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El Gobierno pidió a Interior cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana por ser “demasiado policial”

El Gobierno pidió a Interior modificar la Ley de Seguridad Ciudadana por ser “demasiado policial”

Semanas antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde el pasado viernes al informe del Ministerio del Interior sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, circulaba un borrador inicial sobre esta iniciativa que pretende silenciar las protestas sociales a golpe de sanción económica.

De todas las medidas anunciadas, una de las más polémicas resultó ser la que proponía una multa de hasta 600.000 euros a quienes, sin autorización previa, se concentrasen en los alrededores del Congreso, del Senado u otras instituciones. Una iniciativa que parece destinada a fulminar la forma de protesta de movimientos como el 15-M, surgidos al final de la pasada legislatura y que se hen hecho oír en los primeros años de Gobierno de Rajoy. Pese a que la filosofía del texto que pasó por el Consejo de Ministros –la "esencia", dicen en Interior– sigue siendo la misma, el informe que ahora estudian el Consejo de EstadoConsejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos, entre otros organismos, rebajó la gravedad de esa conducta hasta ser calificada de "leve". Y castigada con una sanción de entre 1.001 a 30.000 euros.

¿Qué ocurrió desde que comenzó a circular el primer borrador de Interior hasta que Jorge Fernández Díaz presentó el informe definitivo al resto de ministros para que el texto fuese modificado en algunos aspectos? En el departamento que dirige Fernández Díaz niegan que fuesen las primeras presiones ciudadanas y de los partidos de la oposición –el documento fue bautizado como "ley mordaza" o "ley de la patada en la boca"– las que movieron a revisarlo. "No es muy justo hablar de que se haya rebajado. Es el proceso clásico de elaboración de cualquier ley. Toda iniciativa que se precie exige reacciones de todos los ministerios, estos aportan cuestiones técnicas y de ahí las matizaciones", explican fuentes de Interior. Una de las críticas más repetidas que llegaron a Fernández Díaz de los equipos técnicos de sus compañeros del Consejo de Ministros es que su primer borrador tenía un tinte "demasiado policial".

En el ministerio reconocen esta crítica. "La primera perspectiva había partido de la Policía", sostiene un alto dirigente del departamento de Fernández Díaz. La misma fuente reconoce que desde varios departamentos del Gobierno de Mariano Rajoy les llegó la observación de que la ley se centraba demasiado en los principios de Interior dejando al margen otras cuestiones también fundamentales para la aplicación de la misma. Era el caso de los planes de prevención contra el consumo de drogas, en manos del Ministerio de Sanidad, de asuntos relacionados con el DNI electrónico, una cuestión competencia del Ministerio de Industria. O de temas relacionados con la Ley de Extranjería sobre los que el Ministerio de Empleo dio indicaciones para subsanar algunos errores detectados en el primero de los documentos.

No obstante, a la hora de citar el ministerio que más aportaciones sumó, en Interior no tienen duda: Justicia. "Es lógico", sostienen. Y argumentan que, en definitiva, lo que hace esta ley es sacar del Código Penal estas conductas. "Despenalizar", resumen en Interior. Las mismas fuentes señalan que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón entregó una decena de documentos con observaciones sobre el texto que se les pasó desde la Secretaría de Estado de Interior.

Casi el 100% de las aportaciones de Justicia fueron sumadas a la nueva versión. "Esta iniciativa le debe mucho al Ministerio de Justicia. La ley se ha enriquecido mucho", añaden desde Interior.

Una ley que no estará lista antes del verano

En el equipo de Fernández Díaz asumen que una vez recibidos los informes consultivos pertienentes, el texto será modificado con nuevas aportaciones y volverá a pasar por el Consejo de Ministros. De ahí, caminará a Congreso de los Diputados y al Senado, donde el PP, el partido de Gobierno, tiene mayoría absoluta.

Conscientes de las críticas que ha despertado que el Gobierno sacase casi en solitario leyes de calado como la de Transparencia o la Ley Antidesahucios, el Ejecutivo mantiene que su intención es "enriquecer al máximo el texto con todas las aportaciones que la conviertan en una ley mejor".

El Ejecutivo sabe que, teniendo en cuenta las críticas que ha cosechado el borrador, el trámite parlamentario de la ley no va a estar exento de polémica. Y asume que le queda por delante una enorme labor de pedagogía para justificar una legislación enormemente restrictiva a ojos del resto de partidos y de gran parte de los colectivos sociales. Sus cálculos estiman que no estará lista, es decir publicada ya en el BOE para su aplicación, antes del verano de 2014.

Este viernes se celebró en el Congreso de los Diputados el 35 aniversario de la Constitución. Los corrillos alrededor del ministro Jorge Fernández Díaz eran de los más poblados de periodistas. Además de defender las cuchillas de la valla fronteriza de Melilla, el titular de Interior defendía su futura Ley de Seguridad Ciudadana. Uno de sus argumentos es que las sanciones se mantienen iguales a la ley anterior pese al paso de los años. Además, retaba a los periodistas a señalar partes del articulado que no considerasen adecuadas.

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Pese a rebajar de muy grave a grave iniciativas como la de rodear el Congreso, si la Ley de Seguridad Ciudadana conserva su última versión, concentraciones como la que rodeó la sede el PP el 13 de marzo de 2004 días después de los atentados del 11-M en Madrid, serán consideradas como muy graves y acarrearán sanciones de hasta 600.000 euros. Se trata de la pena mayor prevista en este texto.

Participar en la paralización de un desahucio también tendrá su castigo, concretamente de hasta 30.000 euros. Así lo refleja el punto quinto de las infracciones graves, que establece que obstruir el ejercicio de autoridades o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones conllevará una multa comprendida entre los 1.001 y los 30.000 euros.

También se contempla como infracción grave "las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito". Es decir, va aparejado de una infracción que conlleva sanciones entre los 1.001 y los 30.000 euros.

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