La ofensiva judicial de las grandes empresas contra el equipo de Colau naufraga en los tribunales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras el archivo de la última querella contra ella.

La ofensiva contra el Ayuntamiento de Barcelona se desmorona poco a poco en los tribunales. Ni los partidos, ni los grandes fondos de inversión, ni tampoco varias empresas de diferentes sectores han conseguido hacer caer ninguna de las piezas del equipo de gobierno de Ada Colau. No es porque no lo hayan intentado con intensidad. Ni mucho menos. Solo en el último lustro se han impulsado nada menos que una quincena de acciones judiciales contra la propia alcaldesa y varios miembros –actuales o pasados– de su ejecutivo. Querellas y denuncias que han generado mucho ruido mediático pero que, en su mayor parte, no se han traducido en nada. Ya son una decena los casos archivados por la justicia. No obstante, al equipo de gobierno local aún le quedan cinco frentes vivos en los tribunales. Dos de ellos planteados, de nuevo, por fondos de inversión. El resto, por plataformas o asociaciones vecinales.

Las acciones judiciales contra las decisiones consistoriales en la ciudad no son nuevas. Pero ahora los actores son otros. Así lo explica alguien de peso en el ayuntamiento de la Ciudad Condal: "Antes también había, pero la diferencia es que entonces se impulsaban mayoritariamente por entidades que intentaban defender el interés general, mientras que ahora suelen ser grupos que tratan de proteger intereses privados, beneficios que vienen acumulando". A pesar de ello, las fuentes pulsadas siempre tuvieron claro que las querellas y denuncias apenas tendrían recorrido. "Llevan mucha literalidad, están pensadas para ser filtradas a los medios, pero jurídicamente son poco sostenibles. Más que buscar condenas, tratan de generar ruido, de que quede ese mensaje de que todos los políticos son iguales", aseveran.

La ofensiva arrancó en plena guerra por la remunicipalización del agua en la Ciudad Condal. Era 2018 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había tumbado hacía unos meses la entrega sin concurso a Agbar del suministro de agua en Barcelona, una decisión que posteriormente corregiría el Supremo. La compañía, filial del gigante francés Suez, interpuso dos querellas contra el concejal de Agua y Energía, Eloi Badia. La primera, por la elaboración de una auditoría en la que se ponía de manifiesto que los activos de la firma valían una cuarta parte de lo que había declarado en 2012, cuando se creó la empresa mixta a la que se encargó el suministro. La segunda, por un artículo en Ara con información económica y contable de Agbar. Se le acusaba de injurias, calumnias o revelación de secretos. Ambas fueron archivadas.

Inmobiliarias, cadenas hoteleras y patronales de VTC

Por los dos primeros delitos llevó también a los tribunales la inmobiliaria MK Premium a Gala Pin, exconcejala de Ciutat Bella. Lo hizo después de que la política acusara en televisión a la firma, que adquiría edificios enteros en la Ciudad Condal con vecinos a los que está a punto de cumplir el contrato de alquiler, de coaccionar a inquilinos para que abandonen el edificio. La jueza llegó a dejar a Pin a un paso del banquillo de los acusados. Pero la Audiencia de Barcelona terminó dando portazo al asunto. Primero, porque existían denuncias de vecinos alertando del mobbing. Y segundo, porque sus palabras estaban amparadas por la "libertad de expresión". "No se aprecia una intención de deshonrar, sino de informar sobre una problemática social que afecta a los vecinos del distrito en que es concejala", recogía el auto.

A lo largo de este lustro, también se ha abierto la vía penal por las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno en materia de urbanismo o movilidad. Dentro del primer ámbito destaca el caso de una operación hotelera en uno de los barrios de la ciudad con alta saturación turística. El consistorio denegó a la cadena Praktik la licencia para levantar un establecimiento de lujo con dos centenares de habitaciones en el Raval. La firma respondió con una querella contra la teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Janet Sanz, a la que acusaba de prevaricación. Pero el asunto fue archivado al considerar que existía un "fundamento técnico jurídico aceptable" para no dar el permiso. Al fin y al cabo, la justicia había anulado el plan de usos de Ciutat Vella, aprobado en 2013 y que ampliaba el número de plazas hoteleras en el distrito.

Poco después, recibió luz verde el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que fijaba las condiciones para la concesión de licencias para vehículos con conductor. La patronal Unauto-VTC decidió abrir la vía penal por este asunto. Lo hizo interponiendo una querella contra la alcaldesa y presidenta de la AMB, Ada Colau, a quien acusaba de prevaricación, malversación y desobediencia. Un juzgado de la Ciudad Condal se negó a encausar a la dirigente por estos delitos, también impugnados por la Fiscalía. Un carpetazo que posteriormente confirmó la Audiencia de Barcelona. "No se cumplen todos los requisitos ni de forma indiciaria", señalaban los magistrados sobre la supuesta prevaricación.

Ataque por las subvenciones concedidas

Las subvenciones concedidas a determinadas entidades sociales por parte del consistorio también han sido motivo de ataque judicial contra Colau y varios miembros del equipo de gobierno. El primero en ponerlas en conocimiento de la Fiscalía fue el colectivo Abogados Catalanes por la Constitución, quienes situaron el foco en las ayudas otorgadas al Observatorio DESC, la PAH o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y en los supuestos vínculos de éstas con los cargos públicos. Pero el Ministerio Público dio carpetazo al asunto. Igual que ha hecho esta misma semana el juez con otra querella prácticamente idéntica de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, un caso por el que ha llegado a declarar Colau como investigada. "No ha existido conducta ilícita alguna", ha concluido el juez.

El tema de las subvenciones se ha puesto también sobre la mesa del Tribunal de Cuentas. Llegó a través de Agbar, que denunció tanto esto como los estudios encargados por el gobierno de Colau para municipalizar el agua. El órgano fiscalizador dio carpetazo hace justo un año a la segunda parte de la denuncia, pero todavía mantiene abierta la primera. Lo hizo un par de meses después de archivar una denuncia de Ciudadanos en la que se acusaba a la alcaldesa de haber troceado contratos menores entre 2017 y 2020. Entonces, la Fiscalía no vio responsabilidad contable alguna. Como tampoco el Ministerio Público vio delito en la colocación por parte del equipo local de bloques de hormigón en algunas calles del Eixample, un asunto que también llegó desde el ámbito político de la mano del abogado Daniel Vosseler.

Los frentes 'vivos' de los fondos

La decena de archivos registrados hasta el momento no pone fin aún al enorme frente judicial que se ha ido armando alrededor del equipo de gobierno de la Ciudad Condal. Según explican fuentes municipales, todavía quedan vivas cinco causas más. Sin embargo, el consistorio confía en que terminen, como todas las anteriores, durmiendo el sueño de los justos. Una de ellas señala directamente a la alcaldesa. Es la que se puso en marcha después de que el fondo buitre Vauras Investments, al que el consistorio multó con la ley en la mano por no ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que ocupaban uno de sus edificios, interpusiera una querella contra la primera edil, dos concejales y una funcionaria de vivienda a los que acusaba de "confabulación con grupos okupas".

Ni el Ministerio Público ni la jueza vieron delito alguno. Por eso, la instructora archivó de plano la querella. Lo hizo en un auto en el que sostenía que decir que había una "connivencia" entre el consistorio y "grupos okupas" para paralizar los desahucios en el bloque era "una afirmación carente de sentido", recordaba que las propuestas de alquiler social eran "obligatorias" en la ley catalana de vivienda y afeaba al fondo que hablase de un delito de prevaricación sin detallar en qué expediente concreto existían las irregularidades. A pesar de ello, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso a finales de abril. "Penalmente no le vemos ningún recorrido", apuntan fuentes municipales, que recuerdan que la alcaldesa "ni siquiera ha intervenido" y que el consistorio actuó en todo momento en cumplimiento de la ley.

En el equipo de gobierno local están convencidos de que tampoco llegará a ningún lado la causa que afecta a la responsable de Urbanismo. Sanz está siendo investigada por la actuación del ayuntamiento para frustrar otra operación hotelera. Todo se remonta a comienzos de 2019, cuando trascendió que el fondo London Private Company estaba negociando con los Padres Paúles una opción de compra de la Casa Buenos Aires, un edificio modernista en el barrio de Vallvidrera. Durante un año, el consistorio negoció un pago para no derribar el inmueble. Pero no se alcanzó un acuerdo económico. Y el ayuntamiento decidió modificar el plan urbanístico para proteger el edificio. La Casa Buenos Aires se expropió y se destinó a equipamientos para el barrio. "El expediente está bien armado. Esperamos que en las próximas semanas pueda llegar el archivo", apuntan fuentes municipales.

Bajo la lupa la cesión de un local y la contaminación de una incineradora

A estas dos causas abiertas se le une una tercera impulsada por una asociación vecinal contra el concejal Eloi Badia por la cesión de un local ocupado a un colectivo juvenil y una cuarta por el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Sant Adrià del Besós. Esta última parte de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito ecológico contra Badia, presidente de la empresa pública que gestiona la planta –Tersa–, y el jefe de explotación de la misma. Un movimiento que se dio tras una investigación en la que se concluyó que la incineradora presuntamente emitió gases contaminantes que suponían "un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas".

El Ministerio Público también se encuentra investigando desde hace meses el proyecto de la supermanzana del Eixample, con el que el consistorio de la Ciudad Condal pretende ganar 58.000 metros cuadrados de espacio para el peatón. Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por la plataforma Salvem Barcelona, que resaltaba que el proyecto se había iniciado sin las modificaciones necesarias del Plan General Metropolitano (PGM) y que las reformas que se pretendían llevar a cabo tienen importantes efectos sobre la movilidad, el comercio o la actividad residencial. Sobre la mesa de la Fiscalía, un posible delito contra la ordenación territorial.

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