Política

El fracaso del pacto antitransfuguismo: diez años de veintitrés paralizado por las espantadas del PP

Teodoro García Egea y Fernando López Miras en una imagen de archivo.

Eran tiempos de un incesante ir y venir de concejales, alcaldes y diputados provinciales de un lado a otro del espectro político. Se presentaban bajo unas siglas y acababan siendo claves para que gobernasen justo las de enfrente. Los partidos perdieron buena parte del control de sus propias listas electorales, principalmente, a nivel municipal y la figura del tránsfuga jugaba un papel decisivo en la gobernanza de muchas instituciones. En algunos casos por rencillas personales, venganzas o traiciones. Pero casi siempre con un trasfondo de prácticas de corrupción. Y por eso se intentó poner pie en pared.

Fue en 1998 cuando, encabezadas por PSOE y PP, hasta un total de doce formaciones políticas firmaron el conocido como Pacto Antitransfuguismo. Y el balance no es nada alentador: de los veintitrés años que han pasado desde su puesta en marcha, diez ha estado absolutamente paralizado por la incomparecencia del Partido Popular, que decidió abandonar su puesto en 2010 tras una moción de censura en el Ayuntamiento de Benidorm y que ahora vuelve a hacer lo mismo tras el episodio de la Región de Murcia. Por el camino, varias declaraciones de buenas intenciones y alguna legislación en marcha para poner coto a los tránsfugas en las elecciones municipales. Pero el acuerdo no ha sido capaz de impedir algunos casos graves que ya son parte de la historia política de este país. Y ahora, además, vuelve a quedar atrapado en una vía muerta.

Los abandonos del PP

Esta misma semana se hacía oficial la decisión del Partido Popular de volver a abandonar el Pacto Antitransfuguismo, como ya hicieran los populares en el año 2010. En esta ocasión, la decisión se enmarca en la resaca política de la operación puesta en marcha en Murcia para evitar la moción de censura de PSOE y CS al presidente López Miras. El Comité de expertos del pacto declaró tránsfugas tanto al presidente murciano como a los diputados de Ciudadanos que rompieron con su partido para mantener en el poder a López Miras. El PP argumenta que esos expertos, designados por los propios partidos políticos firmantes del Pacto, carecen de la neutralidad suficiente. Así que lo abandonan y vuelven a condenarlo a muerte por inactividad. Todos los miembros de la comisión de seguimiento consultados coinciden en señalar que “no tiene sentido ni contenido posible” un foro de este tipo que no cuente con el respaldo del principal partido de la oposición.

Desde la dirección parlamentaria del PSOE hacen un diagnóstico muy crítico de la salida del PP: “Es un intento baldío de escapar al reproche generalizado por el caso de evidente transfuguismo de Murcia mediante la compra de diputados de Ciudadanos. Pero también pretenden tener las manos definitivamente libres en futuras operaciones de similar carácter fraudulento”.

Ya en 2010, los populares abandonaron también el Pacto después de la moción de censura en el Ayuntamiento de Benidorm. En aquella ocasión fue el PSOE quien, apoyado en un tránsfuga exconcejal del PP, propició un vuelco en el consistorio que acabó dándole el bastón de mando de la ciudad a un alcalde socialista.

La conclusión es que, más allá de la paralización que supone el abandono del PP en ambas ocasiones, el invento creado en 1998 como declaración de intenciones de los partidos para implicarse en la exclusión de los tránsfugas de la vida pública, no ha servido para evitar que casos de este tipo de sigan produciendo.

¿Para qué sirve el pacto?

En su documento fundacional, los firmantes se comprometieron a aislar políticamente a los tránsfugas y a no utilizar su influencia “para cambiar las mayorías de Gobierno” de ninguna corporación. Para hacer cumplir el pacto se puso en marcha una comisión de seguimiento con representación de todos los partidos y también un comité de expertos designado por las distintas formaciones.

Cuando mayores frutos produjo fue en sus inicios. De hecho, del pacto salió una propuesta que acabó incorporándose a la legislación de bases del régimen local: en 2003 quedó establecido que los tránsfugas en los ayuntamientos no podrían formar parte de ningún grupo municipal y, por tanto, no podrían tampoco beneficiarse ni de sus recursos económicos ni de sus tiempos de intervención.

Pero esa legislación no trascendió al ámbito autonómico ni estatal, así que su impacto fue limitado. Y ni siquiera fue suficiente para impedir algunos casos de transfuguismo muy sonados a nivel local, como el mencionado vuelco de poder en el Ayuntamiento de Benidorm en el que el PSOE se valió de un tránsfuga del PP. Aquella operación contó incluso con el rechazo explícito de la dirección socialista.

Sin embargo, uno de los expertos consultados por Infolibre que forma parte de la comisión, opina que el Pacto “ha tenido un impacto claro en la rebaja de la incidencia de los tránsfugas en la política española”. Este experto define el foro como “una voluntad explícita por parte de los partidos para ejercer un autocontrol estricto”. Y va más allá, asegurando que gracias a ese consenso “se ha conseguido implantar la idea de que el transfuguismo es corrupción”. También reconoce, sin embargo, las limitaciones del acuerdo, y subraya que, en definitiva, “el Pacto no puede hacer otra cosa que no sean declaraciones o propuestas”.

Desde el Partido Socialista coinciden en que se consiguió “limitar de manera importante los casos de transfuguismo, aplicándoles un estigma político y social negativo. Las medidas legales y políticas de carácter disuasorio aportaron en general más exigencia ética y más estabilidad en las instituciones”. Y añaden que” hubo incumplimientos, sí, pero casi todos de la derecha”.

Grandes escándalos autonómicos

Donde apenas se ha notado el impacto del Pacto contra el transfuguismo es en los parlamentos autonómicos. Con las mociones de censura en el ojo del huracán, en la mayoría de los casos las legislaciones electorales regionales no han incorporado las recomendaciones en materia de transfuguismo. De ahí que algunos de los escándalos más sonados se hayan dado en este ámbito.

Es paradigmático el conocido como tamayazo, cuando en 2003 el Partido Socialista ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid pero no pudo acceder a la presidencia por la traición de dos de sus propios diputadostamayazo, que no aparecieron en la sesión de investidura. La repetición electoral sirvió para que Esperanza Aguirre ganase por mayoría absoluta. Y el Pacto Antitransfuguismo estaba en vigor.

Paralizado durante una década entre 2010 y 2020, la entonces ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, impulsó su reactivación el pasado verano. Así que el Pacto también estaba en marcha cuando el PP consiguió abortar una moción de censura de PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia convenciendo a varios diputados naranjas de que rompieran la disciplina de voto de su partido. Tampoco entonces sirvió de nada y el Pacto ha vuelto a saltar por los aires.

Cómo reactivarlo

Un componente de la comisión de expertos reconoce que “ha faltado ambición reformista” para que este foro anticorrupción no aporte más a la política española. A su juicio, el hecho de que la principal contribución sean simples recomendaciones o declaraciones de intenciones limita el impacto de los trabajos en la vida pública. Y también pronostica que no hay posibilidad de reforma o reactivación “hasta que el PP decida volver”.

En ese sentido, varias fuentes parlamentarias admiten que “hay poco margen de actuación” sin la participación del principal partido de la oposición. Desde el PSOE consideran grave el abandono del PP y comparan la importancia de este foro a otros pactos como el antiterrorista o el de la violencia de género. “Esta decisión debe analizarse en el contexto de la negativa a renovar los órganos constitucionales, el rechazo a asumir responsabilidades por los casos de corrupción, y las alianzas crecientes con la extrema derecha”, concluye esta misma fuente.

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