La crisis del coronavirus

Gobiernos e instituciones de la UE refuerzan su lucha contra los bulos como elemento clave para vencer al covid-19

Uno de los muchos bulos que circulan para crear confusión sobre las medidas del Gobierno contra la pandemia.

Fernando Varela

Un bulo es una mentira diseñada para perjudicar a alguien. Y obtener una ventaja. Su proliferación en los últimos años ha sido clave para inclinar la balanza democrática en dilemas políticos de enorme trascendencia, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la victoria del empresario Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. Es, desde hace varios años, un fenómeno bien documentado que forma parte de la estrategia de gobiernos como los de Rusia o China, que dedican ingentes recursos a la fabricación de mentiras, para desestabilizar otros países, así como de organizaciones políticas en busca de seguidores y de supuestos medios de comunicación cuya rentabilidad se basa en anzuelos para hacer clic.

La multiplicación de los bulos aumenta cuando la demanda de información es mayor, lo que explica su virulencia desde que comenzó la pandemia del covid-19. Pero no es un fenómeno español.

La Unión Europa, no sólo los gobiernos de los Estados miembros, lleva desde hace días pidiendo “que los ciudadanos se fíen únicamente de las fuentes autorizadas para obtener información actualizada sobre el brote de covid-19” y eviten “compartir información no verificada procedente de fuentes dudosas”. De hecho, es la Comisión Europea quien, para “combatir la desinformación”, ha puesto en marcha “una estrecha cooperación” con las plataformas en línea. “Estamos animándolas a promocionar las fuentes autorizadas, a degradar los contenidos que hayan sido verificados y resulten ser falsos o engañosos, y a suprimir los contenidos ilícitos que puedan ser perjudiciales para la salud”.

Esa es, precisamente, una de las claves de los que está pasando. Muchos de los bulos que circulan estos días por los teléfonos móviles de los españoles —y de los europeos— tratan de confundir sobre las medidas adoptadas por el gobierno presentando acuerdos falsos o trasladando medidas de salud pública que en realidad son perjudiciales.

La estrategia del Gobierno de España en esta materia es la misma de la UE y de los demás países miembros, pero eso no ha sido obstáculo para que la ultraderecha, una parte de los derecha mediática y hasta el líder del PP, Pablo Casado, acusen a Pedro Sánchez de intentar censurar las redes sociales después de que plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube y hasta el buscador Google hayan tomado medidas para frenar la proliferación de mentiras fabricadas para influir sobre la opinión pública y dificultar la lucha contra la pandemia. También acusan a la Moncloa de intentar limitar la libertad de expresión y el derecho a loa información, apoyándose en una pregunta del CIS y en las instrucciones de la Guardia Civil para perseguir “bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. Sánchez, según Casado, pretende nada más y nada menos que “perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen”.

De poco o nada ha servido que el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, explicase este martes que esa instrucción se refería a todas las “instituciones del Estado” y que “en ningún momento” se planteó para perseguir la “crítica política o de ciudadanos amparados en sus derechos de libertad de expresión o de información”.

Pero no sólo la derecha se ha aferrado a este supuesto dilema entre libertad de información y lucha contra los bulos. El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, dio por hecho que el gobierno pretenden limitar la libertad para luchar contra la desinformación. “Debemos tener siempre presente que este problema no se puede abordar limitando la libertad de expresión. Corresponde, en todo caso, a los tribunales considerar qué bulos son delictivos y, por lo tanto, punibles“ declaró a Europa Press. Incluso la progresista Plataforma en Defensa de la Libertad de Información considera que “la actividad de vigilancia selectiva de las redes sociales” puede “implicar la persecución de contenidos críticos hacia la acción del Gobierno”, aunque ningún medio de comunicación escrito, audiovisual o digital ha reportado el mas mínimo problema a la hora de difundir noticias.

No confundir redes sociales con periodismo

Instituciones como los colegios profesionales de periodistas, que desde hace tiempo funcionan de manera coordinada a la espera de que el Congreso apruebe la preceptiva ley de creación que dará carta de naturaleza al Consejo de Colegios de España, llevan años debatiendo sobe este asunto y tienen claro que el bulo se puede perseguir como se persigue la calumnia o la difamación. “El tema de los bulos entra de lleno en el problema de la llamada autorregulación o en la regulación profesional de la información”, señala uno de sus portavoces, que recuerda cómo en 2010 los colegios de Cataluña y Galicia, además de la Federación de Sindicatos de Periodistas, intentaron promover con ese fin una Ley de Garantías de la Información. En todo caso, sostienen, la circulación de bulos por redes sociales —que no son medios— no tiene nada que ver con el periodismo.“ Que los medios entren en ese debate dice mucho y poco a la vez de ellos”, dice otra fuente del Colegio de Andalucía. Lo que hace falta, concluye, es “invertir en formación y educación y en crear mentes críticas”, así como dar “instrumentos a los periodistas y a los colegios. A lo mejor conseguimos algo a través de la educación y la autorregulación”.

Lo cierto es que Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron a través de un Código de Conducta voluntario en octubre de 2018 a garantizar, por ejemplo, la transparencia sobre la publicidad política, incluida la posibilidad de hacer pública la identidad de los patrocinadores y la cantidad abonada por los anuncios y a diferenciarla claramente de la información.

También aceptaron establecer políticas claras para detectar la identidad y el abuso de los botsbots (programas automatizados que en ocasiones se hacen pasar por usuarios para modificar tendencias globales) en sus servicios en la UE e invertir en medios tecnológicos para priorizar, autentificar y autorizar informaciones en motores de búsquedas o canales de distribución automatizada, según sea apropiado y para bloquear las cuentas falsas.

La pelea contra la desinformación no es una novedad en la Unión. Hace años ya que Bruselas puso en marcha iniciativas como EUvsdisinfo, un proyecto del Servicio Europeo de Acción Exterior que desde 2015 trabaja para dar respuesta a las campañas de desinformación que llegan desde Rusia con el objetivo de “concienciar a la sociedad y ayudar a los ciudadanos a entender, reconocer y saber reaccionar ante campañas de desinformación” y “no caer en la manipulación”.

A finales de 2018 y con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, la Unión Europea aprobó un plan de acción para contrarrestar la desinformación con cuatro objetivos: mejorar las herramientas para detectar la desinformación, impulsar un trabajo conjunto con los países que forman la UE, implicar al sector privado para luchar contra la desinformación y sensibilizar a la sociedad contra este problema.

España no es la excepción en la búsqueda de una estrategia contra la desinformación. Algunos países, como Alemania, lo han vinculado a la lucha contra la ideología del odio. Francia ha ensayado una ley específica. Reino unido debate cómo afrontar el problema. Y tampoco el Gobierno del PSOE ha sido el primero que en España incluye los bulos como un problema de Estado. Ya Dolores Cospedal, entonces ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, promovió en 2017 una ley en esta materia.

Claro que entonces su batalla era contra las mentiras que según ella estaban vertiendo los independentistas a través de redes sociales y medios de comunicación. Por eso llegó a proponer un grupo de trabajo en el Congreso, en el marco de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, para que diputados y editores de medios de comunicación colaborasen en la búsqueda de herramientas con las que hacer frente a “la amenaza de la desinformación contra nuestra democracia”. El grupo en cuestión se constituyó en abril de 2018 pero no llegó a iniciar sus trabajos. La llegada de Margarita Robles a Defensa acabó con la iniciativa de su predecesora.

El PP tampoco tuvo nada que objetar cuando el Gobierno de Sánchez anunció, en marzo de 2019, un Plan de Lucha contra la Desinformación destinado a defender “el elemento reputacional de España vinculado a la crisis territorial en Cataluña”, es decir, a combatir las tesis independentistas en el extranjero.

El intento de contraponer el derecho a la información, protegido por la Constitución, y la lucha contra las mentiras fabricadas para perjudicar a alguien y obtener una ventaja —los bulos— parece haber prendido entre los profesionales. Incluso entre algunos de los más relevantes. Un buen ejemplo es la diferencia de criterio que, en conversación con infoLibre, mantienen dos de los más conocidos.

Controversia periodística

El periodista Iñaki Gabilondo admite que “si se estuviera tratando de neutralizar críticas al Gobierno sería absolutamente escandaloso”, pero “si se trata de neutralizar bulos o identificar autores de bulos, las fuerzas policiales” están en la misma “línea de combate” que prácticamente todas las plataformas en las que prospera la desinformación, de Instagram a Facebook. “Hay un despliegue muy extenso para tratar de atajar la proliferación de los bulos. Y me parece natural que la Policía también participe de eso”, siempre y cuando sus actuaciones acaben en los juzgados y tengan, por tanto, el control de los jueces.

Gabilondo, muy crítico estos días con algunas actuaciones del Ejecutivo, tiene sin embargo pocas dudas acerca de las intenciones del Gobierno. [La derecha] “está acusando como si esta iniciativa tuviera por objeto limitar la critica al Gobierno, pero una cosa es crítica y otra cosa es bulo: las mentiras hechas con la intención de perjudicar. Y la Policía”, remarca, “debe estar permanentemente atenta a los autores de bulos que traten de perjudicar al quien sea. Da igual si es El Corte Inglés, el Athletic de Bilbao, el Gobierno o el sursum corda. “No tiene nada de particular que lo haga la Policía y trate de identificar a quienes los crean”. “Se está organizando un gorigori general como si lo que se estuviera neutralizando fuera la crítica al Gobierno”. Pero “una cosa es crítica y otra es bulo”, insiste.

Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en cambio, no cree que sea una función de la Policía perseguir los bulos, aunque está claramente en contra de su difusión “y prefiere la información que cumple con la deontología profesional y respeta rigurosamente los hechos”.

Admite que, a pesar de la pregunta del CIS, las palabras del general de la Guardia Civil o las limitaciones actuales del Portal de Transparencia del gobierno no se puede “decir que el Gobierno esté intentando controlar la información”. A pesar de lo “sospechoso e inquietante” que le resulta este comportamiento. “No pensamos que haya una ofensiva del Gobierno contra la libertad de prensa, pero es verdad que hay indicios que nos preocupan”.

En todo caso, la persecución policial de los bulos le parece “un terreno peligroso. Puede llevarte a vulnerar los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de información. Es mas valioso preservar la libertad de opinión e incluso de difundir bulos que poner cotas a la libertad de expresión”.

Armada advierte ante el riesgo de que el Gobierno quiera aprobar leyes contra los desinformación, aunque admite que no tiene constancia de esas intenciones. “Hay que extremar la cautela [ante los bulos] pero la solución no es legislar en ese sentido porque corres el riesgo de cargarte la libertad de expresión en nombre de la seguridad o de la información veraz y el respeto a la verdad. El Gobienrno no se puede meter en ese terreno, es un terreno my peligroso”, remarca. RSF está en contra de los bulos, insiste Armada, “pero le gusta menos que aprovechando situaciones excepcionales como la actual pandemia se implanten nuevas cortapisas legislativas o políticas que, como en Hungría, limiten la libertad de prensa”.

Cumbre de la UE: los conflictos de intereses que los 27 prefieren no ver

Cumbre de la UE: los conflictos de intereses que los 27 prefieren no ver

Más sobre este tema
stats