Protestas sociales

El Gobierno da el salto de los recortes sociales a los recortes de libertades

El Gobierno reparte 668 millones en incentivos discrecionales a funcionarios

Mariano Rajoy sentenció hace unos días, en una entrevista conjunta concedida a varios medios europeosel "fin" de los recortes sociales puestos en práctica por su Gobierno en lo que va de legislatura. Él, huyendo de este término tabú, empleó el mismo eufemismo al que suele recurrir siempre que se refiere a sus tijeretazos: "ajustes". Prácticamente lo mismo rezaba un argumentario interno difundido este martes a los dirigentes del PP: "Los esfuerzos de los ciudadanos están dando resultados, y los meses de duros ajustes han llegado a su fin".

Paralelamente a este anuncio, el Gobierno ha puesto en marcha dos textos legales en materia de Interior fuertemente criticados por gran parte de la oposición y diferentes colectivos por lo que suponen en materia de recortes de libertades públicas. Se trata de la ley de seguridad ciudadana y de la ley de seguridad privada.

El primero de estos textos pasó por el Consejo de Ministros hace dos semanas y está ahora en fase de informes por parte del Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y los Ministerios de Justicia y Hacienda. El segundo fue aprobado este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena, lo que implica que su próximo destino, tras pasar por el órgano homónimo del Senado, sea el Boletín Oficial del Estado. Su aplicación será, pues, casi inmediata. PNV y CiU apoyaron a los conservadores en la mencionada comisión presidida por el diputado Esteban González Pons. Un hecho del que presume el PP en el ecuador de una legislatura en la que su mayoría absoluta ha actuado como una apisonadora en el Parlamento.

Precisamente, la llegada de una nueva fase de recortes, esta vez los civiles, ha marcado la agenda política de esta semana. Los socialistas se preguntan "hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en el recorte de derechos de la ciudadanía". Y consideran que las últimas iniciativas del departamento del ministro Jorge Fernández Díaz son "puramente ideológicas" y vienen "cargadas de represión y arbitrariedad". "No subestime esa gran potencia que es la ciudadanía española", llegó a advertir este miércoles la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, a la vicepresidenta del Gobierno en la sesión de control del Congreso. 

Seguridad ciudadana y seguridad privada

En Interior defienden que la ley de seguridad privada sólo plasma por escrito, es decir, da cobertura legal, cuestiones que ya venían ocurriendo como el hecho de que los vigilantes de seguridad privada puedan retener en la vía pública a personas a las que se las pueda imputar un comportamiento delictivo. Acto seguido, como venía sucediendo, sostienen en el ministerio, los vigilantes deben poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

No sólo los socialistas han mostrado sus recelos a la última iniciativa de Interior. Diferentes asociaciones de jueces, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han verbalizado en los últimos días sus reservas al considerar, entre otros asuntos, que dotar de más funciones a los vigilantes de seguridad privada tiene difícil encaje en la Constitución. Y que supone, en cierto sentido, una privatización encubierta de unos servicios que, hasta la fecha, han prestado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por infoLibre rechazan las críticas que apuntan a una privatización encubierta. No obstante, el texto al que la Comisión de Interior del Congreso dio luz verde, y al que ha tenido acceso este diario, reconoce que "se hace necesario avanzar en formas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes".

En el Gobierno y en el PP sostienen que gran parte de las críticas que ha recibido Interior por sus últimas iniciativas legislativas se habrían podido manejar mejor si el equipo de Jorge Fernández hubiese hecho "más pedagogía".

Casi un mes antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros, este departamento convocó a algunos medios para explicarles los ejes del plan de seguridad ciudadana y el mensaje que más se vendió fue el de las sanciones. Luego sería modificado con una multa a la baja –hasta 30.000 euros– pero, en el borrador original, convocatorias como las que rodean el Congreso o el Senado sin autorización podían ser castigadas con multas de hasta 600.000 euros. Esa fue la idea que más caló en los ciudadanos y en la oposición: la del afán recaudatorio del Gobierno y la de su intento de poner coto a todas las formas de protesta a las que se ha enfrentado el PP desde que llegó a La Moncloa.

El catálogo de acciones a multar es de lo más amplio y en él tienen cabida desde escraches a paralizaciones de desahucios pasando por concentraciones como la que rodearon la sede del PP el 13 de marzo de 2004 para protestas por la gestión que el Gobierno de Aznar estaba haciendo de los atentados del 11 de marzo en Atocha.

Para intentar reconducir la situación y combatir las críticas a la ley de seguridad ciudadana y a la ley de seguridad privada, los conservadores han difundido esta misma semana un documento interno a sus cargos públicos con el que les animan a recurrir a la estrategia del 'y tú más' con los socialistas. 

Así, defienden que "con esta ley se limitan las identificaciones masivas e indiscriminadas que practicaba el Gobierno socialista. Y señalan que "con el 'método Rubalcaba', como ministro del interior, se practicaron doce millones de identificaciones masivas y en 2012 –con el PP– hubo cuatro millones menos". Donde la oposición ve recortes, el PP ve la garantía de los derechos básicos. "El Gobierno garantiza la seguridad de todos los ciudadanos, más garantías a las víctimas y más vigilancia a los delincuentes", reza el citado documento interno en el que figuran extractos de la última intervención de Soraya Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Gobierno.

Reforma de la ley del aborto

Si los cálculos del Gobierno no fallan –llevan meses fallando– el Consejo de Ministros del 20 de diciembre dará luz verde a la reforma de la Ley del Aborto. Se trata de una demanda del ala más dura del PP y su electorado más conservador. Pero también se trata de una iniciativa que no gusta a los dirigentes más jóvenes y divide al Consejo de Ministros.

En este contexto, el equipo de Rajoy se prepara para hacer frente a una crisis interna y para responder a las críticas de la oposición y de los colectivos de mujeres que ya llevan meses alertando de que el texto que ha preparado en ministro Alberto Ruiz-Gallardón asesorado por técnicos de su ministerio y del de Sanidad supondrá un viaje al pasado y un nuevo recorte de derechos.

Para hacer frente a las críticas, el exalcalde de Madrid se ampara en que sólo pretende cumplir su programa electoral y que su intención es volver a la ley de supuestos de 1985. En la práctica, esto supone que el aborto deje de ser un derecho de las mujeres en las primeras 14 semanas de gestación y que la mujer que quiera interrumpir su embarazo lo tenga que hacer acogiéndose a uno de estos supuestos: peligro físico o psicológico, violación o malformación del feto. En este último supuesto no se incluirá la discapacidad, lo que implica que un caso de síndrome de Down no podrá ser esgrimido como motivo para abortar.

Los redactores de la ley llevan meses buscando vías para que las embarazadas que estén dentro de este caso puedan alegar motivos psicológicos para frenar el proceso. La ley regulará, por primera vez, la objeción de conciencia de los médicos.

Ruptura de un pacto con la prensa vigente durante una década

De forma paralela, esta semana, el Gobierno ha decidido romper de forma unilateral un pacto con la prensa que ha estado vigente durante los últimos diez años.

Hasta este jueves, y en la última década, cada vez que un presidente del Gobierno español ofrecía una rueda de prensa en La Moncloa junto a un mandatario extranjero, los periodistas se organizaban siguiendo unas normas muy sencillas aceptadas por todos: profesionales y políticos. Consistía en lo siguiente: los informadores españoles se reunían minutos antes, pactaban las preguntas a realizar al presidente y después acordaban quiénes iban a ser los dos encargados de preguntar. Acto seguido, se informaba al equipo del presidente de a qué personas se les tenía que dar la palabra y el micrófono en la rueda de prensa.

A partir de ahora, todo queda en manos del Gobierno y no de los periodistas. El nuevo sistema implica que todos aquellos periodistas que quieran preguntar deben anotarse en una lista y que sea después la Secretaría de Estado de Comunicación la que decida qué medio pregunta. ¿Cuál es el motivo? Soraya Sáenz de Santamaría argumentó este viernes que según sus "informaciones" el sistema al que La Moncloa ha dado un portazo "contaba con el apoyo de algunos" periodistas "y, sin embargo, otros preferían otro sistema". 

Pese a estas palabras, en los últimos meses, ningún medio de comunicación, salvo ABC, ha mostrado en las mencionadas reuniones de periodistas previas a las ruedas de prensa su malestar con el pacto o su intención de romperlo.

Ajena a las críticas de la inmensa mayoría de periodistas que cubren la información del Gobierno, la vicepresidenta sostiene que el cambio de modelo no pretende "en ningún caso coartar la libertad de información, sino todo lo contrario".

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