Ley Dependencia

El Gobierno sólo aporta uno de cada cinco euros del presupuesto total para atender a los dependientes

Una mujer en una residencia de ancianos.

De los 6.911,05 millones de euros que durante 2016 salieron de las arcas públicas para financiar las prestaciones económicas o servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) de más de 860.000 dependientes, sólo 1.201,10 fueron aportados por la Administración General del Estado. Los otros 5.709,95 millones de euros los sufragaron las comunidades autónomas, tal y como reflejan los datos oficiales que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha recabado de las certificaciones oficiales sobre ejecución de los presupuestos para dependencia que las autonomías están obligadas por ley a expedir anualmente. 

Los datos oficiales que manejan los autores de este trabajo permiten comprobar cómo, en porcentaje, la aportación estatal se ha reducido de forma significativa desde 2009, cuando el Gobierno aportó casi la mitad del dinero público invertido en un sistema en fase de expansión (1.516,76 de 3.303,18 millones de euros, el 45,92%). En números absolutos la aportación estatal se ha reducido un 20,8%, mientras que la autonómica se ha multiplicado por cuatro (de 1.332,00 millones de euros a 5.709,95). infoLibre se puso en contacto con el gabinete de comunicación del Ministerio de Sanidad para obtener una explicación sobre este descenso de la contribución estatal, pero no obtuvo respuesta. 

José Manuel Ramírez, presidente del colectivo, explica que la reducción de la aportación de la Administración General del Estado ha tenido consecuencias en dos sentidos. Por un lado, se ha traducido en una mayor carga económica para los usuarios a través de un incremento del copago; y, por otro, ha dejado en manos de las comunidades autónomas, que están sometidas a duros objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, gran parte del peso del sostenimiento del sistema. 

A su juicio, es necesaria una actuación urgente por parte del Gobierno. "O el ministerio se compromete a aumentar el llamado nivel mínimo de financiación [el importe que destina el Estado por cada dependiente en función de su grado de discapacidad] o las comunidades no podrán atender a las más de 340.000 personas que están en lista de espera. Nuestra propuesta es que al menos el 50% de la financiación pública de la dependencia venga de la Administración estatal", señala Ramírez.

Recortes 

El descenso de la aportación estatal, tanto en cifras absolutas como en porcentaje, va a la par con las reformas legislativas que los conservadores pusieron en marcha desde su llegada a la Moncloa a finales de 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2012 un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado –que fue 283 millones en 2011– y que no se ha vuelto a recuperar. También redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el llamado nivel mínimo. 

El decreto aprobado en el verano de 2012 incluyó también la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente. Cuando el Gobierno socialista aprobó en 2007 la ley de dependencia estas cotizaciones se presentaron como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron el trabajo para cuidar de sus mayores o de familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener en el futuro una pensión.

Más de tres años después de la puesta en marcha de este recorte –aunque se aprobó en verano, entró en vigor en diciembre de 2012– las cifras evidencian cómo la mayoría de estas personas desaparecieron de los registros de la Seguridad Social. En julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas a este convenio. En julio de 2017 apenas eran 8.924 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 90% son mujeres y una de cada dos tiene más de 56 años.

Por otro lado, en 2013, el Ejecutivo aprobó vía real decreto la disminución de las intensidades de las prestaciones de servicios de centro de día/noche y del servicio de ayuda a domicilio y dejó la regulación de los servicios residenciales a las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tuvo este recorte? Por ejemplo, la atención domiciliaria para las personas con dependencia muy grave se redujo 25 horas de promedio al mes; en las personas con dependencia severa, la reducción fue de 10 horas al mes; y en las personas con dependencia leve, la reducción fue de otras 10 horas al mes.

Financiación  

Además de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, otros estudios recientes también han alertado sobre el impacto de la reducción del importe mínimo introducida a partir de 2012. En un trabajo de 2016 [consultar, aquí] investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señalan que estos recortes "han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios haciéndolos prácticamente insostenibles". 

El de la financiación ha sido siempre uno de los aspectos que han centrado las críticas de los colectivos de afectados, que vienen denunciando de forma insistente que el de la dependencia es un sistema "en situación de demolición controlada". Precisamente esta es una de las cuestiones que centran la actividad de la comisión para el análisis de la situación de la dependencia que reúne a Gobierno y comunidades autónomas y que se puso en marcha en febrero de 2017. 

Tras nueve reuniones, la primera de ellas el pasado 7 de marzo y la última el 10 de julio, el grupo de trabajo ha elaborado un informe que será sometido a votación próximamente en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. No obstante, por el momento el Gobierno sólo ha informado de que "se contempla proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o en su caso a la adopción de un nuevo sistema que garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas".

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