La estrategia del PP

Feijóo muestra comprensión hacia Argelia y le transmite que el Gobierno de Sánchez no representa a España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia ante periodistas.

El presidente del PP tiene su propia política exterior. Y está dispuesto a ejercerla. Si la semana pasada se reunía con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, para prometerle “lealtad” y “estrechar compromisos y lazos de vecindad, de reciprocidad, y de honestidad entre Marruecos y España”, este jueves se dirigió al Gobierno de Argelia para desmentir que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental sea la de España. 

Lo hizo apenas unas horas después de que el país magrebí, el principal valedor internacional del Frente Polisario y enemigo tradicional de Marruecos, anunciase la suspensión del tratado de amistad suscrito hace dos décadas con España como represalia por el “injustificable” apoyo del Gobierno al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara.

“Yo le pido al gobierno argelino que distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español”, aseguró poniendo en duda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea el legítimo representante de los españoles. “La mayoría de los partidos políticos que representan al pueblo español en Cortes Generales no hemos participado en la decisión del Gobierno español y su nueva estrategia con Marruecos y con el Sáhara”, razonó para deslegitimar la política exterior de Sánchez que, subrayó en su apelación al Ejecutivo de Argelia, es “improvisada”. “Le pediría al Gobierno argelino que no haga pagar los efectos” de esa política internacional al “pueblo español”, que “no tiene responsabilidad”.

Las declaraciones de Feijóo ante un grupo de periodistas después de mantener una reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recuerdan a las que pronunció su antecesor, Pablo Casado, durante la crisis migratoria de Ceuta de hace un año, en la que justificó la decisión de Marruecos de facilitar la llegada de miles de migrantes, en su mayoría niños, porque el Gobierno había decidido dar atención médica especializada, a petición precisamente de Argelia, al líder del Polisario.

Esta vez el líder del PP también culpa al Gobierno de la decisión de Argelia de romper el tratado de amistad con España por haber puesto fin a la tradicional neutralidad de nuestro país en relación con el futuro del Sáhara y haber apostado por la solución que propone Rabat: dar cierto grado de autonomía a la antigua provincia española, pero bajo soberanía marroquí. Entre las explicaciones ofrecidas por Sánchez en el Congreso y “la crisis diplomática con un aliado estratégico como es Argelia”, subrayó Feijóo, pasaron apenas unas “horas”.

El líder de la oposición, a diferencia de la Comisión Europea, que inmediatamente respaldó a España e instó a Argelia a “revisar su decisión”, no ofreció en ningún momento su apoyo al Gobierno español y se quejó de no haber sido informado de la situación. “Esta mañana deberíamos haber recibido una llamada para informarnos de los efectos que puede producir esta crisis diplomática que ya arrastramos desde hace semanas y que se ha recrudecido. No se nos informa de cuestiones tan elementales como una política, siempre compleja, pero necesaria, de equilibrio con Argelia y con Marruecos”, lamentó. 

“Necesitamos retomar las relaciones de confianza con Argelia y mantener las relaciones de confianza con Marruecos, sin olvidarnos del hecho histórico del Sáhara”. “Lo lógico es que el presidente del Gobierno, ya que no informó a nadie cuando rompió esos equilibrios y esos consensos en el caso de Marruecos, al menos informe ahora en el caso de Argelia”. “Estamos con los teléfonos abiertos para escuchar las explicaciones del presidente, pero me da la sensación de que en el Gobierno lo que reina en estos momentos es una gran confusión e incertidumbre”.

Ni siquiera saben, aventuró, cómo va a afectar la decisión de Argelia al suministro y al precio del gas procedente de este país. Así que lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es aclarar “exactamente qué es lo que está pasando con Argelia. Si peligran el suministro y el precio del gas”. 

“Incendiario”

Las palabras de Feijóo tuvieron inmediata réplica por parte del portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, que le tachó de “incendiario” en relación con la estabilidad del país y las relaciones internacionales y le acusó de “irresponsabilidad” al tratar de debilitar la imagen de España.

Gómez condenó la “nula voluntad” de Feijóo de tener sentido de Estado y su “desconocimiento absoluto” de la política exterior, que utiliza como “arma arrojadiza”. Ha perdido “la cordura y el respeto” a las instituciones y al Gobierno. Sus declaraciones, subrayó, “no tienen justificación alguna”.

En este contexto, el PP, que el miércoles consideraba “un timo” el mecanismo negociado por Pedro Sánchez en el Consejo Europeo para que España y Portugal puedan limitar los efectos del precio del gas sobre la factura eléctrica, acabó este jueves facilitando con su abstención su aplicación en España. Lo hizo después de que la Unión Europea le diese su apoyo porque, en palabras de Feijóo, su partido no debía oponerse a una medida que va a rebajar el precio de la electricidad, reconoció, aunque no le “parece que sea adecuada” ni “sería la que adoptaría” si estuviera en el Gobierno. 

Toda una paradoja, porque según el portavoz del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, “la excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética” y “una intervención radical del mercado”.

En opinión de Feijóo, la única medida eficaz para abaratar la luz es la que el PP propone desde hace meses: una reducción al 5% del IVA sobre el gas. Tiene además muchas dudas acerca de los “efectos secundarios” que tendrá la excepción ibérica aprobada por Bruselas, porque no ve claro quién pagará la diferencia entre el precio de mercado del gas y el que se aplicará a la factura de la luz, ni si los consumidores españoles acabarán pagando esa diferencia también cuando la electricidad se suministre a Portugal y Francia (la vicepresidenta Teresa Ribera, responsable en materia de energía del Gobierno, desmintió en el Congreso que eso vaya a ocurrir).

El Gobierno estima que el nuevo mecanismo hará posible una rebaja media del 15,3% para un consumidor doméstico y de entre el 18% y el 20% para un consumidor industrial.

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