Así funcionaron los otros estatutos mientras el catalán no sirvió para la derecha y los independentistas

El Estatut marcó un antes y un después en la política catalana. La tramitación del texto por parte del Parlament y su "cepillado" después en las Cortes Generales marcó la dinámica territorial española durante la época de la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Se buscaba un nuevo encaje territorial e intentar una vía que que encauzara la situación. Y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional, cuatro años después en 2010, supuso para muchos un capítulo de frustración que ahondó la apuesta separatista.

Para muchos, el Estatut es el origen de lo que ha pasado luego en Cataluña. Pero en todo tipo de sentidos: la derecha siempre lo estigmatizó y lo convirtió en objeto de una dura campaña en las calles y en el Tribunal Constitucional. Un movimiento que, para interpretación de la izquierda, no fue contra el texto, sino contra la propia comunidad para ganar votos en el resto de España. 

Y, en el otro extremo, los independentistas siempre lo consideraron insuficiente para sus propias aspiraciones. Dos posiciones que se retroalimentaron durante años hasta llegar al punto de máxima expresión: el referéndum ilegal del 1-O, la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspendió la autonomía.

Pero el texto catalán no estuvo sólo. De manera paralela durante esos años también vieron la luz otros estatutos de “segunda generación”, como los de Andalucía, Comunidad Valenciana, Balears, Aragón y Castilla y León. Casi todos ellos estuvieron inspirados en el catalán, copiando hasta artículos. Pero, en cambio, esas leyes no han sido posteriormente objeto de polémica y están vigentes en sus autonomías sin ser motivo de enfrentamiento.

El PP sólo estuvo en contra del Estatut catalán

¿Por qué? ¿Era el texto catalán más divisivo? ¿La aplicación fue diferente? El devenir de estas normas tiene también otro punto en el que fijarse: sólo el catalán salió de las Cortes Generales sin el apoyo del Partido Popular. Este fue aprobado de manera definitiva por el Senado con los votos a favor del PSOE, ICV, PNV, CiU, CC, IU y BNG, mientras que ERC, EA y PAR se abstuvieron. Ese mismo año de 2006 votaron juntos el PSOE y el Partido Popular los estatutos de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Y en 2007 también fueron de la mano en los casos de Balears, Aragón y Castilla y León. 

Esto llevó a una contradicción por parte del PP. Recurrió ante el Tribunal Constitucional 30 artículos del Estatuto catalán que fueron copiados luego en el andaluz, aprobado por el propio PP en las Cortes Generales. Lo señaló en un informe la Abogacía del Estado: “Quien defiende una determinada postura ante un Tribunal debe ser coherente con la misma, como nos recuerda la máxima jurídica de ‘nadie puede ir contra sus propios actos”.

Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, hace su reflexión sobre los diferentes devenires del catalán respecto a los otros: “El Estatut fue el canto del cisne de una dinámica que podemos llamar ‘principio de emulación'. Los otros textos se inspiraban en él, sirvió como referencia. Hay que recordar la llamada cláusula Camps del Estatuto valenciano”.

El PP recurrió artículos que luego aprobó en Andalucía

El catedrático recuerda que el PP catalán de Josep Piqué participó tranquilamente en los trabajos parlamentarios aunque no lo apoyara. “Pero el Partido Popular vio un vector para canalizar la oposición a Rodríguez Zapatero”, subraya. Al mismo tiempo, se empezó a ver la competición de manera paralela entre partidos independentistas.

El académico sostiene que fue “desafortunada” la campaña que lanzó el PP para recoger firmas contra el Estatut, porque muchas veces derivó en imágenes de ciudadanos que “decían que iban a firmar contra Cataluña”. “Esto sentó mal allí y exacerbó los ánimos”, apunta a continuación. “La paradoja es que ese efecto de emulación llevó a algunas comunidades a inspirarse en el texto catalán”, agrega, “sin ninguna oposición por parte del Partido Popular”.

A pesar de ese ruido, como recuerda Arbós, nadie ha tocado “a la baja” posteriormente los otros estatutos, aunque haya habido cambios de color político en esas autonomías. No obstante, después de 2007 se frenó esa tendencia a revisar estas normas casi por completo y se pasó a otra fase en la que sólo se han hecho cambios puntuales en los textos (por ejemplo en algunos para quitar aforamientos o cambiar la composición de los parlamentos). Esto tuvo que ver, además, con que caló en la opinión pública que crecía el “despilfarro público” con la creación de nuevos organismos, apostilla el catedrático de la Universidad de Barcelona.

Analiza Arbos que no cree que hoy, en el caso de que se volviera a reformular el Estatuto catalán, se diera esa situación de “emulación”, pues se abriría el debate sobre los privilegios de unos y de otros. Además, ahora habría que ver el papel de Vox, que es contrario a la administración autonómica y está ya en varios gobiernos como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Extremadura. Esto hace pensar que estas comunidades no entrarían a cambiar sus estatutos para ampliar competencias. Está por ver “si hacen algún tipo de movimiento para que se reduzcan”.

"Hubo una cierta esquizofrenia"

También se sumerge en esta cuestión Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Recuerda principalmente que sólo el Estatut salió en aquella época con los votos en contra del Partido Popular en las Cortes Generales, mientras que los otros “fueron consensuados”. “Es que hay artículos fotocopiados en el andaluz que no se recurrieron”, remarca, para resumir: “Hubo una cierta esquizofrenia, los demás fueron pacíficos porque se aprobaron por consenso”.

No obstante, señala que en el catalán también había cosas “que eran inasumibles”. Su opinión es que tampoco “sirvieron para mucho” estos estatutos de segunda generación porque “añadieron poco desde el punto de vista práctico”. “Los estatutos habían demostrado que funcionaban bien. Como toda norma jurídica, se podían perfeccionar, pero no había por qué hacerlos nuevos”, considera el profesor.

Por eso, a su juicio, es mucho más “sensata” la tendencia actual en la que se van tocando aspectos concretos. “Hacer un texto completo es como deslegitimar el anterior, era como empezar desde cero”, añade Tajadura. Lanza también como conclusión: “El problema de fondo es que el tema territorial no se puede resolver con estatutos. Sólo se puede hacer a través de la Constitución”.