplo que el 13 de enero de 2006 el departamento de tarjetas le anuló la misma ante el temor de que se la hubieran clonado al aparecer gastos registrados en distintas ciudades. Asimismo, puso de relieve que los usuarios no podían destinar esta Visa a "cosas indebidas" y, de hecho, la entidad amonestó a una persona por pagar con ella electrodomésticos. Romero se consideró "víctima de un engaño o una negligencia" y justificó las retiradas de efectivo en cantidades de 500 euros como gastos de representación o pagar taxis.
12. José Ricardo Martínez (UGT) 44.200 euros.
El exsecretario general de UGT en Madrid José Ricardo Martínez informó al juez de que se "autoimpuso" la responsabilidad de dedicar su tarjeta black a su actividad como consejero, puesto que nadie de la entidad le exigió que así fuera. El sindicalista relató una incidencia de 2010 cuando el propio Norniella le llamó la atención porque se había excedido de 4.000 euros y que el ejercicio se cerraba en noviembre y no al año natural, como él pensaba. Por ello, le descontaron esa cantidad al año siguiente.
13. Arturo Fernández (Patronal CEIM) 37.300 euros.
El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández justificó los gastos que realizó en sus propios restaurantes porque eran "más baratos" y porque eran suyos. También aseguró que se trataba de una "tarjeta transparente" porque la entidad conocía todos sus gastos. "Las relaciones institucionales que tenía las hacía en mi restaurantes y luego periódicamente hacía una liquidación con mi cuenta personal". "¿Y así le redondeaba la cuenta?", le preguntó el juez. "Pues sí", contestó el empresario.
14. Carmen Cafranga (PP) 175.200 euros.
La exconsejera Carmen Cafranga aprovechó su comparecencia en la Audiencia Nacional para denunciar el "enorme trastorno y desgaste" que ha sufrido su "reputación" a raíz de su imputación en la causa. También señaló que el Santander le negó un aval que había pedido para regularizar su situación fiscal y que siempre pensó que la Visa se podía utilizar para "gastar en cualquier cosa" y que la caja se encargaba de la tributación ante Hacienda. "Ellos lo arreglaban todo con Hacienda", señaló.
15. Luis Blasco Bosqued (PP) 51.689 euros.
El exconsejero Luis Blasco Bosqued, propuesto por el PP y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, dijo que siempre entendió que la tarjeta era "de libre disposición" y que se ofrecía a los consejeros porque no tenían "apoyo de ningún tipo, ni teléfono, ni secretaria, ni despacho". Al estallar el escándalo, realizó una declaración complementaria ante Hacienda y devolvió los importes gastados.
16. Javier López Madrid (Patronal CEIM) 34.800 euros.
El consejero delegado de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, que fue consejero de Caja Madrid en representación de la patronal madrileña CEIM, Javier López Madrid, reconoció que actuó con "un exceso de confianza" porque no fue consciente de que las cuantías gastadas con la tarjeta no se declaraban a Hacienda. "Es evidente que algo he hecho mal", destacó para apuntar que devolvió los gastos y que regularizó su situación fiscal. "Más no puedo hacer", añadió.
17. Virgilio Zapatero (PSOE) 36.000 euros.
El ex ministro socialista y antiguo vicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero explicó al juez que se sintió "incómodo" ante la falta de un interventor que controlara las tarjetas black en la entidad y que esta situación chocaba con la vivida durante su mandato al frente de la cartera de Relaciones con las Cortes durante el Gobierno de Felipe González, cuando un interventor examinaba todos los gastos. Zapatero afirmó que la atribución de esta tarjeta no le sorprendió porque su labor consistía en acercar la labor de las cajas de ahorros a la Universidad.
18. José María de la Riva (PSOE) 208.900 euros.
El histórico militante socialista José María de la Riva, que fue expulsado del partido utilizó la tarjeta para gastos inherentes al cargo y que el entonces secretario general Enrique de la Torre le informó de que había un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, según el cual la entidad se ocupaba de la fiscalización. En diez minutos, indicó que entendía que la 'Visa' se podía destinar a libros, restaurantes u obsequios relacionados con el cargo.
19. Francisco Baquero (CCOO) 266.400 euros.
El representante de CCOO Francisco Baquero impugnó el desglose de los gastos al considerar que no coinciden con los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria y señaló que nunca sobrepasó el límite impuesto por la entidad.
20. Estanislao Rodríguez Ponga (PP).
El exsecretario de Estado de Hacienda justificó ante Andreu la compra de productos del supermercado de El Corte Inglés como "gastos de representación" inherentes a su cargo como consejero de Caja Madrid. "Era importante hacer regalos a algunas personas, era parte de mi función como consejero", señaló. Rodríguez Ponga argumentó que constituía una parte de su retribución que no tenía que justificarse. "Yo pregunté si tenía coche, chófer, teléfono y despacho y me dijeron que no pero que tenía una tarjeta con unos límites que primero fueron de 25.000 y luego de 50.000 euros", especificó.
21. José Manuel Fernández Norniella (PP).
El exsecretario de Estado de Comercio dijo que trató de devolver en cinco ocasiones a la Fundación Caja Madrid los 175.400 euros que gastó con su tarjeta pero que le devolvieron las transferencias. También hizo otra transferencia de 9.700 euros a Bankia. Norniella intentó regularizar su situación con Hacienda a través de declaraciones complementarias, y se mostró convencido de la legalidad de los "gastos discrecionales" que realizó con su Visa se incluían en el informe de gobierno corporativo de la caja.
22. José María Arteta (PSOE).
El socialista José María Arteta destacó en su declaración que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España avalaron los informes de gobierno corporativo de la entidad, en el que se detallaban los gastos de las tarjetas de forma global. Arteta argumentó que el exsecretario de Estado José Manuel Fernández Norniella le dijo que podía utilizar la vista después de su cese.
23. Alberto Recarte (PP) 139.900 euros.
El expresidente de Libertad Digital señaló que era muy difícil discernir los gastos de representación, sobre todo en restaurantes o libros, con los que eran meramente personales. "Me dijeron que usara la tarjeta prudentemente y que no podía exceder el límite de 2.500 euros al mes y 30.000 al año". Tras apuntar que el importe gastado nunca le pareció "excesivo", Recarte señaló que el tema de las visas opacas era reservado y no solía tratarse en los Consejos de Administración. Sí supo que las retribuciones eran "competencia exclusiva por delegación" de este órgano del presidente de la Caja Madrid, Miguel Blesa, que "cobraba un 15 por ciento más que el directivo mejor pagado".
24. Jesús Pedroche (PP).
El expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche declaró que los gastos de las tarjetas eran "personales" y que no podían ser "de representación" porque, según ha argumentado, "los consejeros no representan a la caja y los que sí lo hacían", en referencia a los directivos, tenían "una segunda tarjeta". "No recibí ni una sola llamada por mal uso en ocho años", apuntó. Pedroche recordó haber preguntado expresamente al secretario del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, si la entidad tributaba por estos gastos y éste le indicó que no se preocupara. Tras conocerse el escándalo, envió sendos burofaxes a Caja Madrid y Bankia pero, según su relato, ambas entidades responsabilizaron a la otra.
25. Ricardo Romero de Tejada (PP) 139.900 euros.
El exsecretario general del PP de Madrid dijo que la tarjeta era para "gastos de representación" y que en sus veinte años como consejero no percibió ningún cambio de uso, tampoco con la entrada en la entidad del equipo de Miguel Blesa. "Podíamos utilizarla discrecionalmente, con prudencia y siempre respetando ciertos límites", apuntó.
26. Mercedes Rojo (PP) 119.300 euros.
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Amiga de Esperanza Aguirre, la exconsejera Mercedes Rojo defendió el "uso personal" de su tarjeta y destacó que los directivos de la caja le dijeron que no se preocupara por la tributación ante Hacienda.
27. Gonzalo Martín Pascual (UGT).
Gonzalo Martín Pascual, imputado junto con los otros integrantes del consejo por un delito societario de administración desleal y otro de apropiación indebida, atribuyó el uso de su tarjeta a gastos de representación.
Las explicaciones de los 27 exconsejeros de Caja Madrid que han declarado entre el lunes y el miércoles de esta semana en la Audiencia Nacional como imputados por un delito de administración leal, que habrían cometido por autorizar el uso de las tarjetas black, y otro de apropiación indebida, han oscilado entre dos versiones: que las Visa constituían un complemento retributivo o, por el contrario, que eran un instrumento para abonar gastos de representación.