Igualdad

España es el segundo país de la Unión Europea con el techo de cristal más grueso en el Supremo

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Ellas son mayoría en la carrera judicial. Pero ellos copan la cúpula del sistema. Tres lustros después de la aprobación de la Ley de Igualdad, el techo de cristal continúa sin romperse en tribunales superiores, audiencias provinciales o Supremo. De hecho, el del Alto Tribunal español es el segundo más grueso de toda la Unión Europea. La proporción de juezas apenas llega al 20%. Solo República Checa presenta peores datos. Lo que, sin embargo, no quiere decir que la situación sea mucho mejor en el resto de Estados miembro. Nada tiene que ver con esta infrarrepresentación, a ojos de las expertas, la tardía incorporación en nuestro país de las mujeres a la carrera. Más bien, creen que hay que buscar explicaciones, entre otras cosas, en las limitaciones con las que se topan en la obtención de méritos. Pero eso solo son, por el momento, percepciones. Porque llevan años esperando un estudio serio que pueda arrojar luz sobre esta cuestión.

La Comisión Europea publicó a mediados de mayo su cuadro de indicadores de la justicia, un resumen anual consolidado en el que facilita datos comparativos sobre la eficiencia, calidad e independencia de los Estados miembro. El estudio reconoce que se han registrado mejoras en en materia de igualdad desde 2010. Sin embargo, la situación continúa siendo todavía muy preocupante. "Las mujeres siguen representando menos del 50% de los jueces a nivel Tribunal Supremo en la mayoría de los Estados miembro", señala el Ejecutivo comunitario. La media de los Veintisiete se sitúa en el 41,5%. Solo en siete países ocupan la mitad o más en los altos tribunales: Rumanía, Bulgaria, Letonia, Hungría, Francia, Eslovaquia y Luxemburgo. En los dos primeros representan, nada menos, que un 76,9% y 76,6%, respectivamente.

España está muy lejos de esos niveles. Y también de la media comunitaria. De hecho, es el segundo país con peores datos en este sentido. Según las cifras recopiladas por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, de las que bebe el Ejecutivo europeo a la hora de elaborar el informe, en 2021 la proporción de mujeres en el Supremo español era del 19,2%, ligeramente menor que en el año previo –21,1%– pero que supone una ligera mejora respecto a la realidad de hace una década, cuando ni siquiera se alcanzaba el 10%. A día de hoy, de la plantilla de magistrados y magistradas del Alto Tribunal, apenas una quincena son mujeres. Solo República Checa presenta datos más preocupantes. En ese país, la Corte Suprema apenas cuenta con 1,4 juezas por cada decena de jueces, un retroceso en comparación con el 23,4% que tenía hace una década.

Si la presencia de las mujeres ya es baja a nivel general, más lo es en cuanto se pone el foco en los puestos de mayor relevancia. Solo una mujer preside en la actualidad alguna de las salas. Se llama María Luisa Segoviano y lidera la Cuarta, la de lo Social. Fue elegida por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en septiembre de 2020. Es decir, que fue hace tan solo dos años cuando por primera vez en la historia del Supremo una magistrada tomó las riendas de una de estas salas. Competía con una compañera. Algo que no es para nada habitual. Por lo general, los aspirantes a liderarlas suelen ser ellos. Pocos meses antes de Segoviano, fue María del Pilar Teso quien trató de presidir la Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Pero el puesto acabó siendo para César Tolosa.

Más magistradas en la carrera y con mayor antigüedad en el Supremo

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) puso de relieve este problema a través de un informe reciente. El documento, elaborado por dos magistradas, partía de la base de que la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad afecta también a la Administración de Justicia. De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) obliga a que las propuestas de candidatos contengan "una valoración de su adecuación a lo dispuesto" a esta norma que acaba de cumplir quince años. A pesar de ello, el informe sostenía que no se había avanzado nada "en cuanto al desarrollo reglamentario concreto de tal previsión orgánica". "No ha representado ningún cambio sustancial en la realidad de los nombramientos de carácter discrecional aprobados por el CGPJ después de su entrada en vigor", resaltaba el documento, elaborado por la comisión de igualdad de la asociación judicial.

La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, es una de las autoras de ese informe. "Hay una brecha de género contra la que no se ha actuado con la necesaria contundencia y firmeza", explica en conversación con infoLibre. En esta infrarrepresentación nada tiene que ver la estructura demográfica de la carrera judicial. Más bien, todo lo contrario. Ellas son más. Según el último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, a comienzos de año un 56% de los jueces y magistrados en activo eran mujeres, frente al 44% de hombres. Y la tendencia continuará al alza. En las tres últimas promociones, cuyos datos estadísticos ofrece el CGPJ, más de siete de cada diez jueces en prácticas eran mujeres.

¿Puede encontrarse, entonces, en la antigüedad la raíz del problema? Esa fue, justamente, una de las hipótesis que se barajaron. Sin embargo, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional lo rechaza. Hace décadas que las mujeres se incorporaron a la carrera judicial. Y ahora, señala Tardón, "acceden" al Supremo "con más años" de experiencia a sus espaldas que sus compañeros varones. De hecho, las estadísticas oficiales dan buena cuenta de ello. A comienzos de este año, la antigüedad media de las magistradas del Alto Tribunal era de 35,3 años, mientras que la de los magistrados era de 30,1 años. A nivel general, en toda la carrera judicial, son ellos quienes cuentan con más trayectoria. Pero la diferencia no es demasiado grande: 22,7 años frente a 18,8 años.

Un currículum lastrado por los cuidados

Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto es que ellas "solicitan menos" este tipo de plazas. Y no es, dice Tardón, "por falta de compromiso para asumir puestos de responsabilidad". De hecho, señala que en aquellos órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, ya sean decanatos o salas, se presentan igual que ellos.

Puede que, en parte, lo que les disuada sea un currículum que se ve lastrado por unos cuidados que ellas son las encargadas de asumir. Así, recuerda Tardón, mientras ellos participan en actividades adicionales que les permiten incorporar méritos que luego son computables en estos nombramientos discrecionales, ellas tienen que sumar a esto "el cuidado de hijos o personas dependientes". "Por cada diez casos, nueve de ellos los asumen las mujeres", asevera la magistrada.

No obstante, la magistrada recuerda que también aspirantes con un "currículum brillante" se han quedado por el camino en el proceso de selección frente a un candidato varón con, en su opinión, peor hoja de servicios sin que apenas se haya dedicado "una línea a justificar" tal decisión.

Casi una década esperando un estudio que arroje luz

Pero todo esto tan solo es una percepción. Porque, como señala, llevan años esperando un estudio sociológico y demoscópico que permita explicar, con datos sobre la mesa, los motivos que llevan a las magistradas a presentarse en menor medida a este tipo de procesos. El II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, de finales de 2020, calificaba de "necesaria y urgente" la realización de un análisis sociológico de estas características. El problema, sin embargo, es que esta ya era una previsión que contenía el I Plan de Igualdad, que data nada menos que de 2013. Sin embargo, casi una década después, Tardón sigue esperando su elaboración.

La sangrante brecha no es un problema exclusivo del Supremo. "Existe a todos los niveles y con los cargos de carácter discrecional", explica la magistrada. Solo hay que echar, de nuevo, un vistazo a los datos. Según la última memoria de estructura demográfica del CGPJ, de las 42 audiencias provinciales existentes solo 8 están presididas por mujeres. Y únicamente hay, en la actualidad, dos juezas encabezando tribunales superiores de justicia: María del Pilar de la Oliva y María Félix Tena, en Comunitat Valenciana y Extremadura, respectivamente.

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