El Gobierno aprueba una ley para simplificar y unificar el acceso a las ayudas sociales en todo el país

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera ley estatal sobre servicios sociales. El anteproyecto, a cuyo borrador ha tenido acceso infoLibre, ha sido elaborado bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pilotado por Ione Belarra. La norma busca mejorar el sistema de atención pública "simplificando" el acceso a las ayudas con la intención de que los servicios sociales sean más personalizados y menos burocráticos. Tal y como lo ha explicado Belarra, se trata de "un balón de oxígeno" para los profesionales de los servicios sociales y para las personas que requieren de estas ayudas.

La ley pretende poner orden en un ámbito, el de los servicios sociales, en el que ha habido múltiples leyes estatales y autonómicas sobre diversos temas –dependencia, infancia, violencia de género– sin una "norma general" lo que ha generado desigualdades entre autonomías. "Este Gobierno tiene la obligación de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los Servicios Sociales", ha asegurado la ministra y líder de Podemos.

Sin cuestionar la competencia autonómica sobre la materia, el anteproyecto persigue el establecimiento de "unos mínimos básicos" que los servicios sociales estarán obligados a ofrecer. Esta pauta común no podrá ser fijada por el Gobierno, pero sí por el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, que reúne al Ejecutivo con las comunidades y representantes de la administración local.

La mayoría de las comunidades no han delimitado con claridad las competencias –con excepciones como la Comunitat Valenciana–, por lo que en las administraciones, ya sean los ayuntamientos o las comunidades autonómicas, se producen confusiones sobre quién debe hacerse cargo de qué servicio. La norma quiere asegurar "gobernanza" entre los distintos niveles de la administración, garantizando además la prestación incluso si el ciudadano no está en su municipio de origen.

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En el borrador de la norma establece que "no pueda solicitarse como requisito" para el acceso a un servicio o prestación básica "un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia". En el artículo 18 del anteproyecto se regula la eliminación de determinadas barreras "excluyentes", de manera que la carencia de recursos económicos o la falta de un tiempo mínimo de empadronamiento no puedan "restringir el acceso a los mismos".

La ley también recogerá medidas para "mejorar la gestión de los datos" con la creación de un sistema de información estatal de servicios sociales. "El ministerio de Derechos Sociales se encargará de recabar, elaborar y dar a conocer la información registrada en el Sistema Estatal, con criterios de transparencia, rendición de cuentas y objetividad", señala el borrador.

Según ha asegurado Belarra, se trata de “un anteproyecto que consolidará en nuestra legislación la modernización de los servicios sociales que ya hemos iniciado a través de los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023.