Corrupción

El Gobierno de Aguirre adjudicó casi 10 millones a las empresas de publicidad que investiga el juez de 'Púnica' por financiar al PP

Esperanza Aguirre, este jueves durante la visita que realizó a las obras del carril bici en una calle de Madrid.

Las empresas cuyos contratos de publicidad institucional ha reclamado la Guardia Civil a distintas consejerías madrileñas por orden del juez de la Operación Púnica, Eloy Velasco, recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008.  

Así lo constatan documentos de Hacienda a los que ha tenido acceso infoLibre y que certifican cómo esas sociedades -Over Marketing y tres compañías hermanashermanas- también facturaron nada menos que otros 1,9 millones de euros entre 2005 y 2007 a las empresas privadas a las que el Ejecutivo regional había adjudicado la construcción de seis hospitales públicos a cambio de una concesión a largo plazo. Casi la mitad de esos dos millones -912.000 euros- procedía de la empresa concesionaria del Hospital de Puerta de Hierro (Majadahonda), integrada por Dragados, Bovis Lend y Sufi.

Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que la UCO ha reclamado a la Comunidad de Madrid los contratos otorgados a Over Marketing y sus satélites por los departamentos de Presidencia, Sanidad y Transportes así como por la empresa Arpegio, que fue el gran feudo de Francisco Granados. Arpegio figura entre los organismos que pagaron a Over Marketing.

Los mayores desembolsos procedían de empresas y organismos públicos que en aquellos años quedaban por completo ajenos al control de la oposición. Por ejemplo, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) pagó entre 2006 y 2007 a Over Marketing 1,95 millones de euros.

Los contratos de publicidad bajo sospecha tuvieron por destinataria no solo a Over Marketing. También se beneficiaron de ellos Traci Comunicación y Link América, que, como Abanico Comunicación, eran igualmente propiedad del arrepentido Daniel Mercado. El empresario ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over, era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas. 

Aunque la línea de investigación sobre las cuentas del PP madrileño permanece bajo secreto, ya ha trascendido que los documentos en poder de los investigadores apuntan a que en la Comunidad de Madrid, al igual que supuestamente ocurrió en Baleares y en Valencia, parte de los servicios prestados al partido quedaron camuflados con facturas cuyo concepto real se modificaba para que bien fuesen abonadas por empresas adjudicatarias de grandes contratos públicos -como, por ejemplo, las de los seis hospitales referidos-, bien por consejerías u otros organismos del Gobierno regional. 

¿Pagaron las consejerías madrileñas facturas oficialmente emitidas por campañas de publicidad institucional y que en realidad escondían trabajos electorales o preelectorales? Es una de las grandes preguntas del caso. En la recta final de la primera legislatura de Esperanza Aguirre (diciembre de 2003-mayo de 2007) los contratos con Over Marketing y las otras empresas del grupo se dispararon en la Comunidad de Madrid.

Solo en 2006, Over Marketing y las otras tres sociedades del mismo grupo -Traci, Link América y Abanico de Comunicación- obtuvieron del Ejecutivo autonómico contratos por 4,27 millones de euros. En 2007, cuando Esperanza Aguirre revalidó por primera vez la victoria que tras el tamayazo había alcanzado en las segundas elecciones de 2003, lala cifra superó los 2,5 millones. En 2008 las adjudicaciones cayeron en picado hasta los 708.000 euros.

Tanto la agenda intervenida al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, principal imputado en la Operación Púnica y preso desde noviembre de 2014, como los documentos hallados en el domicilio del exgerente regional de la formación, Beltrán Gutiérrez, han llevado a los investigadores a sospechar que el partido se valió de distintas vías para obtener financiación opaca.

El camuflaje de facturas habría sido una de ellas. Pero otra, como ya destapó en 2009 una investigación periodística del diario Público fue la fundación Fundescam, a la que la trama Gürtel endosó facturas que en realidad se correspondían con gastos electorales de las campañas de Aguirre en 2003 -el año del tamayazo- y 2004. Sobre Fundescam, la Policía ya realizó un prolijo informe tras el estallido del caso Gürtel en 2009. Anticorrupción rehusó entonces profundizar en el asunto porque -alegó entonces-, los supuestos delitos habrían prescrito.

Solo en 2003, Fundescam obtuvo más de 600.000 euros en donaciones de grandes adjudicatarios de contratos públicos de Madrid. Entre ellos, figura el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, a quien Velasco interrogó el miércoles sobre el pago de 60.000 euros a Fundescam poco antes de las autonómicas de 2007. Qué hará finalmente en esta ocasión la Fiscalía constituye de momento otra incógnita.

Un documento interceptado al gerente del PP de Aguirre muestra la financiación ilegal de la campaña de 2007

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