El Gobierno apela a la opinión pública a "extremar la sensibilidad" con el caso de Juana Rivas

Juana Rivas en una imagen de archivo.

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El Gobierno ha apelado este sábado a la opinión pública a que extreme la "sensibilidad" en relación con el caso de Juana Rivas e insiste en que el Ejecutivo ha hecho "lo que debía hacer" ante la concurrencia de "ineludibles y prioritarias razones de equidad" que debían "atenderse necesariamente".

Según han informado fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press, a Juana Rivas se le concedió el indulto parcial con una rebaja de la pena de prisión a un año y tres meses y la conmutación de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, todo ello condicionado a que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en verano de 2017.

La reacción del Gobierno se produce después de que este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazara suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

En un auto fechado este pasado jueves 9 de diciembre, el juez Manuel Piñar alega que Rivas "no ha mostrado arrepentimiento" e insiste en que la "plena libertad de la madre" supondría un "peligro para los menores", apuntando a supuestos "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia". Tras conocerse la decisión del juez, el abogado de Juana Rivas anució que en breve su equipo presentará una querella criminal contra el juez por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recordado que la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo apostaron por un indulto parcial a Rivas al igual que casi un centenar de asociaciones de mujeres. Asimismo, el Gobierno apunta que no va a valorar la resolución del juez y que "es su potestad acordar o denegar la suspensión de la pena de prisión".

Finalmente, el Ejecutivo hace un llamado a la opinión pública a "extremar la sensibilidad y evitar utilizar la situación de los menores afectados, cuyas identidades son conocidas, lo que puede afectar a sus derechos fundamentales. Este es un asunto que debe dirimirse en el ámbito judicial atendiendo al interés superior de los menores", han informado las fuentes.

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