El Gobierno exige a la Iglesia que repare a las víctimas de abusos y se inclina por investigarlos en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.

El Gobierno intenta que las vías de diálogo que mantiene abiertas con la Iglesia también den sus frutos en uno de los grandes escándalos pendientes de resolver: la reparación de las víctimas de la pederastia ejercida por religiosos. Esta misma semana, Pedro Sánchez escenificó junto al cardenal Omella un acuerdo para que los obispos devuelvan al estado bienes inmuebles inmatriculados indebidamente. Un paso dado en el marco de una de las comisiones de trabajo bilateral que mantienen abiertas la Iglesia y el Estado. Según ha podido confirmar infoLibre, durante esas conversaciones el Gobierno trasladó a la Conferencia Episcopal su “preocupación” por las investigaciones que tiene abiertas la Iglesia Católica en torno a casos de abusos de menores, instándole a que estas “se resuelvan lo antes posible”. 

La idea del Ejecutivo es, al igual que con las inmatriculaciones o la revisión de la fiscalidad (que se trabaja en otra comisión bilateral), apremiar a que sea la propia Iglesia la que tome la iniciativa para dar pasos definitivos en la reparación de las víctimas de la pederastia. Un tema que han abordado personalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de los obispos, el cardenal Omella. “El objetivo es esclarecer y resolver todos los casos”, aseguró esta misma semana el ministro de la Presidencia en un acto público. 

Según fuentes gubernamentales, el primer paso que le exige el Gobierno de Pedro Sánchez a la Iglesia es que muestre la máxima colaboración en el esclarecimiento de los casos y que apoye todas y cada una de las investigaciones en curso, además de los gestos y acciones que resulten necesarias para resarcir a las víctimas. Este jueves, el presidente del Gobierno contactó personalmente con el escritor Alejandro Palomas, que denunció esta semana los abusos sexuales sufridos durante su infancia por parte de un religioso. La próxima semana, Sánchez le recibirá en la Moncloa tras destacar públicamente el “coraje al compartir tu conmovedor testimonio con toda la sociedad. Gracias también por haber atendido mi llamada. Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas”, escribió el presidente en sus redes sociales. 

Las víctimas aplauden la investigación en el Congreso

Al mismo tiempo, desde el PSOE se abre la puerta a que los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica sean investigados en el Congreso. Esta misma semana, Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron en la Cámara Baja una solicitud para poner en marcha una comisión de investigación específica sobre las agresiones sexuales a menores por parte de religiosos. Para la diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, “no es una cuestión de ideologías sino de proteger nuestra infancia y se trata de una deuda pendiente en nuestro país”. 

Desde la dirección socialista, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, aseguró este jueves que su partido “no se cierra” a esa comisión de investigación. “Nosotros siempre estamos del lado de las víctimas, somos el partido mayoritario, tenemos esa responsabilidad y vamos a estudiar atentamente esa petición de comisión de investigación”, dijo.

La Iglesia no se puede investigar a sí misma

Emiliano Álvarez — Víctima de abusos en el Seminario de La Bañeza

Está por ver si la investigación parlamentaria que impulsen los socialistas será exactamente en los términos presentados por su socio de Gobierno o se hará a través de una nueva iniciativa que registre el PSOE aunque, en cualquiera de los casos, el paso adelante del legislativo es una buena noticia para las víctimas. Emiliano Álvarez, víctima de abusos en el Seminario Menor de La Bañeza (León), se muestra esperanzado por lo que pueda hacer la política y convencido de que, lo que sea que se consiga, será a pesar de la jerarquía católica española. "Mucha gente ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Hay que levantar alfombras, hay que investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo de permisividad? Estamos en un Estado democrático, luego tiene que ser el Estado el que investigue. La Iglesia tiene que estar sujeta a las normas. Para mí sería un paso positivo y necesario. La Iglesia no se puede investigar a sí misma", señala Álvarez, que afirma que los pasos dados por sí misma por la Conferencia Episcopal y las diócesis son insignificantes. "Se niegan rotundamente a cualquier ayuda. Las comisiones [las oficinas abiertas en las diócesis] son una forma más de encubrimiento", añade.

Álvarez ve complicado que en España funcione el modelo francés, con la Iglesia cogiendo el toro por los cuernos y abriéndose en canal ante una comisión independiente. "Debería ser así, pero aquí se pondrían trabas", afirma, convencido de que la Iglesia española no seguirá por sí misma el ejemplo de otras como la francesa, la alemana, la australiana, la irlandesa o la estadounidense. A la jerarquía de la Iglesia le pide "empatía, disponibilidad y escucha". "Sencillamente, que se pongan en nuestro lugar y en el de nuestros familiares", señala. Y pone como ejemplo de buena disposición a los obispos de Bilbao, Joseba Segura, y Zamora, Fernando Valera.

¿Confía en que se apruebe la comisión? "El PSOE tiene la llave", responde. Y propone que, antes que rechazarla, el grupo socialista dé "libertad de voto en conciencia". "Faltan muchas historias por escucharse", dice. La suya, por ejemplo, es digna de oírse. Y Álvarez, con la premura a la que obliga un artículo de actualidad, la narra con indignación y sosiego. Para empezar, porque quiere que se sepa cómo se disculpó la Iglesia, con una llamada de teléfono y un whatsapp.

A continuación, reflexiona: "Los que denunciamos somos enemigos para la Iglesia. Pero yo soy sólo enemigo de las malas personas y los malos comportamientos. Nos merecemos mucho respeto. Desde los 11 años hasta los casi 50 que denuncié... Esto me parece un insulto, una falta de respeto y empatía, para quitarse de en medio en algo tan serio y delicado como una víctima y la familia. Mi padre y mi madre vieron cómo me destruían las drogas desde los 12 años que salí del seminario hasta el 2006, desde entonces estoy limpio. Ahora empiezo a vivir y a notar que me han faltado muchas cosas en esta vida, sobre todo en seguridad. Me hubiera gustado tener familia, no he podido. Nunca he sido responsable de mí mismo, como para ser responsable de una familia. Todas mis relaciones han sido fracasos, he perdido estudios, he perdido de todo en esta vida. Ahora estoy ganando cosas, estoy ganando en maneras de ver la vida, y estoy muy dolido por ese trato". A partir de esta experiencia, su nivel de confianza en que la Iglesia mueva ficha es bajo. Más que bajo, subterráneo.

La Conferencia Episcopal no quiere que se conozca el alcance de los abusos. Lo que pueden encubrir, lo encubren

Javier — Víctima del sacerdote José Manuel Ramos Gordón

Javier, una de las víctimas del sacerdote abusador José Manuel Ramos Gordón, es un pionero de lucha contra la impunidad en España. No obstante, siempre prefiere ocultar su apellido. Ahora bien, dice, si se abriera esa comisión en España, iría sin dudarlo. "¿Dispuesto a ir? Iría encantado. Lo que quiero es que escuchen a las víctimas y reparen a las víctimas. Y que las trate individualmente. Una por una, porque tienen necesidades diferentes", señala. A su juicio, la mejor fórmula para la investigación es con impulso público. "La Conferencia Episcopal ha demostrado que no está dispuesta. Tienen que ser los poderes públicos", señala.

La característica esencial de la investigación se resume en una palabra, a juicio de Javier: "independencia". "Como en Francia, Irlanda o ahora en Portugal. Esa es la clave, la independencia. Tú no puedes investigar a tu hermano, no puedes. Tiene que ser alguien de fuera. La impunidad ha sobrevivido por el encubrimiento de los eclesiásticos, aunque también de parte de la sociedad, que no ha querido ver. Por eso ellos [los obispos] no serían neutrales, en todo caso lo podrían encargar a una comisión independiente, como en Francia", señala, aunque se muestra escéptico sobre la voluntad de la jerarquía española de imitar el modelo galo. No en vano, El informe de la comisión independiente encargado por el episcopado galo, que estima más de 300.000 casos de abuso sexual en 70 años y abre la puerta a indemnizaciones, contrasta con la posición inmovilista de los obispos españoles, que se ha limitado a la apertura de unas oficinas en las diócesis de resultado ignoto. "La CEE no quiere que se conozca el alcance de los abusos. Lo que pueden encubrir, lo encubren", dice Javier. Uno de los problemas, continúa, es el carácter de la jerarquía española, que a su juicio aún está marcado por la impronta del exarzobispo de Madrid y expresidente de la CEE Antonio María Rouco Varela. "En España la Iglesia es más laical, mientras en España todavía dura lo del nacionalcatolicismo. Los obispos estarían mejor con la impunidad total que había en el franquismo", señala.

Javier celebra la reacción social tras el relato del escritor Alejandro Palomas en Hora 25 de la cadena Ser, al tiempo que pide reconocimiento para todas las víctimas que "nunca han callado". "Dependiendo de quién lo cuente, puede tener más o menos repercusión, pero todas las víctimas somos iguales", apunta.

La ecuatoriana Sara Oviedo, miembro fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, una de las autoras del informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas, lleva años siendo insistente al poner a España en el punto de mira. No son muchos, recalca frecuentemente, los países que merezcan un comentario de reconocimiento, pero España no está entre ellos, a diferencia de Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. España, según Oviedo, va en línea con las iglesias católicas de América Latina, donde hay más inacción.

La pederastia en la Iglesia deja de ser un tema tabú para las instituciones públicas

Miguel Hurtado — Primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat

¿Cómo acoge Oviedo el debate sobre la posible apertura de una comisión ahora? Con expectación. "Es una medida que debe tomar sí o sí, porque es la única forma de esclarecer este tipo de cuestiones. Hay muchas cosas que van quedando debajo de la alfombra y esta comisión puede esclarecer muchísimo. Ojalá", señala. A su juicio, un paso adelante de España podría provocar efectos en América Latina, dada la influencia que nuestro país aún despliega sobre el subcontinente. "Puede ser clave. En Ecuador nos planteamos una comisión. Un avance en cualquier país, pero particularmente en España, sería buenísimo", afirma.

"Es un paso en la buena dirección, porque el tema de la pederastia en la Iglesia deja de ser un tema tabú para las instituciones públicas", señala Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en el caso de la Abadía de Montserrat. No obstante, no las tiene todas consigo: "Existe el riesgo de que un tema transversal de derechos humanos se acabe embarrando y formando parte de la contienda política, que la izquierda hable de la pederastia en la Iglesia y la derecha hable contraataque mencionando los casos de abusos sexuales de menores tuteladas en Baleares". Para evitar esa dinámica, su propuesta es que el Congreso abra una comisión de investigación sobre abusos sexuales en instituciones, de forma que incluyera instituciones religiosas –no sólo la Iglesia católica, también otras como Testigos de Jehová–, instituciones deportivas, centros de menores tutelados o instituciones de ocio y tiempo libre como los boy scouts. "Así se conseguiría el consenso necesario para que la iniciativa llegara a buen puerto", afirma este psicólogo infantil. Hurtado reserva una crítica para los partidos de izquierdas. "Resulta sorprendente que ahora los grupos de izquierda quieran investigar la pederastia en la Iglesia" cuando en la ley contra la violencia infantil "ni siquiera han incluido un apartado para prevenir los abusos en instituciones religiosas". "¿Por qué ahora sí y en abril de 2021 no se podía?", pregunta. Es importante, concluye, que "los partidos políticos entiendan que una de las principales medidas es la aprobación de la imprescriptibilidad" de los abusos, como –explica– ocurre en Chile, Colombia o Bélgica.

Podemos, ERC y EH Bildu piden crear una comisión que investigue los abusos en la Iglesia

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