El Gobierno y la Generalitat catalana han destacado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone el final de la crisis política en Cataluña, y han instado al Supremo a aplicársela a todos, mientras que, al contrario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que ha sido "una vergüenza".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Bruselas que es "una magnífica noticia" que el pleno del Constitucional, por seis votos a cuatro, haya dado el visto bueno a la amnistía, porque "cierra una crisis que nunca debió salir de la política". El jefe del Govern, Salvador Illa, ha apuntado que desde que se aprobó "las cosas van mejor" en Cataluña y ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la norma "con diligencia".
En contraste, también desde Bruselas, Feijóo ha llamado "autoamnistía" a la ley y la ha tildado de "inmoral" y de provenir de una "transacción corrupta" porque fue una moneda de cambio que pactaron los socialistas para gobernar esta legislatura.
"Autoamnistía" la ha llamado asimismo el exlíder socialista Felipe González, quien ha anunciado en una entrevista radiofónica que en las elecciones votará en blanco y ya no al PSOE por la "barrabasada" de que los beneficiados por la amnistía fueran redactores de la ley.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado a la prensa en el Congreso para manifestar que la decisión del Constitucional constituye un "broche" a la apuesta del Gobierno por la convivencia, aunque no estará completa hasta que se aplique a todos los dirigentes del procés.
En ese sentido se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha exigido al Constitucional usar sus "mecanismos coercitivos" para obligar al Supremo a aplicar la ley a los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont. "Si el juez Pablo Llarena quisiera recuperar el prestigio, lo que haría ahora sería retirar de manera inmediata las órdenes de búsqueda y captura" contra Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ha apuntado Turull.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el aval, pero ha denunciado que "no comportará ningún cambio" en su situación porque el Supremo "ha dejado clara su voluntad" de no aplicarle la ley a él y otros dirigentes del procés, para agregar: "Sin embargo, persistiremos y estamos convencidos de que ganaremos".
"Era una insensatez abordar una crisis política desde una perspectiva de castigo judicial", ha opinado en Barcelona el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en representación de Sumar.
El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, quien fue uno de los impulsores de la ley, ha destacado que la sentencia es "una victoria del derecho, la razón, el sentido común, el diálogo y el acuerdo, frente a la venganza y el odio" y "un paso fundamental en la normalización política".
Por el contrario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha opinado que el aval del Constitucional podrá ser legal "pero no es ético".
El TC declara constitucional la ley de amnistía y la amplía a los delitos de los antisoberanistas
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, "trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas".
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha manifestado que el Tribunal Constitucional "del bipartidismo" ha permitido "el mayor acto de corrupción de nuestra historia".
Al revés que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha celebrado que se ponga fin a "este conflicto que se ha alargado innecesariamente demasiado tiempo".
El Gobierno y la Generalitat catalana han destacado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone el final de la crisis política en Cataluña, y han instado al Supremo a aplicársela a todos, mientras que, al contrario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que ha sido "una vergüenza".