El Gobierno se fija marzo como tope para renovar el CGPJ y evitar una nueva reprimenda de Bruselas

El saludo de Pedro Sánchez con Pablo Casado y el del propio líder del PP con Isabel Díaz Ayuso en el acto oficial del aniversario de la Constitución no tuvieron más recorrido que la foto. En ambos casos se produjo un mínimo intercambio de palabras que no parecen ser el principio ni de una bonita amistad ni de un acuerdo. Porque Gobierno y oposición siguen sin desbloquear, tres años después, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el lío interno de los populares, lejos de concluir, empieza a pasarles factura incluso en las encuestas. Según todas las fuentes consultadas, los encuentros protocolarios que ha propiciado el acto del día de la Constitución en el Congreso no han servido para encauzar nada. 

A decir verdad, los nuevos formatos de este tipo de eventos impuestos por los rigores de la pandemia tampoco favorecen el acercamiento. En la época de los salones alfombrados y las bandejas de vinos y croquetas, la Constitución se celebraba en los pasillos del Congreso incluso hasta primeras horas de la tarde. Este año, como el pasado, la ceremonia ha sido en plena calle y sin tentempié, con lo que el homenaje a la Carta Magna quedó reducido a una hora escasa, corrillos informativos incluídos. 

“No hay avances porque dos no bailan si uno quiere”, dijo Pedro Sánchez a los periodistas después de las palabras de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet. En el Gobierno reconocen, como publicó infoLibre, que los contactos con el PP continúan en busca de una salida pactada pero que, tras la renovación del Constitucional con el escándalo Arnaldo incluído, la negociación se ha congelado. “No hay avances de momento pero no es por falta de ganas. Lo que pasa es la pelota está más en la oposición que en el Gobierno”, concluía el presidente en conversación informal con los medios. 

En Moncloa no se atreven a descartar nada porque hay quien espera que, como en el caso del TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, Pablo Casado decida un día apostar por el desbloqueo. “No descartamos nada, por supuesto. Lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de la Constitución al PP”, comentó un ministro tras el acto. En el PP, mientras, enfrían cualquier expectativa a corto plazo. “Si el Gobierno vende cualquier tipo de optimismo no es cierto. Ahora mismo no está cerca”, aseguran desde Génova. 

Marzo, fecha límite

Sobre la posibilidad de cumplir con el requisito exigido ahora por el PP para renovar el CGPJ, es decir, el cambio del sistema de elección, desde el ministerio de Justicia se muestran tajantes: “Es que el Poder Judicial no es un poder de los jueces, es un poder de la ciudadanía”, explicaba la ministra Pilar Llop a la prensa tras ser preguntada al respecto. Llop incidía en la línea oficial del Gobierno de que la renovación se tiene que producir “cuanto antes mejor” aunque, apelando a unos plazos más realistas, ponía como fecha límite el mes de marzo por la visita oficial que el Comisario Europea de Justicia tiene previsto hacer a España: “Si puede renovarse el CGPJ mañana, mucho mejor, pero en cualquier caso hay que hacerlo antes de la visita de Didier Reynders a España”.

A finales de septiembre, el propio comisario europeo le dio un tirón de orejas público a “los partidos españoles” por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Tras reunirse con cuatro asociaciones judiciales, Reynders hizo una advertencia tanto al Gobierno como a la oposición: "No voy a entrar en si primero debería ser el huevo o la gallina. Lo importante es que se renueve el Consejo y que se vaya a una reforma más profunda para que la mayoría de vocales sean elegidos por los propios jueces", manifestó. Ahora, el Ejecutivo pretende acelerar esas negociaciones con el PP para que puedan dar sus frutos antes de la visita del mes de marzo. 

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En los corrillos con la prensa tampoco se ofrecieron demasiados detalles sobre el posible adelanto del próximo ciclo electoral a cuenta de los comicios autonómicos de Castilla y León y Andalucía, en ese orden. Preguntado por ello, el presidente Sánchez mostró ante los periodistas su respeto a las decisiones que adopten los presidentes autonómicos, los únicos competentes para ello, aunque resaltó que, en su opinión, “lo que quiere la ciudadanía son legislaturas de cuatro años centradas en la recuperación económica a cuenta de los fondos europeos. En eso es en lo que está el Gobierno”. 

Previamente, en su discurso oficial y desde la escalinata de los leones, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reclamó a los políticos "lealtad constitucional” ante los “nuevos riesgos” a los que se enfrentan las democracias, “que no son externos al Parlamento, sino que están dentro” y que tienen que ver con la "priorización de las dinámicas de enfrentamiento frente al acuerdo y de las recetas simples del populismo”. Por eso quiso hacer un llamamiento a “cumplir los mandatos constitucionales inequívocos, incluso cuando se esté en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales porque quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella". Y por eso pidió "reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas". 

Antes del discurso de la presidenta, el líder de la oposición se acercó al micrófono del patio del Congreso para trasladar un mensaje algo menos conciliador. Pablo Casado habló de un “revisionismo suicida” del Gobierno a la Constitución, volvió a mencionar a ETA y al “golpe en Cataluña, y se refirió a la Carta Magna como “la solución a los problemas que tiene España, como la unidad nacional, el prestigio internacional y la independencia judicial”. Entre los asistentes al acto no se encontraba, por cierto, el flamante magistrado del Constitucional a propuesta del PP, Enrique Arnaldo. Mientras el presidente de los populares pronunciaba su intervención pública ante una decena de periodistas, justo a su espalda un enorme corrillo de prensa rodeaba al presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo.