En una declaración muy similar a la que prestó durante la fase de instrucción, el fiscal que se encargó inicialmente del caso del novio de Ayuso, el que recibió la propuesta de pacto en la que su abogado reconocía dos delitos fiscales y proponía al Ministerio Público un acuerdo para no entrar en prisión, ha asegurado que, desde entonces, ha sido sometido "a una campaña de desinformación que se ha extendido durante 20 meses". Salto ha reiterado que la información que publicó El Mundo y que dio origen a la cadena de gestiones para desmentirla con una nota de prensa al día siguiente era falsa. "Nunca he llamado a un letrado para que se conforme [para ofrecer un pacto de conformidad]", declaró al preguntas de la Fiscalía. "Nunca se le dijo que no iba a haber acuerdo".
La declaración desmiente taxativamente el bulo difundido el 13 de marzo a la prensa por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que sostuvo que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de la presidenta y después lo había retirado. "Todo sucio", remachó para tratar de escenificar un falso complot político contra Ayuso. El fiscal con el que se inició el caso González Amador también ha protestado porque el abogado de González Amador, Carlos Neira, filtrara los correos con las conversaciones de ambos a su cliente y a Miguel Ángel Rodríguez. "Se trataba de conversaciones privadas", ha afirmado.
Salto ha relatado además, la vertiginosa información que tuvo que dar a sus superiores la noche del 13 de marzo, una "dación de cuenta", como se dice en el argot judicial, hecha por teléfono móvil en medio de un partido de fútbol de la Champions League en el estadio Metropolitano. El fiscal ha asegurado que la petición de información que le hicieron llegar tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, para elevar la información al fiscal general del Estado, era completamente legal. Que se trataba de una persona muy relevante que había provocado que el caso se convirtiera en una noticia a "interés nacional" y que, en esos casos, se impone informar a los superiores.
El fiscal que auxilia a la teniente fiscal del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general, el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, le preguntó si, pese a lo urgente del momento y el lugar tan extraño en el que se le reclamó la información consideró en todo momento que se encontraba en ese trámite previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar los datos de un caso a las diversas jefaturas.
"Totalmente", dijo Salto. "Me parece una orden legal y sé que al final lo que están sospechando es que soy yo el que está haciendo algo irregular", es decir, filtrando información o ofreciendo pactos o retirándolos. "No hay ningún problema porque lo que yo quiero es que se compruebe que yo he obrado conforme a la legalidad", añadió. El fiscal de delitos económicos, actualmente destinado de manera temporal en la Audiencia Nacional, subrayó que no había recibido ninguna orden de sus superiores para indicarle que no se podía llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso.
Tras el Ministerio Público, ha tocado a la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz. Su representante, la ex abogada general Consuelo Castro, se ha interesado sobre todo por los buzones genéricos y corporativos a los que Salto había mandado los correos para intentar demostrar que la filtración pudo proceder de muchas personas y no necesariamente del fiscal general.
Salto ha confirmado que recibió el correo de Neira en el que se confesaban los delitos de Amador –aquel que decía "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"– en el buzón genérico de la fiscalía de delitos económicos al que tienen acceso otros fiscales. Que posteriormente, se lo reenviaron a su correo profesional y le dejaron una copia encima de la mesa de su despacho, que comparte con otros tres fiscales (quizá pudieron verlo).
También afirmó que la noche del partido, después de que, en nombre del fiscal general, la fiscal jefa de Madrid le pidiera los correos, se los envió a su dirección corporativa, pero también al correo corporativo de la fiscal superior de Madrid. Además de a esas dos personas, tras hablar con las dos jefas, Salto habló también con la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, para qué le contara qué estaba pasando exactamente y también a ella le envió los correos.
En una declaración muy similar a la que prestó durante la fase de instrucción, el fiscal que se encargó inicialmente del caso del novio de Ayuso, el que recibió la propuesta de pacto en la que su abogado reconocía dos delitos fiscales y proponía al Ministerio Público un acuerdo para no entrar en prisión, ha asegurado que, desde entonces, ha sido sometido "a una campaña de desinformación que se ha extendido durante 20 meses". Salto ha reiterado que la información que publicó El Mundo y que dio origen a la cadena de gestiones para desmentirla con una nota de prensa al día siguiente era falsa. "Nunca he llamado a un letrado para que se conforme [para ofrecer un pacto de conformidad]", declaró al preguntas de la Fiscalía. "Nunca se le dijo que no iba a haber acuerdo".