Feijóo por fuera, Casado por dentro: el PP no cambia de rumbo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el III Foro Internacional Expansión.

Alberto Núñez Feijóo repite desde hace meses que no ha venido a la política nacional “a insultar”. Y tampoco a participar de una forma de hacer política basada en la confrontación y el desacuerdo, sobre todo en aquellos asuntos que considera de Estado y con los que trata de proyectar la imagen del PP y de sí mismo como alternativa a Pedro Sánchez.

Su balance, sin embargo, revela que aunque las formas han cambiado —al menos las suyas, porque las de algunos de sus portavoces siguen en el mismo sitio— el fondo sigue siendo el mismo. Un buen ejemplo es su capacidad para alcanzar acuerdos con el Gobierno. 

De las once ofertas de diálogo y pacto que Sánchez ofreció a Feijóo el 7 de abril, nada más cerrar el congreso extraordinario que consumó la defenestración de Casado, Feijóo sólo se ha prestado a apoyar una, la reforma de la Constitución para eliminar de la Carta Magna el término “disminuido” y sustituirlo por el de “persona con discapacidad”. Y, al mismo tiempo, reestructurar el artículo 49 para incluir las distintas dimensiones de la protección de las personas con discapacidad y reorientar su contenido hacia un enfoque que garantice su dignidad y autonomía. 

Con todo Feijóo ha tardado dos meses en dar el. Lo hizo esta semana reprochando que el Gobierno no se haya movido en este asunto, cuando es el PP el que lo tiene bloqueado en la Comisión Constitucional del Congreso. Y está por ver cuándo se materializará la reforma.

En el resto de los asuntos no hay avances. La aparente buena disposición del líder del PP a desbloquear por fin la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros llevan tres años en funciones y que amenaza con deslegitimar el funcionamiento del Tribunal Constitucional porque dos de sus integrantes deben ser nombrados necesariamente por el órgano de gobierno de los jueces, se ha quedado en buenas palabras y nada más. Feijóo ha decidido mantener bloqueada la renovación como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio y cada vez que se refiere a este asunto lo hace para negarle trascendencia, ignorando deliberadamente que el Tribunal Supremo tiene en estos momentos 14 puestos a la espera de renovar sobre una planta de 79 magistrados, lo que puede provocar un millar de sentencias menos al año.

En el Congreso tampoco ha habido cambios en relación con lo que ya ocurría con el PP de Casado. Es verdad que el principal partido de la oposición sigue llegando a algunos acuerdos con las formaciones que integran el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, como ocurrió esta misma semana en relación con la derogación del voto rogado, pero eso ya sucedía en la etapa anterior. En los asuntos relevantes, los que marcan la agenda, el PP se sitúa al margen —lo hizo esta semana en la convalidación del real decreto que permitirá aplicar la excepción ibérica que rebajará la factura de la luz, validado por la Unión Europea— o vota en contra, como sucedió en relación con las medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

Feijóo no habla de “filoetarras” ni de “golpistas” cuando se refiere a los partidos soberanistas, pero siempre reserva espacio en todas sus intervenciones para tratar de deslegitimar cualquier votación en la que partidos como Bildu apoyen al Gobierno. Aunque la medida a debate no guarde relación con nada de naturaleza territorial y se trate de medidas sociales, como los dos decretos citados.

Las cifras económicas

En el ámbito económico, el líder del PP ha dado pruebas de una gran habilidad para adaptarlas a su favor y convertirlas en la prueba definitiva de los males que aquejan a la economía española por culpa de la gestión del Gobierno. En puridad sólo la inflación (8,7% en mayo) es una cifra verdaderamente preocupante, porque el resto de las magnitudes son favorables o están dentro del márgenes autorizados por la Unión Europea: la economía está creciendo por encima del 4% (más que los países de nuestro entorno), la deuda pública se redujo el año pasado y el paro está descendiendo a buen ritmo, hasta el punto de que ya hay menos de tres millones de desempleados y más de 20 millones de personas ocupadas. 

Esta misma semana, el nuevo líder del PP prometió crear “tres millones de empleos”. Es incluso más que lo que decía su antecesor, Pablo Casado, cuyo compromiso era de “dos millones”. Y eso que el entonces líder del PP pedía “desconfiar” de los políticos que hablan de crear puestos de trabajo. 

Feijóo también pareció iniciar su mandato con un discurso más comprensivo con la identidad territorial y lingüística de Cataluña. En su primera visita a Barcelona como líder del partido defendió incluso su condición de “nacionalidad”, algo que Vox, Ciudadanos y el ala más radical del PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, discuten abiertamente y quieren suprimir de la Constitución. 

Pero poco después confirmó que su posición no ha cambiado en lo sustancial respecto a Pablo Casado: quiere llevar al Tribunal Constitucional la ley recién aprobada por el Parlament de Cataluña con el apoyo del 80% de sus diputados (todos menos PP, Cs, Vox y la CUP) para garantizar competencias lingüísticas en catalán y castellano en la escuela catalana y sortear así la decisión de un tribunal de fijar un porcentaje mínimo para la utilización del castellano en las aulas.

La agenda legislativa impulsada por Casado se mantiene. Hace apenas unas semanas, ya con Feijóo en el despacho de presidente en la sede de la calle Génova, el PP defendió sin éxito en el Congreso una de las proposiciones de ley con las que más ruido hizo la dirección anterior para tratar de limitar las competencias educativas de Cataluña: la creación de un cuerpo estatal de inspección con capacidad para investigar y denunciar la utilización de una lengua u otra en las aulas catalanas.

En la misma línea, el PP de Feijóo también está dando cobertura y apoyo expreso a Isabel Díaz Ayuso en Madrid y ahora también a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León para perseguir judicialmente los libros de texto del próximo curso. El nuevo líder ha asumido que defender ideas como la igualdad de género supone adoctrinamiento.

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