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El Gobierno de coalición se ha manifestado en los últimos meses públicamente en contra de los nombramientos en órganos judiciales que ha llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace dos años debido al bloqueo político para su renovación. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces aseguran que están plenamente legitimados para llevarlos a cabo, puesto que la ley no se lo impide expresamente. Ahora, el Ejecutivo les contesta afirmando que estas acciones "adolecen de un vicio en su legitimidad política" y "resultan cuestionables en términos democráticos".
Así se han pronunciado este miércoles fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, que manifiestan que "si bien la imposibilidad para designar a los nuevos vocales aboca a seguir atribuyendo a los anteriores la capacidad para actuar como tales, éstos en la práctica carecen de legitimidad democrática para adoptar decisiones susceptibles de condicionar el funcionamiento del Poder Judicial a medio o largo plazo, lo que resta credibilidad a la propia institución".
En su opinión, al igual que un Poder Ejecutivo en funciones, los actuales vocales, que resultaron elegidos a finales de 2013 por un Parlamento salido de las urnas dos años antes y con mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, "deberían limitar su actividad a lo mínimo imprescindible para el normal funcionamiento del órgano, evitando las cuestiones de calado cuya determinación ya no les corresponde".
Este argumento choca frontalmente con lo que defiende la mayoría de los vocales del CGPJ, ya que consideran que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, y algunos se plantean por qué no se ponen los mismos peros en relación con otras funciones del órgano, como son las disciplinarias. Así lo han reiterado vocales consultados por Europa Press a la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso dirigida a evitar que la institución pueda realizar nombramientos clave en periodo de interinidad.
No todos los vocales opinan igual: los designados en 2013 a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un CGPJ que se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos. En los dos años en que el órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad, los vocales han llevado a término medio centenar de nombramientos discrecionales en órganos judiciales.
Mientras se tramita la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las funciones del CGPJ con mandato cauducado, el órgano podría seguir adelante con los nombramientos que tiene pendientesseguir adelante con los nombramientos que tiene pendientes. Fuentes de la institución explican a este diario que en el corto plazo podrían ver la luz designaciones en las presidencias de varias salas de tribunales superiores de justicia (TSJ) como Asturias, Baleares o León, así como las presidencias de las audiencias provinciales de Cáceres y Cantabria, así como de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Pero el CGPJ también tenía previsto acometer en los próximos meses los procesos para adjudicar siete plazas en el Tribunal Supremo, la mayoría por jubilaciones de magistrados. Se trata, según las fuentes consultadas, de dos plazas en la Sala Primera (de lo Civil), dos en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), otras tantas en la Sala Cuarta (de lo Social) –una de ellas por fallecimiento del titular– y una en la Sala Quinta (de lo Militar). Si la proposición de ley se aprueba en el Congreso y entra en vigor antes de que el órgano de gobierno de los jueces haya finalizado los procedimientos administrativos que son necesarios para adjudicar estas plazas, los nombramientos de los siete magistrados podrían frustrarse.
En todo caso, todos los vocales consultados coinciden en señalar que, antes que emprender ninguna reforma, se debería proceder de una vez a la renovación de este órgano, y si se considera, proceder después a los cambios que se consideren necesarios. Lamentan además que se esté dando una imagen muy negativa del CGPJ, a modo de moneda de cambio en relación con otros asuntos políticos que tienen que ver muy poco con la labor habitual que realiza el órgano.
Obligación ineludible del PP
Bruselas advierte que la nueva reforma del CGPJ debe consultarse con la oposición y pide más información a España
Sobre la falta de acuerdo político para renovar el CGPJ, debido a la negativa del PP a desbloquear la situación –partido que ya ha advertido de que no habrá pacto en los próximos meses–, las fuentes del Gobierno consultadas recuerdan que renovar a los vocales es una "obligación constitucional que opera de forma directa sobre aquellos que tienen encomendada" esta función, esto es, el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos en ambas cámaras. "Acatar el mandato constitucional de renovación supone una obligación ineludible para los representantes del Poder Legislativo, que incurren en una clara dejación de funciones cuando prolongan intencionadamente la situación de excepcionalidad en que se ha instalado el órgano", apuntan.
En este sentido, advierten de que dilatar la renovación "sume a este órgano constitucional" en una "irregularidad" y "resta legitimidad democrática a un Poder Judicial que se ve indefinidamente sometido a un gobierno en funciones". "No cabe duda de la gran trascendencia democrática del CGPJ, razón por la que resulta especialmente grave el hecho de que su legitimación se difunde cuando el mandato de los vocales ha expirado y éstos no son renovados", subrayan.
Además, las citadas fuentes hacen hincapié en que la renovación del CGPJ permitirá abordar "otra de las cuestiones más polémicas en el ámbito judicial", la del "techo de cristal que impide a las mujeres, que son mayoría en la Carrera Judicial, acceder a los puestos de mayor responsabilidad". Ponen el ejemplo del Tribunal Supremo, al que han accedido más mujeres en los últimos siete años que en los 30 anteriores, por lo que opinan que en la medida en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces permita una configuración más paritaria del mismo, "es de prever que la incidencia de las mujeres en los nombramientos de los altos cargos judiciales será mayor".
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