El futuro de la monarquía

La Fiscalía contradice al abogado del emérito y deja en el aire que su regularización le evite el banquillo

Juan Carlos I asiste a la gala de la Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo cursó el pasado mes de noviembre una "comunicación" a la representación legal del rey emérito para informarle de que había dos investigaciones abiertas contra él, según han confirmado a infoLibre fuentes del Ministerio Público. Queda así en el aire, de momento, si la declaración que ha presentado Juan Carlos de Borbón para regularizar fondos no declarados a Hacienda puede tener efecto en las diligencias penales abiertas y si podría neutralizar o no una posible imputación por delito fiscal.

Los fiscales encargados del caso deberán determinar ahora si el aviso del mes pasado le permite o no eludir este delito que, por otra parte, el propio rey emérito ya ha admitido presentando la declaración ante Hacienda.

La notificación del Ministerio Público al ex jefe del Estado, que se ha conocido este jueves aunque se hizo hace un mes por escrito, se refería a dos diligencias de investigación: la de las presuntas comisiones por la construcción del AVE  a la Meca y la de las tarjetas que el ex jefe del Estado y miembros de su familia habrían utilizado para gastos personales y que se nutrían con fondos supuestamente donados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ambas investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía del Supremo este año, la primera en junio y la segunda en noviembre.

Esta comunicación pone en tela de juicio lo manifestado un día antes por el abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, quien en un escueto comunicado informó de que su cliente había procedido a presentar "ante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos", dando a entender así que ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria le habían enviado previamente notificación formal de las investigaciones.

En la comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo reside la duda sobre si la regularización permitiría a Juan Carlos de Borbón esquivar el delito fiscal por el que está siendo investigado, ya que el Código Penal, en su artículo 305.4, contempla que se extingue la responsabilidad penal cuando se hayan regularizado los fondos antes de que se abra una inspección de la Administración Tributaria competente o presenten denuncia o querella la Fiscalía y/o la Abogacía del Estado, "o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Información muy sucinta

Fuentes consultadas por este diario explican que la comunicación al abogado del rey emérito es el trámite habitual en diligencias de investigación como esta y que en ella se proporciona "información muy sucinta" para que las pesquisas no resulten perjudicadas. Determinar si esa comunicación encaja con lo que establece el Código Penal –"tener conocimiento formal"– como uno de los pasos que impedirían neutralizar el delito fiscal es uno de los debates que se abren ahora para los investigadores del Supremo.

Fuentes de la Fiscalía del alto tribunal opinan que efectivamente la comunicación realizada el mes pasado implica que el rey emérito estaba avisado y, por tanto, no podría eludir una imputación por delito fiscal, si así lo concluye la investigación, aunque ya haya regularizado sus fondos. Sin embargo, las mismas fuentes también admiten que el mencionado artículo del Código Penal es interpretable, de ahí que los fiscales encargados del caso, comandados por Juan Ignacio Campos, deban hacer el análisis jurídico pertinente. En todo caso, el estudio será extenso y no tendrá resultados a corto plazo.

Otras fuentes fiscales consultadas por este diario consideran que una notificación como la que hizo la Fiscalía no invalidaría la regularización que ha hecho Juan Carlos I y, por tanto, éste podría extinguir su responsabilidad penal, ya que opinan que sólo una denuncia o una querella o una inspección de la Agencia Tributaria frenaría esta posibilidad. Aseguran que hay una extensa jurisprudencia en este sentido.

No sólo el posible delito fiscal está en el aire. Una imputación que podría ir aparejada a este ilícito como es la de blanqueo de capitales quedaría en nada si finalmente quedara neutralizado el primero, ya que para que exista blanqueo han de poder vincularse los fondos con un ilícito previo. Es decir, un investigado puede mover grandes cantidades de activos, pero si éstos no proceden de una actividad delictiva, no habría blanqueo cuando se intentan introducir esos fondos en el circuito legal. En todo caso, todo dependerá del devenir de las pesquisas y de la valoración jurídica que hagan los fiscales encargados del caso a las implicaciones de esa comunicación que se produjo en noviembre.

El origen de los fondos, la clave

En todo caso, desde la Fiscalía del Supremo advierten de que la investigación contra el rey emérito por la utilización de las tarjetas para sus gastos no está ni mucho menos cerrada, ya que aún se tienen que estudiar todos los elementos sobre los que se ha indagado en las pesquisas que llevan abiertas más de un año y analizar la declaración ante Hacienda presentada por Juan Carlos de Borbón, sobre la que se cotejarán las cuantías declaradas y los ejercicios fiscales. En este sentido, dejan muy claro que la regularización ha sido remitida este mismo jueves al Ministerio Público, el cual no ha tenido ningún conocimiento previo sobre los contactos que haya podido haber entre la representación legal del ex jefe del Estado y la Agencia Tributaria.

Sobre la declaración, explican las citadas fuentes, se deberán realizar diversas averiguaciones que permitan constatar que ésta es completa y veraz y que las donaciones del empresario mexicano son tales. La clave está en el origen de los fondos, esto es, de dónde procede ese dinero y si las cuentas de las que salió están a nombre de Sanginés-Krause. Para seguir el rastro del dinero se han cursado comisiones rogatorias a terceros países, trámite que suele alargar las investigaciones.

Los fiscales del Supremo también tendrán en cuenta lo declarado el año pasado, cuando las diligencias estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción, por el propio millonario mexicano y el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, quien fue durante casi diez años ayudante de campo del rey emérito. A través de él se habrían canalizado las transferencias de fondos. Sanginés-Krause justificó los ingresos por la amistad que dice le une al ex jefe del Estado desde hace muchos años. Por su parte, el coronel Murga intentó exculpar al exmonarca argumentando que los gastos para Juan Carlos de Borbón y familiares eran regalos que había efectuado con sus propios ingresos, a pesar de que su patrimonio no podía justificar tales desembolsos, según han publicado varios medios de comunicación.

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