Feijóo se olvida de sus políticas sobre memoria histórica en Galicia y sigue ahora la estela de Casado

El presidente del PP, Alberto Feijóo, durante un encuentro con empresarios del Centro de Estudios para el Desarrollo, en Montevideo (Uruguay).

Martes, 6 de julio de 2021. El conservador Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, se sienta a primera hora de la mañana en el estudio que la Cadena Ser tiene en el centro de la capital para ser entrevistado en el programa Hoy por Hoy. La charla dura poco menos de media hora. El tiempo suficiente como para que el barón territorial se pronuncie sobre homofobia, migración o los últimos audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, sobre la Guerra Civil, esa que pocos días antes había sido definida por el presidente de su partido, Pablo Casado, como un "enfrentamiento" entre "quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia". "Es una forma resumida e incompleta de explicar las cosas. La Guerra Civil fue un golpe de Estado", dijo entonces el dirigente conservador enmendando a su jefe de filas.

Ahora, un año y cuatro meses después, todo es diferente. Casado está muerto políticamente. Y Núñez Feijóo es el encargado de dirigir el partido y de resumir de forma bochornosa uno de los capítulos más negros de la historia reciente de España. Lo que hace solo un año era, en aquel estudio radiofónico, un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo, ahora no es más que una pelea de antepasados. "Hace ochenta años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron. Nos habíamos dado la mano. Y un Gobierno que reabre el rencor y que no siembra la concordia es un Gobierno que no respeta la Constitución y la Transición", afirmó hace pocas horas el líder conservador durante su visita a Argentina. Un giro radical con el que deja atrás su pasado político para coger el testigo radical de Casado –y del propio PP– en relación a la memoria.

Centrado en la incómoda plaza madrileña, Feijóo parece haberse olvidado del perfil que durante años ha mantenido en lo que se refiere a la contienda y posterior dictadura franquista. Una imagen, al menos de cara al público, que empezó a moldear hace más de una década. Corría el mes de octubre de 2008 cuando el PP gallego, entonces presidido por un Núñez Feijóo que lideraba la oposición, decidió por sorpresa votar a favor en el Parlamento autonómico de una resolución impulsada por socialistas y nacionalistas en la que se condenaba con rotundidad el franquismo. Aquel movimiento de quien fuera su delfín enfureció a Manuel Fraga, quien había crecido políticamente al calor del régimen franquista como ministro de Información y Turismo. "Nosotros no podemos vernos forzados por nadie. En conciencia, defenderemos lo que tengamos que defender", dijo el entonces senador conservador.

Una condena del franquismo que no gustó a Fraga

Aquella fue la primera vez que el PP gallego se alejó de la línea tradicional que se marca desde Génova en relación con todo lo que tenga que ver la Guerra Civil y la dictadura. Pero no la única. En el verano de 2016, ya con mayoría absoluta y Feijóo en la Xunta, los conservadores volvieron a votar a favor de una declaración institucional en la que se condenaba "el golpe de Estado perpetrado por Franco el 18 de julio de 1936, el régimen dictatorial consecuencia de ese golpe de Estado y los crímenes y represiones ejercidos sobre las personas vencidas". Así, de forma clara y sin recurrir a eufemismos. Igual que hicieron cuando, de nuevo todos los grupos, derecha incluida, recordaron a los republicanos deportados a campos de concentración. Miles de españoles que fueron abandonados a su suerte, y así se recogía en la declaración institucional, por "la colaboración" de Franco con el nazismo alemán y el fascismo italiano.

Todas aquellas resoluciones apoyadas por el PP de Feijóo reclamaban abiertamente ponerse del lado de las víctimas. Así, reiteraban "la importancia de proseguir" con las "acciones dirigidas a recuperar y dignificar la memoria" y "colaborar en la identificación de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes". Iniciativas que no solo respaldaban, sino que en algunos casos incluso promovían. A finales de 2018, los conservadores gallegos llevaron una resolución al debate sobre el estado de la autonomía en la que se instaba a la Xunta a "consensuar y coordinar" con la Federación Gallega de Municipios y Provincias y con la Administración General del Estado "las actuaciones encaminadas a facilitar" a las familias "la localización, exhumación y traslado, si procede, de los restos formales de sus familiares".

En Galicia hay documentadas casi medio millar de fosas comunes, de las que por el momento sólo se han intervenido un par de docenas. A pesar de ello, desde la oposición se reconoció cierto giro a los conservadores. "Después de mucho tiempo, están cambiando su política. Pero todavía les queda un largo camino por recorrer", decía en sede parlamentaria el diputado de En Marea Antón Sánchez. Por aquel entonces, todos los ojos estaban puestos en la recuperación del Pazo de Meirás, reclamada de forma unánime y que terminó desembocando en un proceso judicial en el que estuvieron personados el Estado, la Xunta o los ayuntamientos de Sada y A Coruña.

De la "guerra del abuelo" al "hablar de los vivos"

Pero esa imagen de conservador moderado, que siempre ha tratado de explotar a nivel mediático, se ha venido abajo en poco más de medio año. Su aterrizaje en Génova le ha llevado a adoptar la clásica postura del PP en todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo. Tres meses tardó Feijóo en asegurar que derogaría la Ley de Memoria Democrática desde que cogió las riendas del partido por aclamación, lo mismo que llevaba prometiendo Casado desde sus inicios. Es más, el dirigente gallego planea impulsar una norma que sirva para conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles emigrados, algo que el presidente del PP quiere extraer de la norma memorialista. Una estrategia similar a la de su antecesor, quien propuso una Ley de Concordia que sustituyera a la de Memoria.

Feijóo no se ha apartado ni un milímetro de los postulados tradicionales de Génova en materia memorialista. Simplemente, ha cogido el testigo de su sucesor y ha continuado en la misma línea. Para lo que Casado era "la guerra del abuelo", para el gallego es ahora una simple pelea de antepasados. Un jefe de filas en el PP que ya no parece tener interés alguno en cerrar uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de España respaldando a las víctimas. "A mi me gusta más hablar de los vivos que de los muertos. Creo que la política debe centrarse en los vivos y dejar a los muertos en paz", aseveró hace un par de días sobre la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena. "Me preocupa el futuro de mis hijos, no lo que dividió a mis abuelos", era lo que solía decir Casado cuando le preguntaban por la salida de Franco de Cuelgamuros.

Y eso que el PP gallego de los últimos años no había tenido demasiados problemas en apoyar iniciativas memorialistas que reclamasen el cumplimiento de la ley, ya fuera en lo relativo a las víctimas como en lo referente a la resignificación de lugares. Porque durante su etapa al frente de la Xunta, la mayoría absoluta conservadora que dirigía no tuvo inconveniente alguno en permitir que saliesen adelante textos que exigían seguir dando pasos al frente para "eliminar los símbolos, denominaciones y referencias franquistas de calles y edificios públicos". Eso sí, los conservadores nunca quisieron ir más allá de las buenas palabras –siempre se han negado a una ley autonómica memorialista–. Pero de todo aquello ahora no parece quedar nada en el PP de Feijóo.

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