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La falta de paridad sentencia al mundo judicial, donde solo logran la absolución procuradores y Fiscalía

Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales.

Nuevo paso al frente del Gobierno para seguir avanzando en materia de igualdad. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, al anteproyecto de Ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una iniciativa con la que se pretende situar a España como referente igualitario a nivel europeo. La norma busca conseguir la paridad tanto a nivel político como empresarial. Pero no solo eso. También en lo más alto de los órganos de representación profesionales. Algo que, por el momento, sigue lejos de ser una realidad en el terreno judicial. En la actualidad, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las máximas instituciones de registradores, notarios y abogados. Y lo mismo ocurre en los escalafones más altos de la judicatura. Sólo Fiscalía y procuradores acarician la igualdad.

El Ejecutivo pretende que para finales de junio de 2026 el sexo menos representado ocupe como mínimo un 40% de los puestos de las Juntas de Gobierno de los Consejos Generales y los Colegios Profesionales. Algo que a día de hoy solo sucede, en el ámbito de la justicia, en el Consejo General de Procuradores. El Pleno de esta institución, su órgano superior, está compuesto en la actualidad por 73 miembros. Del total, siempre según la información pública facilitada, 40 son hombres y 33 mujeres, lo que equivale al 45% de los asientos –una cifra que se convierte en paritaria si se pone el foco en el Comité Ejecutivo, un grupo más reducido–. En este sector, ellas representan a más del 60% de toda la carrera, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Algo menor es en el ámbito de los registros. Las últimas cifras del órgano de gobierno de los jueces, relativas al inicio de 2022, ponen de manifiesto que el 46,88% de los miembros que integran el cuerpo de registradores de la propiedad o mercantiles son mujeres. Sin embargo, figuran en una proporción mucho menor en el órgano que representa a toda esta carrera. La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores se compone actualmente de 15 miembros. Una decena de asientos son para ellos. Media, para ellas, lo que equivale al 33% del total. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con los procuradores, en el caso de los registradores es una mujer la que lleva las riendas de la institución. Se llama María Emilia Adán y es, también, miembro del consejo asesor de la Woman Legal World.

También el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tiene una mujer al frente: Victoria Ortega, una letrada de dilatada trayectoria que lleva desde 2016 ocupando el puesto más alto de esta institución. Sin embargo, la paridad todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Su Comisión Permanente, que se encarga de presupuestos, balances o cuentas anuales, así como de ejercer las competencias del Pleno cuando hay que resolver un asunto con la mayor celeridad posible, tiene un 35% de mujeres. Una proporción mucho menor que la que ellas representan en la carrera. Actualmente, el cuerpo de abogados lo integran 150.141 personas. De ellas, 65.849 son letradas, lo que equivale al 44% del total.

Una representación que tampoco mejora cuando se amplía el foco a todo el Pleno. Este órgano está compuesto por la presidencia, los 83 decanos de los colegios profesionales, una docena de consejeros electivos entre "abogados y abogadas de reconocido prestigio" o los presidentes y presidentas de los Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía. El problema es que la falta de paridad en todos estos grupos hace imposible un reparto equilibrado de asientos en el órgano supremo del CGAE. Solo 20 de los 83 colegios profesionales están liderados por ellas –un 24%– y solo dos de diez consejos autonómicos los presiden mujeres –20%–. En cuanto a los puestos electivos, solo hay tres consejeras para una docena de asientos de este tipo: otro 25%.

Igual ocurre en el mundo de los notarios, mucho más masculinizado que los anteriores –más de un 60% son hombres y menos de un 40% mujeres, según los últimos datos del órgano de gobierno de los jueces–. El Consejo General del Notariado lo integran en la actualidad, según figura en su página web, una veintena de miembros. Y ellas solo ocupan tres asientos, lo que equivale a apenas un 15% de representación. Las elegidas son Carmen Rodríguez, María Isabel Valdés-Solís y María Teresa Barea, decanas de los colegios notariales de Murcia, Asturias y Andalucía, respectivamente.

La judicatura falla mientras la Fiscalía acaricia la paridad

Las mujeres también están infrarrepresentadas en la cúpula de la judicatura. Y, de nuevo, nada tiene que ver en esto la estructura demográfica de la carrera judicial. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, alrededor de un 56% de los jueces y magistrados en activo eran mujeres, frente al 44% de hombres. Y con el paso de los años esa proporción irá en aumento. En las tres últimas promociones de acceso a la Escuela Judicial, según los datos del órgano de gobierno de los jueces, el número de alumnas más que duplicaba el de alumnos. De hecho, en el curso 2021-2022, cuando se registró la diferencia más grande entre sexos, casi tres de cada cuatro jueces en prácticas eran mujeres.

Pero son ellos, sin embargo, los que por lo general ocupan los puestos más altos del escalafón, los que se asignan de modo discrecional. De los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, solo dos están presididos por mujeres: Comunitat Valenciana y Extremadura, con María Pilar de la Oliva y María Félix Tena. Lo mismo ocurre en las Audiencias Provinciales: solo ocho de cincuenta tienen a una magistrada al frente. Y en el Supremo, donde ellas apenas rondan el 23% de la plantilla. De hecho, una mujer no presidió una Sala del Alto Tribunal hasta septiembre de 2020. Fue la magistrada María Luisa Segoviano, que ahora forma parte de un Constitucional mucho más paritario: de los once miembros que lo integran en la actualidad, cinco son magistradas.

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Quien sí ha dado pasos importantes en la buena dirección ha sido el Ministerio Público, donde las mujeres representan un 65% de la carrera fiscal. De las 124 jefaturas –fiscal de sala, fiscal autonómico, fiscal jefe provincial o fiscal jefe de área–, ellas ocupan 59, lo que equivale al 48%. Esta cifra supone un incremento importante respecto al registrado hace siete años. En 2015, los hombres ocupaban un 70% de los cargos de alta representación en la Fiscalía, frente a un 30% que estaban en manos de mujeres. Pero también un aumento de diez puntos en comparación con los niveles que existían en 2019, el último año prepandemia.

Donde la paridad es prácticamente una realidad es en el puesto de fiscal superior autonómico: 9 son hombres y 8 son mujeres. A nivel provincial, un 57% de los cargos de fiscal jefe son para ellos, frente a un 43% que está en manos de ellas. Más o menos la misma proporción se registra en el rango de fiscal de sala, máxima categoría de la carrera: 15 mujeres frente a 21 hombres. Ahora bien, hay enormes diferencias según el órgano. Así, mientras ellas son mayoría entre los fiscales de sala de la Fiscalía General del Estado, ellos se imponen en el Supremo, la Audiencia Nacional, las Fiscalías Especiales y las de órganos constitucionales. En el Alto Tribunal, por ejemplo, el porcentaje de mujeres es del 39%. Y en los otros tres grupos sólo hay una: la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán.

Ahora bien, según datos del Ministerio Público, ellas lideran en las jefaturas de área, "un destino generalmente de gestión compleja". De 27 contabilizadas, 17 están en manos femeninas y 10 en manos masculinas, lo que representa una proporción de 63% frente a 37%.

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